marzo de 2015.
'El urbanista del PP' sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que controla Génova.
'El urbanista del PP' sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que controla Génova.
San Agustín de Guadalix, municipio del norte de
Madrid, ha adjudicado una concesión para construir un centro deportivo de pádel
y raqueta por más de 6 millones de euros, que será edificado por una empresa
socia de Leopoldo Arnaiz, doblemente imputado y destino habitual de
adjudicaciones con consistorios conservadores.
Leopoldo Arnaiz, urbanista de referencia del PP.- ÁNGEL
NAVARRETE
ALEJANDRO TORRÚS
MADRID.- El urbanista preferido del Partido Popular, Leopoldo
Arnaiz, sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que gobierna el
partido en la Comunidad de Madrid. A la larga lista de adjudicaciones recibidas
por consistorios conservadores, que incluye municipios como Boadilla del Monte,
Colmenar Viejo o Soto del Real, se suma ahora San Agustín de Guadalix. Poco o
nada importa que el empresario y arquitecto esté acusado de blanqueo de
capitales en el juzgado número 35 de Madrid; que esté imputado por estafa
e incumplimiento de contrato en el número 8 tras no saldar una deuda
de 8,7 millones con una exsocia; y que un informe de la Unidad de Delitos
Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía vinculara al empresario con la
trama delictiva de Gürtel. Todo da igual. Es el urbanista de referencia.
Esta vez ha sido el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, gobernado por el Partido Popular con una holgada mayoría absoluta, el que ha concedido una adjudicación por valor de 6.179.861,78 euros para la construcción de un espacio deportivo de pádel, centro comercial incluido, y su posterior explotación. La empresa que se encargará de construir este complejo, según la documentación aportada al Pleno del Ayuntamiento para aprobar el contrato de concesión, es Terralia Construcciones, S.A., sociedad cuyo administrador único fue Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, que contactados por este medio aseguran que Terralia es "sólo un partner" y rechazan realizar cualquier tipo de valoración sobre esta adjudicación aunque advierten de que la noticia, una vez publicada, será evaluada "por el equipo jurídico de la compañía".
Esta vez ha sido el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, gobernado por el Partido Popular con una holgada mayoría absoluta, el que ha concedido una adjudicación por valor de 6.179.861,78 euros para la construcción de un espacio deportivo de pádel, centro comercial incluido, y su posterior explotación. La empresa que se encargará de construir este complejo, según la documentación aportada al Pleno del Ayuntamiento para aprobar el contrato de concesión, es Terralia Construcciones, S.A., sociedad cuyo administrador único fue Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, que contactados por este medio aseguran que Terralia es "sólo un partner" y rechazan realizar cualquier tipo de valoración sobre esta adjudicación aunque advierten de que la noticia, una vez publicada, será evaluada "por el equipo jurídico de la compañía".
Arnaiz es responsable del diseño de los desarrollos
urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid
De esta manera, la adjudicación de una proyecto de más
de 6 millones de euros para el diseño y construcción de estas
instalaciones deportivas en San Agustín de Guadalix puede repercutir en el
entorno empresarial de Leopoldo Arnaiz, de quien fuentes políticas han llegado
a señalar que "tiene más poder que el mismo Francisco Correa"
y que "el tiempo lo demostrará". Prueba de ello, aseguran estas
fuentes, es que Arnaiz es responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40
municipios de la Comunidad de Madrid y controla una amplia red de
empresas y testaferros que han realizado negocios urbanísticos en esos
ayuntamientos.
El negocio ha llegado a Terralia Construcciones, S.A. a través de la empresa adjudicataria Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix S.L, una empresa sin trabajadores que se constituyó el 30 de julio de 2014, justo un día después de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix presentara las condiciones del pliego para optar al concurso y un día antes de que las bases del concurso fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
El negocio ha llegado a Terralia Construcciones, S.A. a través de la empresa adjudicataria Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix S.L, una empresa sin trabajadores que se constituyó el 30 de julio de 2014, justo un día después de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix presentara las condiciones del pliego para optar al concurso y un día antes de que las bases del concurso fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
A pesar de la reciente constitución de Ocio y Deporte de San
Agustín del Guadalix y, por tanto, del incumplimiento de los pliegos del
concurso que exigían "obras ejecutadas en los últimos cinco años",
"trabajos realizados en servicios deportivos en los últimos tres
años" o "técnicos o unidades técnicas de ejecución de
obras", entre otros requisitos, el despacho de arquitectos Cervera y
Pioz S.L. otorgó a la oferta presentada por Ocio y Deporte de San Agustín del
Guadalix una calificación de 100 sobre 100 mientras que la otra
empresa que competía, Aira Wellnes, se tuvo que conformar con una nota
de 33.89 sobre 100.
La empresa adjudicataria se constituyó un día después de
que el Ayuntamiento de San Agustín presentara las condiciones del pliego
para optar al concurso
"Lo único que puedo decir es que la oferta que
presentamos aportaba la solvencia técnica de Aira Wellness y su experiencia en
el sector, que es lo que exigía el concurso. Sin entrar en el fondo de la
cuestión, parece que una empresa de reciente creación carece de los criterios
necesarios para poder garantizar solvencia técnica", explica a Público
Luis Muñoz, que ha sido el responsable de llevar la participación en el
concurso de la empresa perdedora en este caso: Aira Wellness.
El informe técnico del despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. levantó, de inmediato, sospechas entre los concejales del PSOE de San Agustín de Guadalix, que preguntaron si este informe había sido avalado por los técnicos arquitectos del Ayuntamiento. El Consistorio alegó, entonces, que el tema era demasiado complejo para la capacidad de valoración de los técnicos. Posteriormente, la oposición al completo pidió la anulación de la adjudicación ya que en el proceso se habían producido "gravísimas anomalías y errores" por lo que solicitaba la exclusión del concurso de las dos empresas concurrentes.
