Artículos imperecederos, Traición al pueblo.

Traición al Pueblo, traición a la patria, privatizaciones.

 Comentario del diarista:

Aquellos que privatizan hasta el más pequeño de los servicios públicos que nuestros padres y abuelos nos dejaron, lo pagareis antes o después, estáis traicionando a vuestros ancestros y eso solo se paga de una forma.

Como sé que a todos mis seguidores les gusta leer, espero que a los políticos locales también , aunque empiezo a tener la duda, os dejo este seminario sobre la defensa o defenestración de lo publico o por que nos están saqueando nuestros derechos.

Hay quienes se esconden tras eufemismos para tapar la vergüenza lo llaman externalizar, encomendar, colaboración publico privada, cuando en realidad están colaborando con la destrucción de lo común, cada cual aporta su granito de arena en tirar por tierra el trabajo de abuelos y padres, muchas veces desde el mal llamado progresismo de izquierdas que no es otra cosa que el capitalismo bajo una piel de cordero.

Esos son los peores , un progresista convencido de que la privatización de servicios públicos es el futuro ya no volverá a valorar la vuelta atrás a lo común y esa batalla el pueblo la pierde desde el minuto uno, por eso hay que hacerle frente para parar en la medida de lo posible la rapiña de que todo aquello que genere dinero debe ser privado y lo que genere perdidas publico, no caigáis en esa trampa y tu político privatizador  de tu país, de tu región de tu ciudad de tu pueblo no traiciones a tu gente defiende siempre lo público contra los buitres capitalistas.

 

 

Privatizaciones: la batalla del Capital para apropiarse de lo público

Informe 08 • Seminari d'economia crítica Taifa ()

Los gobernantes están llevando a cabo numerosas “políticas de ajuste”, debido aparentemente a la urgencia de reducir el déficit y la deuda pública ante la presión de los mercados financieros, especialmente en los países europeos periféricos. Según nos dicen, estas políticas persiguen, en el corto plazo, privilegiar la reducción de los desequilibrios fiscales y disminuir el déficit público.

Además de demostrar a los mercados financieros que las cuentas públicas priorizan el pago de la deuda por encima de todo, las medidas de ajuste fiscal van más allá de estos efectos inminentes y tienen graves consecuencias para el bienestar de las clases populares. Configuran un escenario económico y político que determinará el desarrollo futuro del capitalismo. Están aprovechando para hacer profundos cambios en el marco institucional, conformado por derechos y regulaciones que delimitan el comportamiento de los capitales y la separación entre lo público y lo privado. Con la excusa de la deuda, el capital está librando en el sector público una de sus más importantes batallas para salir de la crisis y conformar el futuro del capitalismo.

Entre otras políticas, haciendo caso al fundamentalismo neoliberal de las instituciones internacionales, las empresas y sus lobbies y los gobiernos se han lanzado a liberalizar, privatizar y desmantelar el Estado del bienestar.

SAQUEO A GRAN ESCALA

En las sociedades capitalistas, en la actividad económica y en la reproducción social de las personas confluyen el sector público –Estado– y el sector privado –mercado-. La dimensión y el papel de cada uno de estos ámbitos dependen del desarrollo histórico y son fruto de múltiples fuerzas. El sector público y el privado plantean maneras diferentes de acceso a los servicios y bienes. La lógica privada es la mercantil, producir mercancías para venderlas y que los capitalistas obtengan un beneficio. La lógica pública se basa, por el contrario, en la solidaridad y la universalidad en el acceso a los bienes y servicios. Lo que, en principio, no conduce a obtener beneficios directos por dichos servicios1. Como en el capitalismo la producción y distribución de los recursos obedece a la lógica del máximo beneficio para el capital, en el mismo se procura la mercantilización al máximo de todos los aspectos de la vida de las personas. En este sistema, las conquistas sociales, la provisión de servicios públicos no mercantilizados, van a tener siempre un carácter muy limitado.

Las privatizaciones persiguen objetivos diversos y se llevan a cabo de maneras diferentes. En todas ellas, el sector privado se refuerza en dos terrenos: el material, porque se apropia o reapropia (porque en muchos casos lo que están desmantelando son las conquistas de las luchas populares en el pasado) de las riquezas materiales, y el del poder, porque imponen una disciplina al comportamiento de las personas sometiéndolas, aún más, a la lógica mercantil, dinamitando la solidaridad. El neoliberalismo ha supuesto la retirada del Estado en algunos ámbitos de los derechos sociales 2 y la expansión del mercado. No podemos aquí explicar el desarrollo del proceso privatizador3, pero vale la pena señalar que las áreas en que el sector público ha ido abandonado su participación en favor de la iniciativa privada son diversas: la actividad económica directa como productor (privatización de las empresas productivas), la provisión de servicios públicos básicos (agua, luz, energía, comunicaciones), y, más recientemente, los servicios sociales del estado de bienestar (salud, educación, pensiones).

La privatización de la actividad pública puede parecer que implica una retirada del Estado, pero esto no equivale, como se nos suele plantear, a una reducción del peso del sector público. El Estado, aún cuando se ha desprendido de algunas de sus actividades, que han pasado a manos privadas, sigue siendo muy importante, lo que ocurre es que ahora se preocupa muchísimo más de procurar el interés privado. Ejerciendo una función de redistribución invierte el flujo del reparto, y en vez de apoyar la reproducción social, con la privatización y los recortes sociales está transfiriendo más riqueza y más poder a los poderosos, a la vez que intensifica la represión contra las poblaciones y el control social. “Las tácticas redistribuidoras del neoliberalismo son amplias, sofisticadas, frecuentemente marcadas por estratagemas ideológicas, pero devastadoras para la dignidad y el bienestar social de poblaciones y territorios vulnerables4”. El sector público es ahora más laxo y muy permeable a los intereses del mercado. Por ejemplo, se ha buscado una mayor interrelación entre lo público y lo privado para que las empresas obtengan beneficios desempeñando actividades de la esfera pública a la vez que se nutren de fondos públicos y se aprovechan de las garantías que da el Estado.

