¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?
Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja
Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno
reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un
mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas,
porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no
estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.
Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte
medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que
vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas
neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar
reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la
fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de
reducción del déficit —con la correspondiente disminución de
presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y
privatizaciones.
Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo
color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación
de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de
la clase trabajadora.
El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las
empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se
venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino
porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz,
combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está
asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a
mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es
continuado por los gobiernos del PP.
El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la
sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio
de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria
farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a
dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era
planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública.
El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco
ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente
a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.
En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud.
El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a
Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y
vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía
para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la
introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los
medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe
fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus
conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas,
antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo
suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus
propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió a la privatización —“externalización”— de servicios
hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias,
etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad
privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable),
radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de
los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por
constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de
plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente
responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias,
con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto
hospitalario[1].
En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97
de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa
privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue
votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.
La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos
autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de
izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo
ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en
tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio
privado.
Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de
gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel
como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el
Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando
parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el
correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos
públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o
Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital
riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a
ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública
La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales
es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses
en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs,
propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis
clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio
Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de
Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en
Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión
privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como
jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud,
empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.
Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las
filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que
gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de
ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.
El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia
necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos,
es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta
una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la
vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el
coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:
- Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
- Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
- Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
- Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
- Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja
utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales
para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del
personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son
determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y
que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de
objetivos de disminución del gasto.
La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal
incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que
se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la
reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus
propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente
decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña
salvajada culmine.
Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto
en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de
colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la
ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es
decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes
objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y
devolución a manos públicas todo lo privatizado.
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