se la suda...
La fórmula del éxito para optar a contratos públicos: oferta a la baja y recorte de empleo
Medio millón de empleos en empresas privadas cuya continuidad
depende de la subcontratación con administraciones públicas pierden
entre el 10% y el 15% de sus ingresos
ERE y negociación a la baja
de salarios y al alza de jornadas de trabajo se convierten en moneda
común antes y después de los procesos de licitación de los servicios
públicos
Los servicios de limpieza municipales han sufrido con especial dureza las ofertas a la baja de las empresas.
Ferrovial ha alcanzado la pasada semana un acuerdo con
los sindicatos para despedir al 11% de la plantilla y para rebajar los
sueldos del resto de trabajadores un 5,25%. Las medidas se han adoptado
tras conseguir en 2013 el contrato del servicio a bordo de los trenes
AVE de Renfe. La empresa de infraestructuras justifica este severo
ajuste por el cambio del “modelo del tipo de catering en el tren”.
Iberia, Globalia y otras seis empresas fuerzan bajadas salariales del
20% al 34% y el aumento discontinuo de jornada del 2,5% entre sus
empleados de servicios aeroportuarios. Estas medidas de precarización
fueron presentadas en marzo último como “imprescindibles” con el
objetivo de poder “articular ofertas competitivas” en la competición por
conseguir alguna de las 22 licencias de handling en los concursos
lanzados por Aena para los aeropuertos pequeños de su red.
El Ayuntamiento de Madrid ahorra desde noviembre de 2013 el 16% de su
presupuesto en la contratación de servicios de limpieza de la ciudad.
Este “logro en la eficacia de la gestión municipal”, en palabras de la
alcaldesa Ana Botella, se ha conseguido tras licitar con compañías que,
“para poder competir”, han destruido 600 empleos, han rebajado sueldos
un 40% y aumentado el 14% la jornada laboral del resto de sus
plantillas.
La liberalización de 12 torres de
control de aeropuertos de Aena que se adjudicaron a las empresas Saerco y
Ferronat han provocado una rebaja del 50% del salario bruto de los
nuevos controladores contratados en comparación con los profesionales
que prestaban servicio con anterioridad. De unos ingresos de 62.000
euros anuales se ha pasado a 30.000 euros por empleado.
Los ejemplos anteriores son solo una pequeña muestra. Las empresas que
acuden a los concursos de subcontratación de servicios que convocan
organismos y compañías del sector público han encontrado la fórmula
mágica para presentar ofertas imbatibles a la baja, sin perder su margen
de beneficio. Consiste en, antes o después de la licitación, forzar un
conflicto con su plantilla a través del lanzamiento de ERE que,
invariablemente se resuelvan con despidos, rebajas salariales y aumentos
de jornada de trabajo.
Ahora prácticamente todas las
administraciones, local, autonómica y estatal, y las empresas públicas
se han abrochado el cinturón y exigen precios más ajustados a sus
licitadores.
Competir con lo peor del sector privado
En tiempos que no están tan alejados, contratar con la Administración
parecía sinónimo de garantía y seguridad, explican representantes
sindicales de UGT, USCA y CSIF en algunas de las empresas citadas. Hoy
las prácticas de los directivos que controlan las empresas privadas
suministradoras de los servicios se han instalado también entre los
gestores de lo público. Así, los pliegos de condiciones de los concursos
de licitación incluyen cláusulas que “amparan y promueven prácticas que
compiten con las peores de las compañías privadas”, subrayan fuentes
sindicales.
Los empleados que tienen contrato directo
con el Estado, según datos del Registro Central de las
Administraciones, son 3,1 millones. Las plantillas de las empresas
públicas rozan los 250.000, según la Encuesta de Población Activa, quien
sitúa el colectivo de trabajadores de los sectores de servicios en
España en una cifra de 13 millones.
Aunque no hay un
censo de personal que depende de la subcontratación de servicios por la
vía de los concursos o las licitaciones públicas, los sindicatos estiman
que ronda el medio millón de personas y que su salario se ha visto
recordado en los últimos años entre el 10% y el 15%.
En la época de vacas gordas, se debatió la posibilidad de que las
Administraciones Públicas se dotaran de un marco de contratación pública
responsable que pusiera coto a las malas prácticas de las empresas
adjudicatarias. Sin embargo, la crisis ha relegado este debate y los
oferentes públicos ya solo miran el precio más bajo de la oferta para
otorgar una concesión. Así se dan casos como el teléfono de atención a mujeres víctimas de violencia de género, el 016, o de la atención de la Agencia Tributaria que han sido concedidos a empresas con un largo historial de malas prácticas con sus empleados.
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