LAS (FALSAS) RAZONES PARA LA PRIVATIZACIÓN

El triunfo del neoliberalismo en la década de los 80 destruyó el keynesianismo que había dominado tras la segunda guerra mundial y restauró el enfoque liberal, dominante antes de la crisis del 1929, según el cual el Estado no tiene que ocuparse más que de asegurar la ley y el orden para proteger especialmente la propiedad privada y los intereses económicos. Y el mercado, ha de ser el principal proveedor de todo aquello necesario para la reproducción social. Este enfoque ha vuelto con fuerza con el neoliberalismo, se está llevando a cabo desde los años ochenta y continúa en la actualidad.

Las razones que se han dado para justificar las privatizaciones han sido distintas según el contexto histórico. Pero en primer lugar conviene detenerse en revisar los falsos argumentos en que apoya la privatización.

El argumento de la eficiencia. 

En las primeras privatizaciones durante los años ochenta del siglo XX, en que los estados vendieron las empresas productivas, las razones aducidas estaban relacionadas con la eficiencia de las empresas. Se decía que las empresas privadas son más eficientes y competitivas, que disponen de mejor tecnología y menos burocracia. En cambio, se consideraba que las empresas públicas tenían pérdidas, que generaban déficit y deuda pública. Se nos intentaba convencer de que el sector público no actúa de manera eficiente debido a la codicia de los políticos y a los derroches de los gestores, que como no son propietarios (privados) de los recursos, se dedican a malgastar el dinero de todos. Mientras que, supuestamente, la iniciativa privada garantiza una utilización óptima. En realidad, estos argumentos se repiten constantemente pero nunca se presentan pruebas empíricas sólidas que los validen. Porque no las hay. Porque es imposible demostrar que las empresas privadas sean, por ser privadas, más eficientes. En algunos casos sí, en otros no; algunas empresas públicas permiten a algunas personas enriquecerse a costa de los recursos colectivos, y en algunas empresas privadas hay corrupción5. Asimismo, con la crisis, muchas empresas privadas han quebrado, y otras necesitan ayudas públicas para subsistir, por lo que no se puede demostrar que el mercado es más eficiente (¡sino todo lo contrario!). Sin embargo, se siguen defendiendo dogmáticamente estos argumentos falaces.

 

La libertad de elegir. 

Cuando ya se vendieron una gran parte de las empresas productivas, las privatizaciones adoptaron formas más complejas, incluso más sutiles, y se ampliaron al ámbito de los servicios públicos y los servicios sociales. Para justificar la liberalización de los servicios, se continuó repitiendo que el sector privado puede prestar los servicios de manera más eficiente. Y se añadió que en el mercado, al estar abierto a la competencia, no habría monopolios, ni burocracias como en las grandes empresas públicas (por ejemplo Telefónica), y eso beneficiaria a los consumidores, porque tendrían la libertad de elegir entre distintos proveedores que además se esforzarían para ofrecer los mejores precios y servicios. Se trató de justificar así la privatización de los servicios públicos como las telecomunicaciones, el agua o la energía. Pero también los servicios sociales. Por ejemplo, para justificar la educación privada, se argumenta que las familias ganan en libertad de elección de los centros educativos para sus hijos. Lo mismo para la sanidad privada, ya que las distintas mutuas permiten elegir los médicos. Es cierto que la iniciativa privada permite una mayor posibilidad de elección, pero ¡solamente para quienes puedan pagarlos! La provisión privada genera una enorme desigualdad en el acceso a servicios que además son esenciales para la reproducción social.

Abuso de los usuarios. 

Se insiste en que los usuarios “abusan” de los servicios sociales (sanidad, bajas por enfermedad, prestaciones de paro) porque no tienen que pagar por ellos. Se dice que, si en vez de ser provistos como un derecho de los ciudadanos éstos se convirtieran en mercancías que las personas tuvieran que pagar con sus propios recursos, su comportamiento se haría más responsable y no habría tantos abusos. Pero es obvio que los abusos, mucho menores de los que nos quieren hacer creer, se podrían corregir con otros sistemas y, además, la provisión privada, si no se paga por servicio (por ejemplo, en las mutuas de sanidad no se paga por cada servicio recibido) tampoco aseguran que el abuso no se produzca.

 

Alto coste de los servicios. 

En pensiones se señala que la gente vive muchos años, y que el envejecimiento demográfico disparará el gasto. Se insiste en que las prestaciones del paro son tan generosas que provocan que los desempleados dejen de buscar trabajo. Se argumenta que el gasto en salud aumenta de forma desmesurada, porque la medicina pública utiliza las nuevas tecnologías más caras y se utilizan medicinas más complejas. Todos estos argumentos pueden ser refutados fácilmente: en unos casos (pensiones) no esta demostrado que tenga que existir necesariamente una crisis por razones demográficas, en otros, los ‘argumentos’ aducidos son simplemente opiniones no demostradas que suponen una evaluación social muy negativa de los beneficiarios de los servicios sociales planteadas por aquellos que favorecen la privatización.

