COMENTARIO DEL DIARISTA:
SOY DE LA OPINIÓN DE SUPRAVALORAR QUE AúN EXISTAN PERSONAS CON CAPACIDAD Y VALOR A LAS QUE NO LES IMPORTA DECIR LAS COSAS COMO SON, no debemos temer a los politicos, antes al contrario. BRAVO POR ESTA PROFESIONAL.
Artículo de opinión de una médica de Emergencias en Castilla La Mancha
Sobre los nuevos pliegos de contratación del Transporte Sanitario...
A primeros de diciembre salieron los pliegos de licitación del
Transporte Sanitario Terrestre de CLM, se publicaron en la página del
Perfil de Contratante de la Junta y todas las personas interesadas en
esta publicación acudimos a leerlos como palomas a las migas de pan,
deseosas de encontrar esas mejoras tan anunciadas y tan anheladas, tales
como la consolidación del empleo de los Técnicos de Transporte y
Emergencias Sanitarios (después del despido arbitrario de decenas de
trabajadores en el año 2012), la anulación de los llamados Dispositivos
de Localización (que permiten la acumulación de horas de guardia a
determinadas ambulancias), la progresiva modificación de condiciones
para que la gestión del transporte sanitario pase a ser pública y la
inclusión de las Cláusulas Sociales que el gobierno regional prometió
para toda la contratación pública a partir de octubre de 2016.
Tras la lectura y re-lectura de los pliegos concluyo que mis
esperanzas eran vanas y asisto asombrada –una vez más- a la desfachatez
de nuestros gobernantes castellano-manchegos que en campaña dicen unas
cosas y a la hora de la verdad hacen otras.
Era diciembre del 2012 cuando más de un centenar de trabajadores y
trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha recibieron
un burofax en su domicilio diciéndoles que el contrato de trabajo se
daba por concluido y se podían considerar despedidos a partir del día
siguiente a la recepción del citado burofax. Con aquel atentado laboral
comenzó una larga lucha de trabajadores y sindicatos que aún no ha
concluido. El impacto emocional sufrido por los equipos de emergencias
afectados fue brutal.
La disminución de plantilla dio paso a la creación de los llamados
Dispositivos de Localización en virtud de los cuales un conductor de
ambulancia podría acumular cien horas de guardia ininterrumpida
localizada a cambio de un plus mensual con la consiguiente merma de su
descanso obligatorio y la dificultad añadida de disfrutar de medidas de
conciliación familiar; y esto lo hacía una empresa que presumía de tener
medidas de Igualdad para sus empleadas y empleados. La medida, además
de crear división entre compañeros, generó una dinámica perversa a la
hora de responder a avisos de urgencia, cosa que se puso en conocimiento
de la Gerencia para que actuara en consecuencia y que no surtió efecto.
Estábamos en marzo del 2016, entre campaña y campaña electoral,
cuando se produjeron una serie de reuniones de representantes de la
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha con asociaciones de
profesionales y sindicatos en las que se solicitaba la formación de una
Mesa de Trabajo para elaborar los pliegos de licitación del contrato de
transporte sanitario y que en esa Mesa estuvieran representados los
trabajadores, bien a través de colectivos de la sociedad civil, bien a
través de los sindicatos o asociaciones profesionales. La respuesta del
Consejero fue dada en sede parlamentaria diciendo que la Consejería era
favorable a la formación de esa Mesa de Trabajo.
Y la última esperanza me la había dado la publicación reciente de
la Resolución de la Junta obligando a incluir cláusulas sociales en
todas las contrataciones públicas, entendiendo por cláusulas sociales
las que tienen que ver con medidas medioambientales, de defensa de
derechos y de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Miren
ustedes por dónde, las medidas medioambientales que han contemplado no
tienen que ver con vehículos híbridos ni con eficiencia energética en
las bases sino con carrozados aerodinámicos y luces led; la defensa de
los derechos laborales no tienen que ver con la eliminación absoluta de
los dispositivos de localización sino con la ambigüedad en su
aplicación, no tienen que ver con la garantía de puestos de trabajo sino
con la disminución del número mínimo de trabajadores de plantilla hasta
el punto que en el transporte no urgente hay la misma cantidad de
vehículos que de trabajadores (¿qué clase de jornada laboral les
espera?). Y por último, la cláusula de fomento de la Igualdad no tiene
nada que ver con una utilización de lenguaje inclusivo en la redacción
de los pliegos, ni con el compromiso de tener una plantilla paritaria,
ni con las facilidades para introducir medidas de conciliación familiar.
Al contrario, el lenguaje utilizado es descaradamente estereotipado
hasta el punto de referirse –cuando son citados- a los médicos con el
género masculino y a las enfermeras con el género femenino; solo se
puede leer la inclusión de ambos géneros en una de las cláusulas del
PCAP, la referida al fomento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se
ve que no se han acordado de la Guía para la utilización del Lenguaje no
Sexista que la misma Junta de Comunidades editó en el 2015.
Pero es que, además, se está fraguando privatizar cada vez más el
transporte sanitario abriendo la puerta a que determinados traslados
sean realizados por taxis, contradiciendo el propio concepto de
transporte sanitario que se rige por criterios de salud y no de
economía.
Por todo ello y por la afrenta generalizada a los derechos
laborales y el ninguneo de cláusulas verdaderamente sociales, es por lo
que me uno a las protestas de los diversos colectivos laborales y
profesionales del sector ya que a mí, como médica que trabaja en la
Gerencia de Urgencias, Emergencias y TRANSPORTE SANITARIO, acompañada de
técnicos con los que me tengo que coordinar para realizar nuestro
trabajo, me parece que desarrollar nuestra labor profesional en un buen
ambiente personal y social y con buenas condiciones laborales garantiza
un buen servicio a la ciudadanía.
Rosario Alises Valdelomar
Médica de Emergencias en Castilla-La Mancha
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