El PSOE califica de “fiasco y engañifa” el servicio provincial de recogida de basuras
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| Y de este consorcio no hablamos ¿verdad? tiempo al tiempo |
La
portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara, María
Antonia Pérez León, ha calificado de “fiasco y engañifa” el servicio
provincial de recogida de basuras promovido por el Equipo de Gobierno
del PP. “Es un proyecto que empezó mal y se ha desarrollado peor porque
no ha logrado la confianza de los municipios”, ha señalado.
Según ha explicado Pérez León, este es el resultado de la “falta de
transparencia y de diálogo” con los propios ayuntamientos a los que iba
dirigido. “En vez de ir de la mano, han tratado de imponerlo, y este
intento de intervención manu militari se ha saldado con un resultado tan
pobre que debería ser replanteado desde el principio”, ha asegurado.
Por ello, se ha preguntado a qué obedecen las prisas de la presidenta de
la Diputación, Ana Guarinos, por llevarlo adelante cuando carece de los
mínimos apoyos necesarios, y ha pedido que dé marcha atrás para empezar
de nuevo con un respaldo más amplio.
La evidencia más palpable del fracaso es que la propia Guarinos ha
tenido que reconocer que solo 65 de los 288 ayuntamientos de la
provincia –apenas uno de cada cinco– han manifestado algún interés en
sumarse al proyecto. Entre todos, suman poco más de 17.000 habitantes,
que representan tan solo el 6% de la población de Guadalajara. “Esa es
la medida de lo que este proyecto representa”, ha señalado Pérez León.
De hecho, esta cifra ni siquiera es real porque una veintena de ellos
tienen adjudicado el servicio durante varios años y no podrán
incorporarse de manera inmediata. Por tanto, solo podrían hacerlo 43, de
los que habría que descontar al menos 15 que habían supeditado su
adhesión a una serie de requisitos. Ayer mismo, ocho de ellos
presentaron un escrito solicitando formalmente ser excluidos por
incumplimiento de las condiciones exigidas a la Diputación. Además, hay
otros cinco ayuntamientos de los que ni siquiera consta el acuerdo de
adhesión y uno más que ha manifestado expresamente su desacuerdo con la
incorporación.
Descontados todo ellos, el proyecto arrancaría con menos de una
treintena de municipios, un 10% del total de la provincia, y menos del
3% de la población. “Para un proyecto que pretendía aplicar economías de
escala, no podía darse un escenario peor”, ha recalcado la portavoz
socialista.
Con todo, la prueba definitiva del fracaso del proyecto es que ni
siquiera ha convencido a los propios miembros del Equipo de Gobierno de
Guarinos. Tan solo se han sumado tres de los pueblos a los que
pertenecen los 13 diputados, y entre ellos ni siquiera está Peñalver,
municipio del que es alcalde el diputado que firma la propuesta. Tampoco
está capital, donde son concejales la propia presidenta y el
vicepresidente, Lorenzo Robisco, ni los municipios más poblados del
Corredor del Henares, y solo hay un municipio con más de 3.000
habitantes, que es Brihuega. No están Sigüenza ni Molina de Aragón,
cabeceras de importantes comarcas de la provincia.
La falta de confianza no extraña, a la vista de la nula transparencia
del proceso. El estudio económico que sustenta el proyecto ha sido
encargado a una empresa externa y no ha sido respaldado por ningún
técnico de la Diputación. Este estudio no consta entre la documentación
facilitada al Grupo Socialista, aunque lo ha solicitado incluso por
escrito. Tampoco aparecen los escritos remitidos desde el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, ni se han firmado convenios con
los ayuntamientos que ha optado por adherirse al servicio, pese a que
era un requisito planteado por la propia Diputación.
Por último, Pérez León ha destacado que existen numerosas anomalías
en la documentación facilitada por el PP. Así, la Diputación se
compromete a ceder a la empresa adjudicataria del servicio provincial de
recogida de basuras un vehículo que es propiedad del Consorcio de
Residuos. De este modo, Guarinos está disponiendo de unos medios que ni
siquiera son de la Diputación.
Igualmente, el Grupo Socialista ha podido comprobar que existen
significativas diferencias de costes entre la oferta planteada
inicialmente a los ayuntamientos y la que figura ahora en el expediente
aprobado en pleno. Por ejemplo, mientras Brihuega había aprobado una
previsión de gasto de poco más de 63.000 euros, ahora se le reclaman más
de 76.000, un 20% de incremento.
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