 

Falta de fondos públicos: 

Con la crisis, se está dando mucha más fuerza a una excusa que se venía utilizando en los últimos años: los Estados no tienen dinero para financiar los servicios públicos, especialmente los servicios sociales. Afirman que el objetivo principal de las recientes ventas de activos públicos es el ingreso de recursos o la disminución del gasto (en el caso de los servicios sociales) para reducir el déficit. Y, con el argumento de la necesidad del equilibrio fiscal, los estados están llevando a cabo privatizaciones y recortes de forma salvaje. Se insiste en que el Estado del bienestar es insostenible, y dan la impresión de que el gasto social es desmesurado y que ahoga el conjunto de la economía y pone en peligro la solvencia de los países. Pero, la afirmación de que no hay recursos para los servicios públicos solamente es cierta si se acepta una determinada distribución de la renta que facilite que los ricos no paguen por los servicios públicos. La riqueza social es única, pero se distribuye entre distintos grupos sociales. Y de esta distribución depende en qué y quien puede gastar. Cada vez más, se exige al sector público que procure un contexto favorable a la competitividad, es decir, que no entorpezca los beneficios privados. Entonces, además de reducir las regulaciones administrativas y las obligaciones de los empresarios hacia los trabajadores, se han ido rebajando los impuestos sobre la capacidad económica (impuestos directos), especialmente alos más ricos. Los impuestos sobre las rentas más altas y los beneficios empresariales son cada vez más bajos, y se han eliminado impuestos sobre el patrimonio y las herencias. No es que no haya dinero sino que éste está cada vez más concentrado en unas pocas manos. En nuestras sociedades, se produce cada vez mayor riqueza, y cuando esto no ocurre es porque la irracionalidad del propio capitalismo conduce a la crisis. El deterioro de los mecanismos de redistribución de la renta hace que esta mayor riqueza no se destine a mejorar lo público sino para beneficio del capital privado. Si hay dinero para los intereses económicos (que lo hay y mucho), y los intereses políticos, no puede justificarse que no haya dinero para los servicios públicos.

Los gobernantes están vendiendo los países, transfiriendo a manos privadas activos del sector público que han sido financiados por los impuestos de los contribuyentes, y que sirven para satisfacer las necesidades de una forma más colectiva. Los derechos sociales están siendo desmantelados a un ritmo acelerado (recortes en sanidad, pensiones, etc), en cambio, las empresas y los bancos han absorbido grandes cantidades de ayudas públicas. Y además, muchos de ellos están obteniendo enormes beneficios. Es aberrante que, aún así, se continúe insistiendo en que no hay dinero. Y lo más grave, se re-formula el estado del bienestar para devaluar los derechos sociales, y se nos dice que para mantener los derechos (pensiones, sanidad, educación) debemos renunciar a buena parte de ellos. Bajo la lógica de los recortes y la privatización, solamente podemos aspirar a un nivel mínimo, muy asistencial, de servicios públicos, y a partir de aquí, que cada cual se ocupe de si mismo y el que pueda, se pague su plan de pensiones y su mutua privada. ¿A qué tipo de sociedad nos lleva el hecho de que una supuesta eficiencia económica se anteponga al bienestar de la gente? ¿y de que el individualismo y la competencia rija el comportamiento de las personas?

 

Todos estos argumentos, y muchos otros, son absolutamente falsos. 

La realidad de la privatización suele estar muy alejada de los planteamientos teóricos que la defienden: los servicios privados no son más baratos, y casi nunca de mejor calidad. Que el objetivo último de una actividad sea obtener el máximo beneficio al menor coste implica el deterioro de la calidad del servicio prestado y de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras. Las comparativas indican que el sector público suele ser más eficiente, puesto que no debe generar beneficios para que alguien se los apropie, y porque la producción y gestión conjunta de los bienes y servicios es más económica. Asimismo, está comprobado que las privatizaciones suelen acabar en monopolios u oligopolios privados (telecomunicaciones y la energía). En cuanto a la burocracia, se ha demostrado que ésta no se reduce con la privatización (en sí misma), y que si existe voluntad de mejorarla se puede lograr mediante distintos sistemas de control.

Por otra parte, cuando las empresas públicas producen pérdidas, siempre se destinan numerosos recursos públicos a sanearlas antes de venderlas. No hay duda de que los servicios que se privatizan en última instancia tienen que ser rentables, porque sino no habría empresas dispuestas a explotarlos. Y si son rentables, significa que el sector público renuncia al patrimonio que ha acumulado y los recursos futuros para cederlos a una empresa privada (pan para hoy, hambre para mañana) En los casos en que las empresas privadas actúan conjuntamente con la administración para hacerse cargo de la producción de servicios de titularidad pública, siempre lo hacen a cambio de unas rentabilidades que van a costa de los ciudadanos, ya que las pagamos mediante impuestos e incluso mediante precios. Y además, la administración, que mantiene la titularidad del servicio, sigue siendo responsable, con lo cual las empresas no han de asumir los riesgos de que el negocio salga mal.

Las privatizaciones son una oportunidad extraordinaria para el capital. Se está dando un impulso a la supervivencia del capitalismo ampliando su campo de expansión mediante la apropiación de las riquezas materiales colectivas y la degradación de los derechos sociales.

