sábado, 31 de octubre de 2015

PSOE, " externaliza" alumbrado público...

El Ayuntamiento reactiva el proceso para privatizar la gestión del alumbrado público

Imagen nocturna de Miranda, con el puente de Carlos III en primer término.
Imagen nocturna de Miranda, con el puente de Carlos III en primer término. / Avelino Gómez
  • Después de tres cambios de fecha ayer concluyó el plazo para que las 5 candidatas ratificarán sus ofertas




Fue uno de los asuntos más polémicos del último tramo de la anterior legislatura. Hasta el punto de ser causa de un movimiento de repliegue con escasos precedentes en los doce años de gobierno del anterior alcalde. Fernando Campo, en vísperas de las elecciones municipales y tras varios enfrentamientos en plenos de su grupo político con la plataforma Mirand@ Por lo Público, optó por cerrar en falso el proceso para ceder la gestión del alumbrado. ‘Privatización’, ‘Externalización’; ambos términos se confrontaron durante semanas hasta que se echó el freno. Se amplió el plazo para la presentación de ofertas –en realidad se solapó con otro que ya había concluido–. Y este acabó formalmente ayer.

Laura Torres, responsable de Hacienda y Economía, confirmó el final de proceso de recepción estirado en el tiempo de manera innecesaria, al menos administrativamente. Porque solo podían optar las cinco candidatas que previamente participaron en un proceso de intercambio de información –la base para redactar el pliego de condiciones– y que, de hecho, ya habían formalizado su participación en la ‘carrera’ por hacerse con el contrato.

La UTE Clece-Electricidad Pascual de Diego; Gas Natural e Iberdrola –esta última agrupada con Elecnor Infraestructura–, la Unión Temporal de Empresas que conforman el área de servicios de Ferrovial y Ferroser Infraestructuras; y la también UTE integrada por Sociedad Española de Construcciones Eléctricas y Tecuni. Es el listado de las cinco candidatas que «salvo sorpresas» vuelven a competir.

Desde el Ayuntamiento no se confirmó ayer si se tenía constancia en Contratación de los proyectos de todas ellas. «En realidad tienen de plazo hasta última hora del día. Pueden enviarnos la documentación por correo. Hay tiempo y no descartamos que alguno opte por hacerlo en el último momento», planteó Torres. «Pero lo previsible es que estén todas», apostilla.

Esto implica la reactivación de todo el procedimiento que, hasta el momento de la adjudicación definitiva, se dilataría entre dos y tres meses. Dicho de otro modo, será a partir del 1 de enero del próximo año cuando se tome en consideración la nueva fórmula. Previsiblemente se llegaría a tiempo para la fecha de vencimiento del contrato de electricidad que se renueva anualmente y que, desde hace dos ejercicios, distingue entre la explotación de la media y la alta tensión.

Hasta febrero

El que en estos momentos se encuentra en vigor se formalizó a mediados de febrero con Iberdrola. Tiene el control de 243 puntos de baja tensión (además de luminarias, semáforos y edificios) y siete de alta (depuradora, polideportivo y estaciones de bombeo). Se quedó con los dos lotes con una oferta que, según planteó el Ayuntamiento en su día, debía de generar un ahorro en factura de en torno al 7,5%; unos 143.000 euros en valores absolutos. ¿La media de gasto global? En torno a 1,7 millones de euros.

El ejecutivo buscaría, en definitiva, llegar a tiempo para desgajar de este contrato todo lo referente al alumbrado público de la ciudad. El plazo para recibir las ofertas se modificó tres veces –en plena polémica– en menos de dos meses. Del 8 de enero de 2015 inicial se pasó al 11 de junio. Y de ese día al 30 de octubre. «Seguiremos adelante, claro que sí. Nada cambia en este sentido», insistieron desde el departamento de Hacienda y Economía.

El Gabinete de Aitana Hernando entiende que, a diferencia de lo sucedido en la anterior legislatura –acabó por pesar la incógnita–, la legitimación es mucho mayor ahora (con un concejal más) para aplicar la fórmula de una privatización «bajo control público» en el tema del alumbrado. ¿El motivo? Figuró negro sobre blanco en el programa electoral de los socialistas y la hoy alcaldesa, incidió toda la campaña en las supuestas bondades de la fórmula.

«No es una privatización porque los trabajadores seguirán siendo trabajadores públicos. Va en el programa porque estamos convencidos de que será bueno para la ciudad. El ahorro que obtengamos con esta fórmula se destinará a más planes de empleo. Ese es mi compromiso», aseguró en una entrevista concedida a este periódico. Durante las negociaciones previas a su investidura también reconoció que este asunto había sido el más problemático.

El aplazamiento hasta el día de ayer del proceso de presentación de ofertas se justificó, también, en la petición de las empresas. «Tienen que traer equipos y hacer estudios y no quieren empezar hasta que no tengan la seguridad de que se va a hacer el contrato». 

Una certeza que, en estos momentos, estaría reforzada. El equilibrio de fuerzas en la Corporación se mantiene en lo que se refiere a las dos formaciones políticas mayoritarias –el PSOE siempre contó con el respaldo de los populares y, de hecho, criticó con dureza que Campo metiera la marcha atrás–. IU, en la plataforma Mirand@ Por lo Público, lo ha rechazado de forma insistente y el mismo discurso se ha mantenido desde Ganemos Miranda. La postura de Miranda Puede es más difusa.

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