martes, 6 de septiembre de 2016

Saltan las alarmas, pero sigue todo igual o peor.

La Fiscalía General del Estado alerta del aumento de la sinestralidad laboral, que vuelve a niveles de 2011

La Fiscalía General del Estado ha alertado del aumento de la siniestralidad laboral en 2015, que ha vuelto a niveles del año 2011 después de una caída en los años intermedios.
 
Así lo pone de manifiesto en la memoria del último ejercicio, donde indica que el número de muertos en accidentes laborales ha aumentado un 10,1% respecto a 2014, al pasar de 454 a 500 personas.

Mientras que en el año 2014 se incrementaban las cifras de accidentes mortales y leves, pero se mantenían a la baja los de los accidentes graves, en 2015 este grupo también sufrió un sensible incremento de 124 personas, hasta los 3.358 lesionados graves. Los leves aumentaron en 31.676 personas, hasta los 445.365 casos.

Así, aunque la siniestralidad laboral ha disminuido en un lustro (2011-2016) un 11,86%, el organismo que encabeza Consuelo Madrigal señala que esta disminución es engañosa de cara al futuro, ya que en el lustro 2009-2013 la disminución fue algo superior al 30% y la del 2010-2014 algo superior al 25%.

Según el llamado índice de incidencia, que simboliza el número de accidentes de trabajo por cada 100.000 habitantes con las contingencias profesionales cubiertas, en el año 2011 se reportaban 3,6 víctimas mortales por año por cada 100.000 habitantes dados de alta en la Seguridad Social, en 2015 son también 3,6, lo que indica que al final de este periodo quinquenal se ha vuelto a las cifras del 2011.

De los 500 accidentes mortales registrados en 2015, 237 correspondieron al sector servicios, 128 a la industria, 76 a la construcción y 59 al agrario.

La Fiscalía incoó en 2015 un total de 854 diligencias de investigación por las 938 de 2014 (-8,95%). Las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal fueron 631, 45 menos que en 2014. 

Tras lamentar estos datos, la Fiscalía reclama la autonomía de la Unidad especializada de siniestralidad laboral respecto a las jefaturas provinciales y de área, lo que, a su juicio, contribuiría a una mayor unidad en la aplicación de la doctrina sobre estos delitos, permitiendo a la Unidad sobrepasar el campo de la 'sugerencia' al de la orden para una más efectiva y eficaz aplicación de la norma.

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