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COMO LA DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS

Arnaiz diseña desde el Consistorio operaciones urbanísticas para sus empresas opacas

Leopoldo Arnaiz (UFV).

Leopoldo Arnaiz, el arquitecto asesor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, diseña desde el consistorio madrileño operaciones urbanísticas para su red de empresas pantalla. El urbanista municipal, que cobró del Santander a través de un testaferro en el caso de la Ciudad Financiera, se ha especializado en trabajar simultáneamente para decenas de ayuntamientos y para sí mismo a través de una trama de 33 empresas encabezadas por socios y testaferros. En Boadilla ha hecho varias de estas operaciones.

Una de ellas es el caso del palacio del Infante don Luis. El Ayuntamiento de Boadilla firmó en julio de 1998 un convenio urbanístico con el propietario del palacio, Enrique Rúspoli. El consistorio adquiría el palacio, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, y siete hectáreas de terreno a cambio de 2.000 millones de pesetas (doce millones de euros). El propietario recibiría 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) en metálico y el resto en fincas municipales con un aprovechamiento urbanístico fijado.

El estudio de Leopoldo Arnaiz estaba contratado por el Ayuntamiento de Boadilla desde dos años antes como consultor y asistente técnico para todos los trabajos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, fue Arnaiz quien elaboró el convenio urbanístico y lo envió al ayuntamiento para su aprobación, tal y como demuestran los faxes a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Tras la ejecución del convenio urbanístico y según datos del Registro de la Propiedad, el 5 de octubre de 1999, Enrique Rúspoli vendió las cuatro fincas que le había entregado el ayuntamiento a cambio de su palacio, así como el aprovechamiento urbanístico de las mismas. El comprador fue la sociedad Valle del Duero. Oficialmente, se trataba de una promotora burgalesa. Pero en realidad el 52% de las acciones de esta firma pertenecen a Gamadortiz e Inmotexter, dos de las 33 empresas de la estructura creada por Leopoldo Arnaiz usando distintos testaferros (la valoración más conservadora de la trama empresarial supera los 500 millones de euros en suelo y otros inmuebles). La venta de las parcelas se firmó en la misma notaría madrileña que Arnaiz usó para constituir su trama inmobiliaria (el arquitecto y sus testaferros también firmaron transmisiones de empresas en dos notaría de Londres). Es decir, Arnaiz diseñó un convenio desde su puesto de asesor del Ayuntamiento, incluyendo las valoraciones, según fuentes municipales, y, por detrás, compró el resultado de ese convenio.

Una denuncia de una antigua socia del arquitecto que está tramitando el Juzgado Mercantil Mercantil número 4 de Madrid detalla la estructura de la trama, cuya titularidad Leopoldo Arnaiz reconoce. El abogado de la denunciante aseguró en la audiencia previa que el motivo de no figurar en estas operaciones es que “Leopoldo Arnaiz es redactor de los planes urbanísticos de muchas localidades de la Comunidad de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de sus empresas y él no puede aparecer como socio por incompatibilidad y para eso busca testaferros”. El urbanista siempre ha defendido que lo que hace es legal y que usa “empleados” al frente de sus empresas para no llamar la atención, aunque está imputado en dos juzgados por distintos delitos. Arnaiz tiene una veintena de empresas en las que sí figura oficialmente, pero con las que no opera en negocios urbanísticos que pueden generar polémica.

Concluida la operación del palacio, que recientemente fue noticia por su cesión ilegal a la SGAE, los tribunales anularon el Plan General de Boadilla y, por lo tanto, también el convenio de venta del inmueble. En mayo de 2003 el entonces alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, presentó un nuevo convenio para evitar que Rúspoli tuviera que devolver las fincas municipales. El problema era enorme, pues Rúspoli ya había vendido el suelo a las empresas de Arnaiz.

El encargado de elaborar ese nuevo convenio fue el propio Arnaiz, con la particularidad de que él era el dueño de las fincas resultantes de ese convenio. En un fax con fecha 20 de mayo de 2003, que obra en poder de este diario, los abogados de Enrique Rúspoli, el despacho Ramón&Cajal, le comunicaron al secretario del Ayuntamiento madrileño, Manuel Acosta, que los últimos flecos de la operación están “negociándose entre D. Enrique Rúspoli y D. Leopoldo Arnaiz”.

Todos los trabajos que realiza Arnaiz son después aprobados por el ayuntamiento madrileño, en manos del PP. El arquitecto ha declinado hacer cualquier tipo de declaración a El Confidencial.

Operación Cortijo Sur

El 30 de enero de 2004 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial 6.1. Cortijo Sur: 717.000 metros cuadrados, repartidos en unas 400 parcelas para construir unifamiliares. Cuatro empresas habían solicitado la citada recalificación: Valle del Duero, Gamadortiz, Construcciones Aragón Izquierdo e Inmobiliaria Maidan. Las dos primeras pertenecen al entramado empresarial del arquitecto y las otras dos, a sus socios.

El arquitecto, como redactor del PGOU de Boadilla del Monte, contratado por el ayuntamiento, tuvo que supervisar el plan parcial entregado por las citadas empresas para que encajara en el plan general. Además, su despacho también fue contratado por los propietarios del suelo –la junta de compensación- para la elaboración de los planes que se presentan en el ayuntamiento.

Otra de las empresas de la trama de Leopoldo Arnaiz, Beltraex, que alquila un edificio al Banco Santander, tiene parcelas en distintos sectores de Boadilla del Monte, cuyas actuaciones urbanísticas controla el propio Arnaiz contratado por el ayuntamiento, organismo responsable de aprobar las “sugerencias” del consultor Arnaiz. El urbanista consigue contratos municipales presentando ofertas por debajo de mercado, ya que su negocio está en conocer y trabajar para quienes tienen intereses en el urbanismo del municipio en cuestión o, directamente, operar con sus promotoras, encabezadas por socios o testaferros. Ser el autor de los planes urbanísticos municipales –o de las modificaciones- de más de 60 municipios en toda España le da una gran ventaja para sus intereses privados.