UGT aclara a Guarinos las ideas.

CASTILLA-LA MANCHA

UGT cree que Guarinos debería saber distinguir entre lo personal y lo institucional tras sus críticas al sindicato

Ana Guarinos.(me parece que alguien se a liado)

EDCM/EP 08/10/2015 .

UGT de Castilla-La Mancha cree que la diputada del PP Ana Guarinos "debería saber distinguir entre lo personal y lo institucional" tras haber criticado al sindicato, asegurando que su secretario regional, Carlos Pedrosa "mantiene una magnífica relación con la consejera de Bienestar Social" y que ello le resta credibilidad a la hora de firmar el Acuerdo para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha.  En un comunicado, el sindicato ha recordado que, en ese acto, Pedrosa firma "en nombre de la UGT y no a título personal", por lo que "si existiera un libro de estilo en la política, las alusiones personales de Guarinos vendrían puestas como ejemplo de lo que no debería ser la actuación del portavoz de un partido democrático y serio". Ya sabemos que para el Partido Popular los sindicatos mayoritarios no tienen derecho a la vida", ha explicado UGT, que ha recordado que en los cuatro años de Gobierno del PP en la región no dijeron "nada" respecto "a las implicaciones o situaciones del entorno familiar de la entonces presidenta Cospedal". Sentido patrimonialista A juicio de UGT, la palabra de Guarinos "viene a ratificar dos cosas: la primera que en el PP tienen un sentido patrimonialista de la gobernanza y las instituciones, se creen que es su finca, y la segunda que el PP de Castilla la Mancha sufre de autismo institucional, de tal forma que le es imposible mantener unas relaciones normalizadas con quien la Constitución y las leyes le colocan como interlocutor y enfrente en cualquier democracia, como demuestra el hecho de que Guarinos es incapaz de criticar el contenido del Acuerdo y se limita a llevar a cabo alusiones personales". "En cualquier caso, si alguien está incapacitado para ejercer tareas políticas e institucionales es la propia Guarinos a la que Ciudadanos vetó como presidenta de la Diputación de Guadalajara y además ha ejercido al frente de esta institución durante cuatro años, pero no en las Mesas de Diálogo sino en los tribunales, lo que ha tenido un coste económico de un millón y medio de euros para los ciudadanos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha".