Las reformas ‘neocon’ de Wert: ‘educación de desastre’
Se está produciendo una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años fue una causa social, ahora la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad.
Nos cuenta Noami Klein, en su libro La Doctrina del Shock,
que Milton Friedman, gran gurú y líder intelectual del capitalismo de
libre mercado, afirmaba que las inundaciones y la catástrofe provocadas
por el huracán Katrina en 2005 eran una tragedia, pero también “una
oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”:
en lugar de reconstruir y mejorar el sistema de educación pública de
Nueva Orleáns, entregar cheques escolares a las familias, para que estas
pudieran dirigirse a escuelas privadas. La Administración de George W.
Bush apoyó sus planes y en menos de 19 meses, en contraste con la
parálisis con que se repararon los diques, las escuelas públicas de
Nueva Orleans fueron sustituidas casi en su totalidad por una red de escuelas chárter,
escuelas originalmente creadas y construidas por el Estado que pasaron a
ser gestionadas por empresas privadas según sus propias reglas. De 123
escuelas públicas, sólo quedaron cuatro. Los maestros y las maestras de
la ciudad fueron despedidos. Algunos de los profesores más jóvenes
volvieron a trabajar para las escuelas chárter, con salarios reducidos. La mayoría no recuperaron sus empleos.
Estos
ataques organizados contra los servicios públicos, aprovechando crisis
provocadas para generar “tales oportunidades de negocio”, es lo que
Klein denomina capitalismo del desastre.
En España, el PP está aprovechando la “oportunidad” de la crisis para
consolidar el saqueo de la educación pública, siguiendo las propuestas
de Friedman de actuar con rapidez, para imponer los cambios rápida e
irreversiblemente. Estimaba que una administración disfruta de seis a
nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes
generando un estado de shocken
la población que facilite el “tratamiento de choque” del programa de
ajuste. Aprovechar momentos de trauma colectivo para dar el pistoletazo
de salida a reformas económicas y sociales de corte radical, pues se
tiende a aceptar esos “tratamientos de choque” creyendo en la promesa de
que salvarán de mayores desastres.
El ministro Wert ha iniciado así una educación de desastre que
apunta de forma persistente a recortar la extensión del derecho a la
educación pública para toda la ciudadanía. Apuesta, como dice el
profesor Viñao, por la exclusión de una cierta parte de quienes han sido
incluidos, en el último medio siglo, en el proceso de escolarización
creciente de la población. Mediante estrategias que están siendo
reforzadas: el endurecimiento de las exigencias para promocionar,
fortaleciendo así el carácter selectivo, incluso en los niveles
obligatorios; la consolidación de itinerarios o ramas paralelas a edades
cada vez más tempranas; la segregación en forma de grupos de clase
según capacidades; el establecimiento de diferenciaciones competitivas
relevantes entre centros docentes de un mismo nivel, etapa o ciclo
obligatorio ―centros de excelencia, bilingües, etc.
Estrategias
que se ven acompañadas simultáneamente de la reformulación del
principio de gratuidad, mediante la extensión de los conciertos o
subvenciones a la enseñanza privada, la implantación de los cheques o
bonos escolares, introduciendo sistemas de re-pago, aduciendo que es
necesario asumir la “responsabilidad” del coste real de la educación.
Por
otra parte, se busca también consolidar y aumentar la diferenciación de
las dos redes de educación. El sector público centrado en atender a
quienes sean rechazados por el sector privado o no hallen acomodo en el
mismo, y dar servicio en aquellas zonas, como las rurales, que no son
rentables para la iniciativa privada. Permanecerá así la Educación
Pública como una red subsidiaria de la privada, de cuya financiación se
desentienden progresivamente el Estado y las Comunidades Autónomas, con
progresivos recortes: reduciendo el número de profesorado e
incrementando el número de alumnado por profesor, las horas lectivas del
profesorado; la desaparición o reducción de programas de refuerzo o
apoyo, desdobles y atención a la diversidad, tutorías, módulos de
formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas
para adquisición de libros de texto, comedores y actividades
extraescolares, etc. Recortes acompañados, ante la oposición de la
comunidad educativa, de una campaña de criminalización de toda protesta y
de descrédito del profesorado y de los sindicatos.