LAS VERDADERAS RAZONES DE LA PRIVATIZACIÓN. TODO LO QUE DÉ DINERO, DEBE SER PRIVADO, Y LO QUE ARROJE PÉRDIDAS, PÚBLICO

Es escandaloso que todos los sectores que influyen en la opinión pública desprestigien todo lo público, especialmente los servicios de carácter social, y que escondan las verdaderas razones de la privatización. Que son, en estos momentos, que el capital está aprovechando las convulsiones de los mercados y los apuros de las finanzas de los gobiernos para imponer una reestructuración del Estado de gran calado, que no es nueva, pero que ahora se intensifica. La privatización no se explica por unas decisiones concretas que han supuesto unas ventajas puntuales, sobretodo ingresos al erario público. Se trata de una cuestión más amplia. La estrategia neoliberal ha llevado a una recomposición del poder del capital transformando todas las áreas de la actividad económica y social. Los intereses empresariales (llamados genéricamente “competitividad” para ocultar que benefician a unos pocos ricos muy poderosos) están dictando el rumbo de las políticas públicas y están impulsando, de nuevo y con mucha dureza que el mercado sea el principal proveedor de las mercancías que las personas debemos comprar para satisfacer nuestras necesidades, lo que da lugar a la privatización de los beneficio y, la socialización de las pérdidas. El duro ajuste que castiga actualmente las clases trabajadoras es el resultado de un modelo económico que se basa en reducir el contenido social de los estados a su mínima expresión, tanto a nivel de prestaciones sociales, como a nivel de derechos económicos y laborales, y de re-configurar la actuación pública a favor del mercado. El neoliberalismo ha privilegiado unos sectores económicos y unas estrategias que han logrado limitar estrechamente la actuación del sector público y restringir fuertemente las posibilidades de mantener, o ampliar, la actividad del Estado, y especialmente los derechos sociales. Las poblaciones somos rehenes de los mercados financieros internacionales, la competitividad y las instituciones globales (FMI, BM, UE), que han estado imponiendo sus intereses durante mucho tiempo, y han modelado la realidad económica, política y social a su medida. Es en estos términos en los que debemos comprender las privatizaciones actuales. ¡Se aprovecha la crisis para reforzar el viraje de las políticas públicas a los dictados de los beneficios y dar un duro golpe contra los derechos sociales! Los intereses privados son capaces de ejercer tal influencia queel estado muestra con gran dureza su carácter de clase, y acelera el paso de la pérdida de la limitada democracia que había adquirido.

Las privatizaciones actuales responden a presión de los capitales por ampliar su campo de actuación. El capital, especialmente el financiero, busca expandirse permanentemente para poder obtener beneficios en todos los ámbitos y los invade y mercantiliza. La razón de fondo de la transformación de lo público a lo privado son los intereses y la presión que ejercen los grandes capitales. Para seguir creciendo, los bienes y servicios que correspondían al ámbito público deben convertirse en un campo que genere beneficios directos Los capitales procuran la privatización, a ser posible a muy buen precio, de empresas energéticas, de telecomunicaciones, sanitarias, de construcción, bancos, escuelas, etc. para obtener beneficios con ellas. El ejemplo más claro es cómo el recorte de las pensiones y de la sanidad públicas hace que la población contrate seguros privados (mutuas de salud, fondos de pensiones). Y esto es más evidente en la crisis actual, cuando con una producción y unos beneficios muy deteriorados, los capitales presionan para conquistar el patrimonio público y los derechos sociales.

NO LES OBLIGAREMOS A VENDER LA ACRÓPOLIS. * PRIVATIZACIONES EN EUROPA.

* De hecho, ni siquiera la Acropolis se queda al margen de la privatización. Según un periódico italiano, el gobierno de Finlandia llegó a pedir que Grecia aportara el Partenón, e incluso algunas de sus islas, como avales al segundo rescate. “Crisi greca: in caso di fallimento la Finlandia vuole il Partenone in garanzi” Corriere della sera, 21-07-2011.

Las actuales medidas de corte neoliberal son la continuidad de un largo proceso de recorte de los derechos sociales, laborales, privatizaciones y liberalizaciones que abarca un par de décadas, y que tomó un impulso definitivo con la integración europea. Con motivo del cumplimiento de los criterios de Maastricht, que requerían la reducción del déficit público, la deuda pública y la inflación, se llevó a cabo una política económica de ajuste, que incluyó una fuerte oleada de privatizaciones. El neoliberalismo consiguió penetrar definitivamente en el terreno político e ideológico desplegando una propaganda favorable a la integración europea, y la simpatía que Europa generó en la opinión pública consiguió camuflar los efectos reales de tal proyecto. En cambio, con la crisis, el contexto actual no es tan, aparentemente, amable. En los últimos años, a lo largo del planeta, los momentos de gran conmoción y confusión han sido aprovechados para hacer reformas impopulares a favor de la libertad de mercado (“terapia de choque”). Las actuales privatizaciones y ataques contra los derechos se emprenden en un clima de convulsión, y se nos plantean como esfuerzos aparentemente necesarios para evitar catástrofes de mayor envergadura, cuando en realidad nos encuadran en el peor escenario posible. La crisis de la deuda pública, alimentada por el miedo al ataque especulativo de los mercados financieros, y el posible fracaso o salida del euro, es el escenario de las reformas estructurales destinadas a calmar las ansias de unos mercados financieros entusiastas de la doctrina neoliberal. Los episodios de convulsión en la cotización de los títulos de la deuda pública sirven de telón de fondo de privatizaciones masivas. El rescate de Grecia y Portugal imponen privatizaciones para financiar la deuda, y otros países hacen lo mismo ante la amenaza del rescate.

Grecia (50.000 millones de euros). “No les obligaremos a vender la Acrópolis, aunque sí todo lo que puedan privatizar” dijo el ministro holandés de Economía, Jan Kees de Jager, ante el segundo rescate a Grecia. El programa de privatizaciones griego es el mayor de la historia, y supone el 20% del PIB del país. Para el 2015, Grecia habrá privatizado el 34,3% de su PIB, superando a Hungría, país anteriormente del socialismo real, que entre el 1991 y el 1998 había privatizado el 32% de su economía. La lista de privatizaciones abarca todo tipo de actividades. Planean vender la participación en los dos puertos, 39 aeropuertos, la lotería estatal, la concesión de hipódromos, casino, el correo oficial, dos empresas de aguas, una minera de níquel, cientos de millas de rutas, una telefónica, acciones en dos bancos, las empresas nacionales de gas y electricidad y miles de hectáreas de tierras –incluidas franjas costeras.

Irlanda (5.000 millones de euros). Están en proceso de privatización la aerolínea nacional, puertos, centrales eléctricas y hasta los jardines National Stud. Un informe elaborado por el gobierno sugiere ampliar las privatizaciones a empresas de electricidad y de gas, el puerto, una línea de autobús y aerolíneas y la autoridad reguladora de la aviación y e tráfico aéreo, e incluso privatizar los bosques. Además de aspirar a vender las participaciones en los cinco bancos rescatados.