"No es concebible desde la sensatez y el sentido común que una empresa constituida un día después del anuncio en el BOCM de la licitación, sin personal contratado, sin administrativos que le pudieran preparar documentación ni para el concurso, sin capital, con apenas 4.000 euros, sin experiencia propia en el sector, pueda hacerse cargo de un proyecto de construcción de dos complejos deportivos, con parking, centro comercial, piscina cubierta-fitnes y centro de raqueta y padel y además de su explotación", asegura en declaraciones a Público Carmen Timon, concejal del PSOE en la localidad.
Sin avales
Las dudas sobre el proceso se incrementaron en la oposición cuando la empresa adjudicataria fue incapaz de presentar los avales necesarios para demostrar que tiene el suficiente músculo financiero para acometer un encargo que supera los 6 millones de euros. De hecho, fue Terralia S.A., la constructora cercana a Arnaiz, quien aportó en primera instancia los avales necesarios aunque, tras la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo, Ocio y Deporte San Agustín S.L. consiguió un aval del Banco Popular.
La punta del iceberg
Fue la aparición de David Encinar como administrador único de la empresa adjudicataria el primer indicador que hizo saltar las alarmas de la oposición en este caso. El nombre de David Encinar apareció en la declaración judicial que realizó el expolicía implicado en el caso de los GAL José Amedo Fouce. Según su testimonio en sede judicial, Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo, con la ayuda de David Encinar, que facilitó los datos, intentaron utilizar a Amedo para cobrar una deuda de 1,8 millones de euros contraída por Alfonso García, dueño de Constructora Hispánica. De telón de fondo de esta historia se encontraba el 'caso Gürtel'.
El informe técnico del despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. levantó, de inmediato, sospechas entre los concejales del PSOE de San Agustín de Guadalix, que preguntaron si este informe había sido avalado por los técnicos arquitectos del Ayuntamiento. El Consistorio alegó, entonces, que el tema era demasiado complejo para la capacidad de valoración de los técnicos. Posteriormente, la oposición al completo pidió la anulación de la adjudicación ya que en el proceso se habían producido "gravísimas anomalías y errores" por lo que solicitaba la exclusión del concurso de las dos empresas concurrentes.
"No es concebible desde la sensatez y el sentido común que una empresa constituida un día después del anuncio en el BOCM de la licitación, sin personal contratado, sin administrativos que le pudieran preparar documentación ni para el concurso, sin capital, con apenas 4.000 euros, sin experiencia propia en el sector, pueda hacerse cargo de un proyecto de construcción de dos complejos deportivos, con parking, centro comercial, piscina cubierta-fitnes y centro de raqueta y padel y además de su explotación", asegura en declaraciones a Público Carmen Timon, concejal del PSOE en la localidad.
Sin avales
Las dudas sobre el proceso se incrementaron en la oposición cuando la empresa adjudicataria fue incapaz de presentar los avales necesarios para demostrar que tiene el suficiente músculo financiero para acometer un encargo que supera los 6 millones de euros. De hecho, fue Terralia S.A., la constructora cercana a Arnaiz, quien aportó en primera instancia los avales necesarios aunque, tras la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo, Ocio y Deporte San Agustín S.L. consiguió un aval del Banco Popular.
La punta del iceberg
Fue la aparición de David Encinar como administrador único de la empresa adjudicataria el primer indicador que hizo saltar las alarmas de la oposición en este caso. El nombre de David Encinar apareció en la declaración judicial que realizó el expolicía implicado en el caso de los GAL José Amedo Fouce. Según su testimonio en sede judicial, Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo, con la ayuda de David Encinar, que facilitó los datos, intentaron utilizar a Amedo para cobrar una deuda de 1,8 millones de euros contraída por Alfonso García, dueño de Constructora Hispánica. De telón de fondo de esta historia se encontraba el 'caso Gürtel'.
Leopoldo Arnaiz declaró en 2003 durante cinco horas en la
comisión de investigación del conocido como 'Tamayazo'
El empresario Leopoldo Arnaiz comenzó a estar bajo los
focos de la opinión pública en 2003 tras declarar durante cinco horas en la
comisión de investigación del conocido como 'Tamayazo', que significó la espantada de dos diputados socialistas,
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidiendo la investidura de Rafael
Simancas en 2003, y a la postre, abriendo el camino a Esperanza
Aguirre. Entonces, Arnaiz fue absuelto tras explicar sus vínculos con los
constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, quienes hospedaron a Tamayo
y Sáez durante los días en que arruinaron la victoria de Simancas en las
urnas.
Desde entonces, el nombre de Leopoldo Arnaiz ha saltado a la prensa de manera más o menos periódica sobre todo tras la denuncia presentada en 2010 ante la Justicia por una exsocia suya que en el texto remitido a la Justicia muestra con todo lujo de detalles una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia.
El abogado de la denunciante explicó al juez que "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid" y como él mismo "no puede aparecer como socio por incompatibilidad legal busca testaferros que aparecen como socios constituyentes".
Desde entonces, el nombre de Leopoldo Arnaiz ha saltado a la prensa de manera más o menos periódica sobre todo tras la denuncia presentada en 2010 ante la Justicia por una exsocia suya que en el texto remitido a la Justicia muestra con todo lujo de detalles una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia.
El abogado de la denunciante explicó al juez que "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid" y como él mismo "no puede aparecer como socio por incompatibilidad legal busca testaferros que aparecen como socios constituyentes".
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