Mientras,
se fomenta el proceso de privatización educativa, mediante la cesión de
suelo público o la adjudicación directa a empresas de la explotación de
centros públicos; la creación de zonas únicas de escolarización
(eliminando el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de
todo el alumnado a la hora de la matriculación), la ampliación de los
criterios de los centros concertados para seleccionar a su alumnado, el
establecimiento de mecanismos para financiar públicamente más tramos de
la enseñanza privada como la educación no obligatoria (la concertación
de todo el Bachillerato) o las desgravaciones fiscales para quienes
lleven a sus hijos e hijas a colegios privados.
En paralelo se extienden medidas de privatización de la red pública mediante la introducción de técnicas de gestión de la empresa privada en
la dirección y organización de los centros educativos, con sus
indicadores de resultados medibles, lo cual permite establecer sistemas
de “rendición de cuentas” y "rankings comparativos”,
así como la gestión “flexible” desde la dirección/gerencia de los
“recursos humanos” (facilitado con la actual reforma laboral) o el
establecimiento de fórmulas contractuales (contratos-programa) de
“gestión por objetivos” y “pago por resultados” para la financiación y
sostenimiento de los centros (dar más a las escuelas o al profesorado
que mejores resultados académicos obtienen).Medidas de comercialización que
avanzan en la utilización de los centros por empresas privadas que
llevan a cabo actividades lucrativas complementarias en horario escolar o
fuera del mismo; el fomento de la financiación externa (publicidad,
alquiler de locales, patrocinio privado, máquinas expendedoras de
productos, etc.) que convierten al centro docente en un espacio más
comercial que educativo; la externalización o subcontratación de
actividades extraescolares, comedores, formación del profesorado, la
evaluación de los centros, etc.
Se
está produciendo así una mutación en la concepción del derecho a la
educación: si durante años la educación fue una causa social, ahora la
conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de
su competitividad. La formación y el conocimiento se convierten en un
bien privado, en una ventaja competitiva para insertarse en el futuro
mercado laboral. Las nociones de igualdad, emancipación y democracia han
sido remplazadas por un discurso de excelencia, autonomía financiera y
reducción de costes.
Debemos
combatir este nuevo neoconservadurismo desigualitario que nos inunda,
reclamando un sistema público de educación inclusiva que garantice el
derecho a la educación de todos y todas, que cubra la necesidades de
plazas escolares de todo el conjunto de la población y con la suficiente
calidad en cada centro para que toda la población pueda recibir el
máximo posible de oportunidades en su aprendizaje y desarrollo personal y
profesional.
Todo
esto no es posible con el brutal recorte de los Presupuestos en
Educación al que estamos asistiendo a nivel estatal y autonómico de la
mano de los últimos gobiernos. En cualquier caso es imprescindible que
se garantice la suficiencia de recursos para afrontar las medidas
planteadas, asegurando alcanzar el 7% del PIB en gasto público
educativo. Sólo así se podrá hacer realidad la mejora del sistema
educativo y el derecho universal a una educación de calidad en
condiciones de igualdad.
Ahora,
más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia
en la defensa de lo público como garante de nuestros derechos sociales. Y
en ese empeño, debemos construir colectivamente un discurso sólidamente
fundamentado que se contraponga y contrarreste el lenguaje neorwelliano
dominante de PP, que con su ambigua retórica (libre elección de centro,
gobernanza…) oculta intereses neoliberales puramente mercantilistas,
buscando convertir este derecho en una oportunidad de negocio (mueve dos
billones de euros anuales a nivel mundial, según datos de la UNESCO), a
la vez que perpetúa un modelo social neoconservador segregador y
excluyente, que refuerza los aspectos más autoritarios, competitivos,
academicistas y religioso-confesionales.
Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas. Educación o barbarie, no hay neutralidad posible.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León
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