Madrid, a 16 de marzo de 2015
En
2015 se cumple el vigésimo aniversario de la publicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y si echamos la vista atrás
podemos ver que gran parte de sus objetivos están aún pendientes y que
la realidad socioeconómica en España ha sufrido cambios significativos
desde aquella fecha.
El
armazón legislativo surgido a partir de la LPRL y de la Directiva Marco
de la que deriva, respondía a una organización del trabajo heredera del
contrato social surgido en Europa en la segunda mitad del siglo XX y se
caracterizaba por la contratación indefinida, la estabilidad en la
empresa y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones
laborales. Este modelo no sólo facilitaba a los trabajadores el
ejercicio efectivo de sus derechos laborales, sino que mediante los
derechos de participación y consulta permitía a sus representantes
intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la prevención de
riesgos en la empresa, desde la planificación y organización del trabajo
o de las actividades preventivas hasta la evaluación de riesgos o la
información y formación de los trabajadores. Fue en este marco de
participación sobre el que se construyó la prevención de riesgos en
Europa y en España.
Sinembargo, estos veinte años han sido los del triunfo de la doctrina
neoliberal en Europa y han culminado en una crisis económica que ha
transformado de manera radical la organización del trabajo. La vía
elegida por los gobiernos para salir de la crisis es una espiral de
austeridad y devaluación interna en la que la negociación colectiva
pierde peso, las relaciones laborales tienden a la individualización, la
precariedad define un mercado de trabajo en el que la contratación
temporal y a tiempo parcial y la alta rotación entre empresas ganan
espacio a marchas agigantadas y las altas tasas de paro y el miedo a
perder el empleo convierten en papel mojado los derechos de trabajadoras
y trabajadores. En este contexto, el legislador ha decretado la
unilateralidad empresarial como forma de gestión de la prevención en las
empresas españolas.
Romper
este círculo vicioso de empobrecimiento y recortes pasa por poner fin a
las políticas de austeridad y dar paso a una progresiva transformación
del modelo productivo de nuestro país que permita la democratización de
las relaciones laborales, el ejercicio efectivo de derechos, la
interiorización de la cultura preventiva en las empresas y la generación
de un sistema preventivo dinámico que anticipe los nuevos riesgos
laborales emergentes. Continuar por la senda marcada por las Reformas
Laborales, adaptando la legislación preventiva a un marco impuesto de
organización del trabajo, supondría asumir de manera ineludible un
deterioro en la protección de la salud y la seguridad laboral, con los
consiguientes daños personales y trasladando los costes económicos al
conjunto de la sociedad. Para atajar esta peligrosa deriva, UGT y CCOO
aprovechamos la celebración del 28 de Abril 2015, Día Internacional de
la Salud y la Seguridad en el Trabajo, para proponer un decálogo de
medidas prioritarias y urgentes en materia de Prevención de Riesgos
Laborales:
- Ningún trabajador ni trabajadora sin protección. La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la individualización de las relaciones laborales dificultan el ejercicio efectivo de derechos. Las Reformas Laborales son incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el resto de normativa preventiva.
- Accidentes de Trabajo. La aprobación de la LPRL, la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos lograron una manifiesta reducción de accidentes de trabajo. El abandono de la actividad preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un cumplimiento meramente formal de la normativa junto a los recortes aplicados durante los años de crisis frenaron en un primer momento el descenso de la siniestralidad y provocaron el repunte de los accidentes de trabajo que sufrimos en la actualidad, un claro indicio del deterioro de los sistemas preventivos. Recuperar la iniciativa pública es imprescindible para que en el siglo XXI dejen de producirse muertes por caídas en altura, atrapamientos o accidentes de tráfico como venía sucediendo en épocas pasadas.
Enfermedades de origen laboral. Las enfermedades son la gran asignatura pendiente de la salud laboral. Lo que no se registra ni existe ni se previene. Son necesarios cambios en el sistema de notificación y registro para que deje de depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. El cáncer profesional, la silicosis, las patologías derivadas del amianto y de las sustancias químicas, los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades de origen psicosocial requieren que las empresas evalúen y prevengan en los centros de trabajo los riesgos capaces de provocarlas, y de un mayor esfuerzo de las Administraciones para acabar con su subregistro y con los daños a la salud que causan.