Estado español (14.000 millones de euros). Está en proceso de venderse el 30% de Loterías y Apuestas del Estado, el 49% de Aena y la adjudicación de concesiones para los aeropuertos de Barajas y El Prat.

Portugal (5.500 millones de euros). Se aceleran las ventas de las eléctricas, Aeropuertos de Portugal y una aerolínea pública, y están en proceso de privatizarse empresas energéticas, de correos, de seguros y banca.

Italia (2.400 millones de euros). Se van a vender las frecuencias de radio.

Gran Bretaña (2.300 millones de euros). Prevén ventas en el servicio de control de tráfico aéreo, la empresa estatal de apuestas, la banda ancha de móvil, buques navales liberados del servicio y hasta bosques, ríos y colecciones de vino. Planean también la venta de datos públicos al sector privado. El primer ministro británico, David Cameron, en un artículo en “The Daily Telegraph” quiere que todos los servicios públicos del país se gestionen en el futuro por empresas privadas (ciudadanos, ONGs y empresas con ánimo de lucro), y terminar con lo que llama “el monopolio del Estado”. Justifica la privatización casi total (el Estado Mínimo se reserva la seguridad y la justicia) del sector público con las ideas de que “se pondrá el poder en manos de la gente”, “los profesionales recuperarán su responsabilidad” y “habrá más libertad, más posibilidades de elegir y más control local”.

Las presiones ideológicas a favor de la privatización han hecho que pase de considerarse un instrumento (en el contexto actual, para ingresar dinero en las arcas públicas) a convertirse un objetivo en sí mismo.

LAS PRIVATIZACIONES EN EL ESTADO ESPAÑOL

La privatización se concreta en la transferencia de actividades públicas a empresas y otras instituciones privadas. La venta de activos públicos es el ejemplo más claro de privatización, pero no es ya la forma más habitual porque el sector público ya ha vendido la gran mayoría de sus empresas. Aún así, parece que están dispuestos a privatizar lo poco que aún queda. Debemos entender la privatización en un sentido amplio. Se está llevando cabo una avalancha de privatizaciones y liberalizaciones, muchas de ellas de enorme relevancia. Es imposible entrar en el detalle de todos los ejemplos de privatizaciones, puesto que son numerosos y afectan a áreas y territorios diferentes. Tienen un largo recorrido, ya que en los años anteriores se han venido haciendo las reformas legales necesarias para que tengan lugar algunas privatizaciones, mientras que en otros casos se ha iniciado un proceso que irá avanzando en los próximos meses. A continuación presentamos algunas de sus principales estrategias y algunos casos recientes, pero sólo trataremos algunos de los ejemplos más paradigmáticos o que tienen un impacto más amplio.

En el caso español, las privatizaciones industriales se iniciaron en los 80 con el desmantelamiento del INI y se aceleraron durante la segunda mitad de los 90. En el Estado Español, pocos servicios como agua, luz, energía y comunicaciones fueron públicos, excepto RENFE, Telefónica y alguna empresa más. Si bien en el franquismo los servicios del Estado de bienestar fueron mínimos, con la transición aumentaron, aunque sus niveles siempre se han mantenido alejados de la media europea. Siempre ha existido la provisión privada de servicios sociales (mutuas de salud, educación concertada, universidades privadas, pensiones privadas voluntarias,…) pero es a partir de los 90 cuando estos servicios experimentan un auge, ya que el mercado se expande en los ámbitos susceptibles de generar beneficios, forzando la retirada de la actuación pública y mercantilizando los bienes y servicios necesarios para la reproducción social.

Al llegar el nuevo siglo prácticamente la totalidad de las empresas industriales y la gran mayoría de las de servicios públicos ya se habían privatizado; y con el argumento de la crisis, se está intentando avanzar en la privatización de todos los derechos sociales: cuando la cobertura pública se degrada, o es inexistente, las personas se ven incentivadas a recurrir al mercado, en una especie de ‘privatización voluntaria’. La hoja de ruta de la privatización de la sanidad y la educación, como de otros servicios públicos, ha consistido en deteriorar el servicio. Así, las personas (que se lo puedan permitir) van a preferir contratar un seguro privado6. Los recortes en la sanidad, la educación y algunos servicios sociales que están acometiendo los gobiernos (son competencias de las Comunidades Autónomas) no implican solamente un equilibrio de las finanzas públicas a costa de la pérdida de bienestar para la población, son también un apuesta para que los ciudadanos destinen sus recursos a los mercados privados. La reforma de las pensiones, que reduce el nivel de las prestaciones que recibirán los trabajadores cuando se jubilen, fomenta que los ciudadanos contraten planes de ahorro privados para compensar lo que pierden. Los capitales financieros llevan mucho tiempo presionando a los gobiernos para reformar sus sistemas de pensiones en esta dirección.

Las pocas empresas productivas que quedan se están privatizando. Los ejemplos más recientes de la venta de parte de empresas públicas son Aena y Loterías y Apuestas del Estado, dos procesos muy relevantes, tanto por sus importes como por los cambios que supondrán en el funcionamiento de estos sectores. Aena se ha transformado en una sociedad anónima, Aena Aeropuertos, de la cual se venderá el 49% del capital y posteriormente se prevé sacarla a bolsa. Aena, justo antes de privatizarse, era deficitaria, pero esto no puede atribuirse a una mala gestión de lo público. Se habían hecho grandes inversiones de modernización y ampliación de aeropuertos, que responden a motivos estratégicos a largo plazo, incluso a razones políticas, y no a las rentabilidades inmediatas (T1 de El Prat y HUB Barajas). De hecho, se espera que el año 2012 genere beneficios, y el siguiente empiece a reducir el endeudamiento. Aena Aeropuertos se ha convertido en el primer gestor aeroportuario del mundo y cuenta con un patrimonio neto de 2.600 millones de euros, el 60% en capital y el resto en forma de reservas. También se venderá, sacando a bolsa, el 30% de Loterías y apuestas del Estado, una entidad con más de 150 años que se convertirá en la mayor empresa de juego, valorada en 25.000 millones.

