JOSÉ MANUEL NAREDO
El afán de hacer caja vendiendo patrimonio no augura un futuro muy
prometedor para quienes lo practican. Sin embargo, es lo que viene
haciendo el Estado español en los últimos lustros, arrastrado por la
fiebre privatizadora de sus gobernantes. Las privatizaciones se han
acordado, tanto en momentos de auge como de declive económico, por
gobiernos socialistas y populares que mostraron en este empeño un
continuismo digno de mejor causa, al verse espoleados por los mismos
intereses dominantes, siempre deseosos de parasitar y/o privatizar lo
público. Se fueron así desmantelando y vendiendo un sinnúmero de
empresas e instituciones públicas nacidas para fomentar la actividad o
suplir las carencias de la iniciativa privada en la industria, la
agricultura, la banca o determinados servicios, como el abastecimiento
de agua, los transportes, las comunicaciones… o la vivienda social. Y
cuando el proceso privatizador parecía ya haber culminado con la venta
de las llamadas “joyas de la corona” (Argentaria, Telefónica, Endesa,
Tabacalera y Repsol), ha vuelto con renovado ahínco para privatizar
desde Aena y las cajas de ahorros hasta el Canal de Isabel II.
Ahora se justifican engañosamente las privatizaciones como medidas de
emergencia para “tranquilizar a los mercados” y facilitar la “salida de
la crisis”. Se olvida que los analistas de la deuda no sólo miran los
ingresos, sino también el patrimonio que muestra en el balance la
solvencia de las entidades. Y que estas privatizaciones de emergencia,
realizadas generalmente a precio de saldo, suponen pan para hoy y hambre
para mañana. Sobre todo cuando, tras sanear el pastel con dinero
público, se trocea para vender sus partes más suculentas, quedándose el
Estado con los descartes que los compradores privados no quieren. Así,
mientras los aeropuertos y las cajas con más margen de negocio se
privatizarán, la existencia del resto quedará a expensas de los
contribuyentes de un Estado cada vez más escuálido al que sólo le queda
por privatizar poco más que las loterías. ¿Se acabará cediendo también
este jugoso instrumento recaudatorio a manos privadas sin exigir, como
hasta ahora, responsabilidades a quienes decretan semejante saqueo de lo
público?
José Manuel Naredo es economista y estadístico
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