SERVICIO EXTERIOR
La Audiencia Nacional da la razón a la FSP-UGT y condena a la Administración por vulnerar la libertad sindical del personal laboral del servicio exterior
08-06-2012
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha notificado el viernes, 1
de Junio, sentencia en la que se condena a la Administración General
del Estado por haber vulnerado el derecho a la libertad sindical y a la
negociación colectiva al boicotear y no permitir la celebración de las
elecciones sindicales al personal laboral del Servicio Exterior.
Como se recoge textualmente en la sentencia, “la actitud de la Administración ha obstaculizado reiteradamente la celebración de las elecciones sindicales sin fundamento alguno “.
La misma está redactada en términos muy duros para la Administración y cuyo fallo concluye: “la Administración ha vulnerado la libertad sindical del sindicato UGT, declarando su nulidad radical y condenando a la Administración General del Estado a que abone en concepto de daños morales la cantidad de 6000 euros”.
La Administración y los sindicatos habían pactado en julio de 2011 un procedimiento electoral para celebrar las primeras elecciones en el exterior. Posteriormente la Administración ha impedido que dicho Acuerdo publicado en el BOE se aplicase, al negarse reiteradamente a entregar los censos y a celebrar las elecciones sindicales. Han sido varias las sentencias que ha ido incumpliendo la Administración y que ha culminado con ésta por vulneración de derechos fundamentales.
Para evitar una sentencia condenatoria el Consejo de Ministros publicó una Resolución el 15 de mayo suspendiendo las elecciones. La sentencia de la Audiencia Nacional no entra en la legalidad de esta suspensión ya que la jurisdicción competente es la contencioso - administrativa y este tema se dilucidará en el Tribunal Supremo.
Contra dicha suspensión FSP-UGT ha iniciado el correspondiente proceso judicial por el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales por lo que se espera una sentencia en breve.
El personal laboral del Servicio Exterior del Estado Español asciende a más de 6.000 empleados y es el único reducto a los que sistemáticamente se le ha negado el derecho de representación colectiva tal y como disponen en nuestro país tanto los trabajadores del sector privado como de la Administración Pública.
Como se recoge textualmente en la sentencia, “la actitud de la Administración ha obstaculizado reiteradamente la celebración de las elecciones sindicales sin fundamento alguno “.
La misma está redactada en términos muy duros para la Administración y cuyo fallo concluye: “la Administración ha vulnerado la libertad sindical del sindicato UGT, declarando su nulidad radical y condenando a la Administración General del Estado a que abone en concepto de daños morales la cantidad de 6000 euros”.
La Administración y los sindicatos habían pactado en julio de 2011 un procedimiento electoral para celebrar las primeras elecciones en el exterior. Posteriormente la Administración ha impedido que dicho Acuerdo publicado en el BOE se aplicase, al negarse reiteradamente a entregar los censos y a celebrar las elecciones sindicales. Han sido varias las sentencias que ha ido incumpliendo la Administración y que ha culminado con ésta por vulneración de derechos fundamentales.
Para evitar una sentencia condenatoria el Consejo de Ministros publicó una Resolución el 15 de mayo suspendiendo las elecciones. La sentencia de la Audiencia Nacional no entra en la legalidad de esta suspensión ya que la jurisdicción competente es la contencioso - administrativa y este tema se dilucidará en el Tribunal Supremo.
Contra dicha suspensión FSP-UGT ha iniciado el correspondiente proceso judicial por el procedimiento especial de vulneración de derechos fundamentales por lo que se espera una sentencia en breve.
El personal laboral del Servicio Exterior del Estado Español asciende a más de 6.000 empleados y es el único reducto a los que sistemáticamente se le ha negado el derecho de representación colectiva tal y como disponen en nuestro país tanto los trabajadores del sector privado como de la Administración Pública.
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