Actualmente, de los servicios sociales, se ha completado ya la ley de Reforma de las Pensiones que supone un fuerte deterioro de las pensiones públicas y se observa que uno de los ámbitos en los que parece que el intento privatizador esta planificándose con más intensidad es el sector sanitario.

El pensionazo, los terceros Pactos de Toledo. La reforma de las pensiones tiene como objetivo reducir el nivel de prestaciones, ante lo cual están forzando a los ciudadanos a tener planes de ahorro privados para compensar lo que pierden en el ámbito público. Entre las recomendaciones de reforma de las pensiones del Pacto de Toledo, se encuentra la de promocionar, mediante incentivos fiscales, la extensión del sistema de pensiones complementario, es decir, las pensiones privadas. Los capitales financieros están presionando a los gobiernos para reformar sus sistemas de pensiones. “La razón de fondo de la transformación de lo público a lo privado, no es ninguna necesidad real, sino los intereses y el poder de hacer presión de los grandes inversores privados institucionales. Privatizar los servicios sociales les proporciona billones de contribuciones de seguros privados (mutuas de salud, fondos de pensiones) para invertir en los mercados financieros y ganar dinero con ellos (y llevarnos a la crisis).7”

La reforma de las pensiones del 2011, los terceros Pactos de Toledo, ha introducido unos cambios muy sustanciales en los criterios de los cálculos del importe de la pensión. Todos ellos tienen como objetivo reducir la cuantía de las mismas y exigir mayores cotizaciones. Para acceder al 100% de la pensión, tendremos que trabajar más años (antes eran 35, y con la reforma serán 38,5) y jubilarnos a una edad más avanzada (de los 65 ha pasado a los 67). Las perspectivas laborales señalan que el alto nivel de paro va para largo y que la precariedad no se va a reducir, sino que irá en aumento. Con lo cual, trabajar más va a ser muy difícil, y en muchos casos a costa de forzar a los trabajadores a aceptar peores trabajos. La jubilación anticipada, con penalización, y el paro en los años anteriores a la jubilación harán que la cuantía de las pensiones se reduzca. Por otra parta, alarga el período de cálculo de la base reguladora (se computarán los últimos 25 años de la vida laboral, cuando antes eran 15). Como los salarios más antiguos suelen ser muy menores a los que se van adquiriendo a lo largo de la vida laboral, esta medida provocará un intenso recorte de los importes de las pensiones. Diversas estimaciones señalan todas estas medidas, sobretodo esta última, reducirán la pensión media entre un 20% y un 40%8.

La hoja de ruta de la privatización de la salud. 

En primer lugar, la privatización de los servicios de salud ha consistido en deteriorar el servicio público, así se orienta a las personas que se lo puedan permitir a suscribir contratos de seguros privados. La sanidad pública es un derecho universal, por lo tanto la necesidad del servicio es muy amplia, sin embargo los recursos con los que ha contado siempre han sido limitados. Ya antes de los recortes actuales del gasto en salud, las plantillas siempre eran insuficientes y las listas de espera demasiado largas. Las políticas de austeridad impuestas a raíz de la crisis de la deuda van a fijar su objetivo en la sanidad, porque constituye la política pública a la que se dedican más recursos, pero también porque las empresas del ámbito sanitario son muy potentes. En los años 2010 y 2011 se han dado los primeros recortes en los presupuestos de salud de las Comunidades Autónomas.

Además de las ventajas que el mercado de mutuas, clínicas y todo tipo de servicios sanitarios logran con los recortes, la sanidad pública es una fuente de ingresos para éstas, ya que el destino de los recursos es opaco debido a la penetración de lo privado en la estructura pública. Por ejemplo, se atienden muchas consultas privadas en instalaciones públicas9 y ha proliferado el número de intermediarios: empresas privadas, subcontrataciones, externalizaciones, etc. Y cada uno de ellos haciendo negocio con nuestro dinero y con nuestra salud.

La ley 15/97 de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad” permite que la gestión y administración de los centros sanitarios se lleve a cabo por cualquier tipo de entidad y que la prestación y la gestión de los servicios sanitarios sea realizada por entidades privadas lucrativas. Y, a partir de ella, las Comunidades Autónomas se han lanzado a privatizar los centros. En cuanto a la atención privada, muchas áreas básicas de salud en Cataluña están gestionadas por entidades privadas (Entidades de Base Asociativa), y en el País Valencià, se han hecho concesiones privadas para gestionar los centros. En hospitales, se ha desarrollado el modelo de CPP10 en la construcción y explotación. La Organización Mundial de la Salud advirtió en un estudio del 2006 que dejar la sanidad pública en manos del sector privado acaba siendo más costoso, mucho más complejo y a veces, va en detrimento de la calidad. Los hospitales privados, para ser rentables, ofrecen las especialidades básicas, pero aquellas especialidades que atienden a pacientes crónicos o de urgencias, que son mucho más caras de ofrecer (y por lo tanto, menos rentables) se derivan a los hospitales públicos. Y en estos, ha disminuido el número de camas. Diferentes estudios internacionales confirman que los centros sanitarios lucrativos tienen tasas de mortalidad superiores a los no lucrativos y que resultan más costosos para los ciudadanos que los públicos11. Los cuatro hospitales-fundación de España han sido acusados de hacer trabajar más horas a su personal y de especializarse en los servicios médicos más lucrativos, dejando el resto a otros hospitales. 17 de los 45 hospitales inaugurados en los últimos cinco años tienen gestión privada.

