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Indra ha comunicado a
los sindicatos, en una reunión previa a la junta general de
accionistas, que los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) en la compañía estarán entre los 1.000 y los 1.500, sin precisar,
de momento, la cifra exacta, ni el volumen de despidos por centro.
Actualmente existen unos 20 centros de Indra en España, de los cuales
ocho cuentan con representación, mientras que el resto no la tiene. Tres
de ellos se encuentran situados en Castilla-La Mancha: Toledo, Albacete
y Cuenca.
Además de Indra Sistemas, la compañía cuenta con la división de Software
Lab, ubicada en Ciudad Real y dedicada a la consultoría, y Business
Process Outsourcing (BPO), con servicios de back office y
administración. Desde los sindicatos temen que, siendo numerosos los
trabajadores de más de 50 años en Indra, la firma busque rescindir
contratos de la época "de vacas gordas" para sustituir por empleos que
se rijan por el convenio "puro y duro".
Actualmente, la plantilla de Indra ronda los 21.000 trabajadores y el
grueso de los afectados estará en Madrid, con cerca de 8.000
trabajadores, y Barcelona, con cerca de 1.000 empleados, así como en
Indra Sistemas, que suma la mayoría de la empresa, con unos 14.000
empleados, según las cifras que manejan los sindicatos.
Junta de accionistas
El presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell,
señaló ayer durante la junta de accionistas que la compañía ha
solicitado a los representantes de los trabajadores que constituyan una
comisión negociadora con el fin de llevar a cabo una reestructuración de
la plantilla. El directivo reconoció que las medidas a aplicar pueden
incluir rescisiones de algunos contratos y modificaciones en otros.
Abril-Martorell señaló además que este proceso se enmarca en la
búsqueda de una solución a largo plazo y ha recordado que la
multinacional está llevando a cabo un proceso de reestructuración de
plantilla similar en Brasil, que implicará el ajuste de unos 1.000
empleos en los próximos meses.
El presidente de la sociedad explicó que este plan se debe a la
necesidad de adaptar los recursos humanos a la realidad de la actividad
en el país, con una caída del mercado nacional en más de un 40% y en las
pérdidas registradas en 2014 como consecuencia de la crisis en España,
el crecimiento acelerado para reemplazar ventas domésticas por
internacionales. Desde la federación UGT han reclamado de esta empresa
medidas "alternativas" a los despidos que garanticen el futuro laboral
de los mismos.
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