El fiscal pide cárcel para el encargado de una cantera por la muerte de un trabajador
El juicio se celebra ocho años después del accidente laboral
Ocho años después de la muerte de José María Garrocho en un
accidente de laboral cuando trabajaba en la cantera gravera El Campillo
de Gibraleón tres responsables de la empresa se han sentado en el
banquillo a petición de la acusación particular. Un largo periplo por
las dependencias judiciales ha tenido que hacer frente la familia del
joven fallecido (entonces tenía 19 años) hasta lograr que se celebrara
la vista oral por supuestos delitos de homicidio imprudente y contra la
seguridad de los trabajadores.
José María Garrocho murió el 28 de abril de 2007 tras quedar atrapado en una cinta transportadora de una cantera de tierra para obras de Hermanos Téllez. El cadáver del trabajador fue hallado al lado de la cinta con un brazo y una pierna atrapados por la maquinaria y un fuerte golpe en la cabeza.
Desde entonces la familia ha mantenido que la muerte se produjo por negligencia grave y falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de la empresa, como así lo determinó un informe de la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía, entre ellas la retirada de las barreras de protección de la máquina en la que trabajaba cuando ocurrió el accidente y del sistema de alarma, como consta en la queja presentada en su día por la familia al Defensor del Pueblo, al que acudieron los padres de Garrocho para pedir su mediación.
En opinión de los progenitores del joven, en la muerte de su hijo han existido claros indicios de criminalidad y así lo han venido reiterando. A pesar de ello, el juez instructor decretó el archivo de la causa al considerar los argumentos de la Fiscalía. Tras el recurso de los padres al sobreseimiento se abrieron de nuevo las diligencias. Desde entonces, una cosa ha cambiado: el fiscal ha inculpado a unos de los responsables de la empresa para el que pide seis meses de prisión. Se trata del encargado de la compañía, que el pasado miércoles se sentó en el banquillo de los acusados, junto al director técnico y al gerente.
La acusación particular solicita para los tres dos años y diez meses de prisión y una indemnización de 180.000 euros por homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. El letrado en representación de la pareja del fallecido pide la misma pena cárcel y una indemnización de 140.000 euros. La defensa de los encausados demanda la libre absolución.
Durante la vista oral, además de los acusados declararon testigos, los peritos que elaboraron los informes técnicos y miembros de la Policía judicial. El juicio quedó visto para sentencia.
La madre del fallecido, María del Carmen Espina, reclama una vez más justicia.
José María Garrocho murió el 28 de abril de 2007 tras quedar atrapado en una cinta transportadora de una cantera de tierra para obras de Hermanos Téllez. El cadáver del trabajador fue hallado al lado de la cinta con un brazo y una pierna atrapados por la maquinaria y un fuerte golpe en la cabeza.
Desde entonces la familia ha mantenido que la muerte se produjo por negligencia grave y falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de la empresa, como así lo determinó un informe de la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía, entre ellas la retirada de las barreras de protección de la máquina en la que trabajaba cuando ocurrió el accidente y del sistema de alarma, como consta en la queja presentada en su día por la familia al Defensor del Pueblo, al que acudieron los padres de Garrocho para pedir su mediación.
En opinión de los progenitores del joven, en la muerte de su hijo han existido claros indicios de criminalidad y así lo han venido reiterando. A pesar de ello, el juez instructor decretó el archivo de la causa al considerar los argumentos de la Fiscalía. Tras el recurso de los padres al sobreseimiento se abrieron de nuevo las diligencias. Desde entonces, una cosa ha cambiado: el fiscal ha inculpado a unos de los responsables de la empresa para el que pide seis meses de prisión. Se trata del encargado de la compañía, que el pasado miércoles se sentó en el banquillo de los acusados, junto al director técnico y al gerente.
La acusación particular solicita para los tres dos años y diez meses de prisión y una indemnización de 180.000 euros por homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. El letrado en representación de la pareja del fallecido pide la misma pena cárcel y una indemnización de 140.000 euros. La defensa de los encausados demanda la libre absolución.
Durante la vista oral, además de los acusados declararon testigos, los peritos que elaboraron los informes técnicos y miembros de la Policía judicial. El juicio quedó visto para sentencia.
La madre del fallecido, María del Carmen Espina, reclama una vez más justicia.
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