Hay distintos modelos de privatización de los hospitales. En la PFI o CPP –Iniciativa Privada de Financiación y Colaboración Pública Privada-, se cede a las empresas la construcción del edificio, la dotación del equipamiento y la contratación del personal no sanitario. Los trabajadores sanitarios siguen siendo trabajadores públicos. Esta modalidad da entrada en la sanidad a las grandes empresas constructoras (ACS, FCC, SACYR, etc.). En el modelo Alzira, se añade también la contratación del personal sanitario y también se incluye la atención primaria y especializada. Lo que da entrada a las grandes empresas sanitarias (ADESLAS, ASISA, SANITAS, ADV, etc.). Por otra parte, en el modelo catalán la red de hospitales, centros de atención primaria y especialidades es mixta, y está gestionada por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia.

En los centros de salud han sido intensas las externalizaciones de los servicios. En las llamadas “zonas complementarias de explotación comercial” (tiendas, restaurantes, servicios de vending, etc ) hay empresas privadas, y numerosos servicios, como la limpieza, los laboratorios y recepción de llamadas, son externalizados. Las intervenciones y las pruebas diagnósticas se derivan a empresas y hospitales no públicos, y se hacen conciertos con la red privada. Se ceden a sectores privados de aquellos servicios sanitarios mas rentables (radiología, cirugía de corta estancia…). Poco a poco, van eliminando servicios que se hacían en los centros sanitarios públicos. Y las empresas privadas, como deben maximizar los beneficios, descuidan la calidad del servicio, con las graves consecuencias que esto tiene cuando se trata de la salud: contagio de enfermedades por la mala limpieza, degradación de las muestras del laboratorio y de sus resultados, etc. Por otra parte, el ámbito de la investigación médica está en manos de las empresas privadas de tecnología y farmacología y, más recientemente, de instituciones y fundaciones privadas.

Por último, señalar la proliferación de las formas de gerencialismo, o gestión según la regulación privada. Ver más adelante. Por ejemplo, la competencia de los centros sanitarios: la libre elección del centro sanitario induce una competencia de los centros por los pacientes y procesos más rentables, como son las intervenciones sencillas y pacientes sin enfermedades crónicas ni complicadas. O también la gestión del personal según incentivos salariales al ahorro de costes (medicamentos, pruebas, derivaciones al hospital) y a la productividad (más pacientes). O también la factura a la sombra, que establece cambio en el método de anotar las intervenciones para informar al paciente de su coste.

Además de lo señalado, se tratan de impulsar otras direcciones para reducir y mercantilizar la sanidad pública. Como el copago, que consiste en hacer pagar al usuario un importe por las visitas o los tratamientos. En muchos países europeos se cobran las consultas a especialistas y, en algunos casos, a medicina general. Como resultado, ha disminuido la utilización de los servicios entre los sectores más pobres. Por otra parte, la re-definición de las carteras de servicio podría eliminar tratamientos que se ofrecen gratuitamente en los centros públicos.

 

La mercantilización de la educación. 

La privatización de la educación también está teniendo lugar a distintos niveles. Por un lado, los centros educativos privados están adquiriendo un mayor protagonismo, muchos servicios se han externalizado y en algunos casos implican un mayor gasto para las familias (limpieza, seguridad, actividades extraescolares, comedores, copisterías, etc). Por otra parte, la educación pública es un ámbito sometido a una profunda mercantilización. Las escuelas y universidades adecuan sus programas educativos a las demandas de las empresas privadas respecto a la formación de la mano de obra que requieren. Además, se están transformando (organización, financiación, contratación y gestión del personal docente,…) para operar según los principios y prácticas de las empresas públicas. “La educación no tendrá posibilidad de ser un proyecto social y político pensado para la emancipación de los individuos, sino que estará al servicio de las necesidades e intereses económicos, gestionada desde una óptica empresarial, actuando para obtener los máximos beneficios al menor costo posible”12.

En educación primaria y secundaria, la administración ha estado fomentando la expansión de los centros privados mediante los conciertos, financiándolos con fondos públicos. Al principio, se contemplaba la escuela concertada como alternativa cuando la infraestructura pública quedaba saturada y no podía absorber todo el alumnado. Pero con el tiempo, la parte concertada ha ido recibiendo mayores recursos, mientras que los centros públicos han tenido mayores limitaciones. En la actualidad, las escuelas públicas sufren recortes, algunas incluso se cierran, y se mantienen las subvenciones a las concertadas, a las que se derivan un mayor número de alumnos. En teoría, los centros concertados deberían cumplir con los criterios de gratuidad, no selección de alumnado y participación del consejo escolar, similares a los de los centros públicos, pero muchos estudios demuestran que, a la práctica, segregan y empeoran la desigualdad de oportunidades, y además hacen pagar a las familias más dinero por conceptos de actividades extraescolares, comedor e incluso clases lectivas. En los últimos años (Pacto Social y Político por la Educación, 2010), la educación ha sido objeto de una desregulación y reorientación hacia un modelo que, con el objeto de facilitar la libertad de elegir el centro educativo, fomenta la competencia entre centros. La organización educativa está importando métodos y criterios que imitan la gestión empresarial. De esta manera, se están copiando las prácticas del mercado, y se están volviendo más selectivas. La mercantilización es mucho más intensa en la educación infantil, la formación profesional, la educación de adultos y la educación especial.

En el ámbito universitario, el proceso de transformación del modelo hacia la privatización tuvo su impulso determinante con el Plan Bolonia, o Espacio de Enseñanza Europeo, que ahora está en proceso de consolidación con la Estrategia Universidad 2015. Bolonia supuso una reestructuración de las carreras y del método de enseñanza que obedeció a adaptar el contenido educativo a los requerimientos de las empresas privadas. Los cambios en el método de financiación están dando más peso a la financiación privada, por ejemplo, se aumentan las tasas y se introducen las becaspréstamos, que los estudiantes deberán devolver en el futuro. Y los se adoptan métodos de gestión similares a los de la empresa privada (gerencialismo). Por ejemplo, las universidades compiten entre si y reciben financiación en función de los resultados. La Estrategia Universidad 2015 ahonda en aspectos como la “transferencia del conocimiento”, en el que se prioriza que la Universidad haga investigaciones para el mundo empresarial a cambio de la financiación privada (proliferación de Cátedras-empresa y masters privados); o como el gerencialismo, orientando la dirección a los criterios de rendimiento y calidad y dando una creciente presencia a los actores privados en los órganos de dirección.

