“Es esencial estrechar lazos con el PP para preparar la privatización”
Un informe “comercial” confiscado a un cargo del PP que trabajaba para Agbar vincula la expansión del negocio de la empresa en Asturias con el auge electoral de los populares
Santiago de Compostela
Entre los comprometidos papeles que los investigadores de la
Operación Pokémon confiscaron en febrero de 2013 en el domicilio de
Joaquín Fernández, entonces vicesecretario de Comunicación del PP de
Asturias, no había solo listas
de las comidas y viajes que la empresa de aguas Aquagest, filial del
grupo Agbar, repartió presuntamente entre dirigentes de este partido.
En un lápiz de memoria los agentes hallaron un documento con un curioso
título: “Informe Comercial. Situación Municipal Partido Popular de
Asturias”. Fechado el 19 de octubre de 2010, el escrito que atesoraba el
presunto conseguidor de la trama señalaba nueve ayuntamientos de esta
comunidad en los que se esperaba “un cambio hacia el PP” en las
elecciones municipales de mayo de 2011 y los nombres de cargos populares
con los que Aquagest debía “estrechar lazos” para lograr
privatizaciones o prórrogas de contratos públicos. De algunos de estos
políticos se dice en nombre de Aquagest que son “activos colaboradores”
de la empresa desde su “privilegiada posición”.
El documento, sobre el que el grupo Agbar
ha declinado hacer comentarios, analiza la situación de la gestión del
agua en cada uno de estos ayuntamientos (Avilés, Colunga, Nava, Navia,
Parres, Pravia, Tineo, Siero y Vegadeo), si existe contrato con Aquagest
que precise renovación o si, en caso de que el servicio sea prestado
por una empresa municipal, circulan planes o incluso “rumores” de que
será privatizada. Y destaca para cada localidad el nombre de un político
local del PP, ya sea el candidato a la alcaldía, un concejal o un
responsable local del partido. Según consta en el sumario judicial, los
investigadores de la Operación Pokémon han hallado indicios de maniobras
para amañar privatizaciones de la compañía pública de aguas en al menos
tres de estos municipios: Siero, Pravia y Nava.
Al municipio asturiano de Siero, una localidad con más de 50.000
habitantes y un servicio municipal de aguas, el informe empresarial –que
no está firmado ni posee ningún membrete- lo califica como “de máxima
importancia estratégicamente hablando” para el negocio de Aquagest. “Es
esencial estrechar lazos con los integrantes del PP de cara a preparar
una posible privatización en 2012”, se añade en el documento. Aunque
tras las elecciones de 2011 se formó un gobierno local socialista, en
2012 una moción de censura aupó a la alcaldía a un regidor de Foro
Asturias que contó con el apoyo de varios ediles del PP. Ese ejecutivo
impulsó efectivamente la privatización del agua y los agentes grabaron
conversaciones de Joaquín Fernández con miembros de ese gobierno. Los
agentes sostienen que Fernández, a quien los investigadores consideran
un supuesto conseguidor de la trama, “negoció” la externalización del
servicio de aguas de Siero “a favor del Grupo Agbar”, según un informe
policial incluido en el sumario.
Los investigadores explican incluso la supuesta “fórmula” que
pretendía utilizar el ex vicesecretario de Comunicación del PP
asturiano, que estaba a sueldo de Aquagest, para lograr la ansiada
privatización, la misma estrategia que según Vigilancia Aduanera “ha
utilizado en otros ayuntamientos”. Consistía, detalla Aduanas, en que el
gobierno municipal de Siero contratase una asistencia técnica a una
ingeniería “para la elaboración de un informe sobre lo beneficioso de la
externalización”, una compañía que luego sería la encargada también de
redactar el pliego de condiciones del concurso que “respondería a los
intereses” de Agbar. Estos contactos, que Aduanas grabó en enero de
2013, se frustraron con la detención de Fernández un mes después.
En Pravia (8.800 habitantes), el gobierno socialista salido de las
urnas también impulsó en 2012 la privatización del servicio municipal de
aguas pese a los reparos del interventor municipal. Según los pinchazos
telefónicos, señalan los agentes en un informe policial, también
irrumpió en el proceso quien es considerado por Aduanas el hombre de
Aquagest en el PP, Joaquín Fernández, quien pretendía supuestamente
colocar a una “ingeniería afín” en el Ayuntamiento para que redactase un
informe alabando las ventajas de abandonar la gestión pública del
servicio. Los investigadores que dirige la juez de Lugo Pilar de Lara
destacan que esta medida no se llegó a materializar gracias a la
“presión vecinal”.
Vigilancia Aduanera también ha hallado indicios de maniobras para
amañar la privatización del servicio de aguas en Nava (5.500
habitantes). Los agentes sostienen que Fernández acordó la elaboración
de un informe para “favorecer” presuntamente “la futura concesión” del
contrato a Aquagest. Los pinchazos telefónicos captaron incluso cómo un
abogado de la empresa proponía encargarle el trabajo a una ingeniería
“que nunca hubiese participado en procesos donde Aquagest hubiese sido
adjudicatario”, supuestamente para despistar.
Los investigadores de la macrocausa Pokémon, que acumula un centenar
de imputados, sostienen en sus informes policiales que Aquagest replicó
en Galicia la fórmula de contratar a un dirigente con peso en el PP para
lograr contratos en las Administraciones públicas controladas por este
partido, una labor que los imputados denominan “abrelatas”. En 2012 la empresa de aguas ficha en Santiago de Compostela al popular Ángel Espadas, para hacer lo mismo que Joaquín Fernández en Asturias,
dicen sus responsables en las grabaciones policiales. “Le vamos a hacer
una especie de contrato de freelance para que nos haga de abrelatas”,
anuncia sobre Espadas en un pinchazo el entonces delegado de Aquagest
para la Zona Noroeste, Henry Laíño, imputado por varios presuntos
delitos. Cuando su interlocutor le advierte de que “esto se va a acabar
sabiendo”, él le responde: “Hombre, si no se sabe que tenemos en
Asturias contratado hace dos años al vicepresidente de Comunicación del
PP…”.
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