El polémico contrato del alumbrado de Navalcarnero (15M€) también terminó en los tribunales
NAVALCARNERO. Al menos tres importantes y cualificadas empresas del sector energético advirtieron al Ayuntamiento de Navalcarnero,
con mayoría absoluta del Partido Popular, de las dificultades que
encontraban para poder presentarse al concurso de gestión del alumbrado público
si no se ampliaba el plazo para presentar ofertas. Consideraban
imposible hacer sus estudios en el tiempo récord exigido por el Gobierno
de Baltasar Santos. Esta modalidad de contrato, investigado en otros municipios en el marco de la operación Púnica por el pago de comisiones, fue adjudicado finalmente a Elecnor por más de 15 millones de euros,
en unas polémicas circunstancias denunciadas por dos de los partidos de
la oposición (PSOE y PDAP) ante tres organismos públicos de control.
El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, no quiso quedarse atrás a la hora de externalizar el servicio del alumbrado público
de su localidad. Pero el procedimiento utilizado por el regidor dejó
fuera de juego a tres importantes empresas especializadas y cuya
concurrencia fomentaría la competitividad: SICE, Endesa y Urbalux.
Cada uno de los representantes de estas sociedades se puso en contacto con el Ayuntamiento para pedir una ampliación del plazo
para analizar las instalaciones y las soluciones a ofertar, según la
documentación consultada por politicalocal.es. Esta medida, que fue
rechazada por el regidor, favoreció la adjudicación del servicio a la
vasca Elecnor.
La más clara de las misivas enviadas al Ayuntamiento fue la firmada por el representante de Endesa Ingeniería.
“Quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), tal y
como se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
son un plazo insuficiente para que Endesa Ingeniería o
cualquier otra empresa interesada en formar parte del proceso
licitatorio puedan presentar oferta competitiva, habida cuenta de la
magnitud y envergadura de la naturaleza del contrato”, explicaba en un
documento del 26 de junio de 2013. Por su parte, SICE, del grupo ACS, aseguraba que “debido al alcance las instalaciones objeto de licitación”, necesitaba un plazo de 20 días para realizar una inspección
que permita “presentar oferta dando cumplimiento a lo exigido en los
pliegos de condiciones”. Nadie estaba conforme con el plazo establecido
por Navalcarnero para presentar las ofertas.
Ante las peticiones de ampliación las tres sociedades, el departamento de Contratación del Ayuntamiento solicitó un informe a los Servicios Técnicos
Municipales sobre la procedencia o no de modificar el tiempo para
presentar las ofertas. En un recurso interpuesto ante el consistorio, la
oposición (PDAP y PSOE) recuerdan que “en los contratos de obras y
concesión de obras públicas” este plazo será, “como mínimo, de veintiséis días“.
Pero al alcalde Baltasar Santos no le hizo falta esperar al informe
técnico. Notificó a las empresas interesadas que no atenderá a su
solicitud de ampliar el plazo y adjudica el servicio a Elecnor por 844.968,22 euros anuales (más iva) y para un periodo de 15,5 años (dos años y medio menos de lo previsto en la licitación).
Ante tales circunstancias, el PSOE y el PDAP presentaron ante el
Ayuntamiento sendos recursos. El equipo de Baltasar Santos dio traslado
de los mismos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid, al considerar que era de competencia de este
organismo. Pero este se lavó las manos. Devolvía la pelota al
consistorio prácticamente sin entrar en materia, alegando que el
contrato “no superaba la cuantía económica en gastos de primer
establecimiento”, establecida en 500.000 € -en referencia a uno de los
apartados en los que se dividía la adjudicación-.
“Se enviaron nuevos recursos ante el Tribunal de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pero no han contestado”, se queja Juan Santos, de PDAP.
El importante papel del interventor
La colaboración del Interventor municipal contribuyó a aprobar el contrato de gestión de recursos energéticos. Su decisión de informar favorablemente
y certificar la “existencia de crédito” para este procedimiento,
contrasta con otros de sus informes en los que, desde 2011, considera
“desfavorable” la aprobación de cualquier gasto por la situación
económica del Ayuntamiento, con unos ingresos “irreales que hace que en
cada ejercicio se incremente el remanente negativo de Tesorería”.
Por ejemplo, unos meses antes, el mismo interventor informa
“desfavorable” la ampliación del servicio de recogida de residuos
sólidos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines en 94.152,56
euros anuales. Justificaba su decisión en que “en el escenario actual de
mantenimiento de un presupuesto prorrogado con unas previsiones de
ingresos irreales, hace que en cada ejercicio se incremente el remanente
de Tesorería negativo y no se alcance la estabilidad presupuestaria
regulada a tal efecto en el art. 135 de la Constitución y en su
desarrollo en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
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