- Garantizar la equidad. La OMS reconoce que la desigualdad es uno de los determinantes sociales de salud claves. Dónde y cómo se trabaja, la forma de acceder al empleo o las tasas de desempleo y de temporalidad condicionan la exposición de determinados colectivos (mujeres, jóvenes, migrantes…) a los riesgos laborales y determinan su estado de salud. En los últimos tiempos también venimos observando que el estado de salud se está convirtiendo en un factor de estigmatización y de discriminación laboral, tanto en el mercado de trabajo como en las propias empresas. Para garantizar la equidad son precisos cambios legislativos, empezando por la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
- Independencia y calidad de los Servicios de Prevención. La continua presión que sufren los Técnicos de Prevención desdibuja la independencia de los Servicios de Prevención establecida en la LPRL, convirtiéndolos en muchos casos en instrumentos al servicio de las empresas. Se hacen necesarias modificaciones legales que garanticen el desempeño profesional de los Técnicos, la independencia de Servicios de Prevención y, al mismo tiempo, el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones.
- Vigilancia de la Salud para proteger la salud de las y los trabajadores. La vigilancia de salud es un derecho de las trabajadoras y los trabajadores y junto a la epidemiología laboral es una herramienta indispensable para prevenir los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo asistimos a un intento de convertirla en una herramienta disciplinaria y de ajuste de plantillas. Para preservar el derecho constitucional a la salud, se debe garantizar la independencia de los profesionales sanitarios que la llevan a cabo, la confidencialidad de los datos y la voluntariedad, salvo en aquellos casos regulados por una norma específica.
- Reforzar a los organismos técnicos de las Administraciones. Es absolutamente imprescindible poner en valor y dotar con suficientes medios económicos y humanos al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al Instituto Social de la Marina, al Instituto Nacional de Silicosis, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y a los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas para favorecer el conocimiento a través de su labor investigadora.
- Potenciación de la Inspección de Trabajo. No sólo se debe incrementar el número de Inspectores y Subinspectores de Trabajo para acercar nuestros ratios a los del resto de países de la Unión Europea sino que se debe reforzar su formación y acentuar su especialización en materia de prevención de riesgos, con el fin de que estos puedan llevar a cabo de manera eficaz las funciones que legalmente tienen encomendadas.
- Transformación del modelo de Mutuas. Se deben revertir las últimas modificaciones legales del sistema de Mutuas subrayando su carácter público, intensificando el control de la Seguridad Social mejorando la participación de la representación de los trabajadores en su elección y remarcando que sus objetivos prioritarios son la prevención de riesgos laborales y la reparación de los daños ocasionados por el trabajo frente al control de los costes económicos y la mejora de la competitividad de las empresas.
Impulso a la democratización en las relaciones laborales. La democracia en la empresa pasa por reforzar los derechos de participación y consulta de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, de las delegadas y delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud. Todos los estudios sobre prevención han demostrado la existencia del “efecto sindicato”: las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente en las empresas con presencia sindical.
Sabemos
que un cambio de rumbo como el que proponemos no es sencillo ni
inmediato, pero hace falta una estrategia política clara en materia de
prevención de riesgos laborales que lo ponga en marcha. La
autocomplacencia por los logros obtenidos en etapas anteriores está
suponiendo la antesala de un retroceso histórico. Las elecciones
generales y autonómicas este año 2015 son la oportunidad para que este
cambio de políticas se empiece a concretar, pero para ello es necesario
que estas y otras medidas configuren las líneas de actuación a futuro de
los partidos.
CCOO
y UGT nos comprometemos a dedicar este 28 de Abril, Día Internacional
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, a trasladar este decálogo a
los partidos políticos y a la sociedad para intentar lograr su
compromiso con la salud pública en general y con la laboral en
particular. Para que en el siglo XXI el objetivo de enfermedad y
accidente laboral cero deje de ser una fórmula retórica y pase a formar
parte de la realidad del mundo del trabajo.
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