 

Otras formas de privatización. Ya hemos dicho anteriormente que las formas de privatización se han ampliado y hecho más y más sofisticadas. Ya no se trata sólo de vender las empresas y los servicios públicos sino que se recurre a múltiples combinaciones que suponen un aumento de los intereses privados incluso dentro del ámbito de las prestaciones públicas. Entre ellas se pueden destacar:

Contratación externa de servicios. 

Sobretodo en el ámbito local, cuyos ingresos se han visto deteriorados por el impacto de la crisis en el sector inmobiliario, todo tipo de servicios municipales se están contratando a empresas externas cada vez más. La lista de servicios comprende desde aquellos que se prestan en los equipamientos y espacios (limpieza, comedores, vigilancia, mantenimiento, etc), hasta las actividades de gestión propias de la administración pública.13

Colaboración público-privada. 

La Colaboración Público-Privada (CPP) va más allá de la contratación externa y es un conjunto de formas que sirven para dar entrada, durante un largo período de tiempo, al capital privado en la construcción y explotación de infraestructuras públicas. La CPP se ha desarrollado ampliamente en el Estado Español en carreteras y ferrocarril, y actualmente hay mucho interés en utilizar este instrumento en otros ámbitos, especialmente los hospitales o los equipamientos públicos. La CPP se concreta en modelos muy distintos. Aquí la forma más habitual es la concesión, contrato mediante el cual las empresas privadas ponen los medios y la financiación para la construcción de la obra, a cambio del derecho de explotarla durante un largo período de tiempo y cobrar un peaje de los usuarios, o bien un canon (peaje a la sombra) pagado por la Administración. En los contratos de concesión de gestión, las empresas prestan directamente el servicio y asumen el riesgo (beneficio) de la actividad. Las empresas que intervienen son fundaciones, sociedades anónimas, empresas privadas subcontratadas, consorcios, etc.

Últimamente se han llevado a cabo diversos procesos de enorme relevancia de privatización de la prestación de servicios en el ámbito del sector público mediante concesiones. Los aeropuertos del Prat y de Barajas pasarán a ser gestionados de forma privada, mediante el sistema de concesiones que se realizarán el 2011. Abertis y Ferrovial son las empresas más interesadas en obtener las concesiones. Aena Aeropuertos prevé una participación minoritaria en el capital de las empresas concesionarias. El saqueo incluye un contrato de 2 millones de euros más un porcentaje sobre las ventas para que el banco de inversión Royal Bank of Scotland se ocupe, además de la venta de parte del capital de Aena y su salida a bolsa, de crear empresas filiales y de los contratos de concesión. En los aeropuertos, la privatización mediante concesiones también abarcará las torres de control. Seis empresas han presentado ofertas para concursos del servicio de control de torre de 13 aeropuertos, cuyo importe total es de 18,9 millones de euros. La adjudicación definitiva será en octubre del 201114. La Reforma Laboral del 2010 permitió la existencia de agencias privadas de colocación (se han autorizado ya 3 agencias) y alentó la participación de la iniciativa privada en los servicios públicos de empleo, que podrán contratarlas mediante un convenio. Tendrán la exclusiva para ocupar puestos de trabajo temporal en las administraciones.

Con la crisis, los presupuestos de las distintas administraciones públicas están sometidos a la austeridad, por lo que la inversión en infraestructuras públicas se ha reducido, y en consecuencia también la CPP. De hecho, los compromisos contraídos antes de la crisis respecto a las CPP hacen que el pago de elevados cánones resulten un lastre porque absorben recursos públicos para financiar obras que, en contexto de restricción presupuestaria, resultan de dudosa utilidad. Pero esta formula se está expandiendo entre las nuevas actuaciones que se planean, porque durante los primeros años que se pone en marcha no generan déficit ni deuda, porque las empresas privadas anticipan la financiación, y el pago del canon se retrasa hasta que la obra esté construida. Lo que suele ocurrir es que, en la práctica, el coste de la obra y de su explotación termina siendo más elevado que si es una empresa pública la que lo realiza, recurriendo al endeudamiento. Porque la planificación a largo plazo tiene riesgos y la administración acaba responsabilizándose de los sobrecostes, y además las rentabilidades que deben ofrecerse para atraer el capital privado deben ser elevadas. La CPP como instrumento de financiación de inversiones públicas, supone un mayor coste de las obras por la carga financiera. Ofrece a las constructoras amplias garantías públicas para la construcción y explotación de la obra, además de ingresos asegurados. Con la CPP, el sector privado obtiene beneficios con los mínimos riesgos.

El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), se diseñó en el 2010 como el plan de CPP en inversiones más importante hasta la fecha. Pretendía movilizar 17.000 millones de euros, y el Estado no tendrá que empezar a pagar los cánones hasta el 2014 (después del período en que la Unión Europea exige reducir el déficit), en que se prevé que se pongan en servicio los proyectos. A partir de entonces deberá pagar durante los 25 o 30 años que duran las concesiones. Las constructoras, representadas por la patronal SEOPAN, habían ejercido una gran presión en el diseño del Plan. Habían conseguido, por ejemplo, una alta rentabilidad (entre el 8% y el 10%, que según Expansión, “será la más alta del panorama de las infraestructuras y más del doble que el mejor depósito bancario”15), además de amplia cobertura pública para la financiación. Pero la austeridad presupuestaria del gobierno ha desinflado este proyecto, y a la práctica se acabarán haciendo menos de un tercio de las concesiones planeadas. Casi todos los que se saquen a concurso en 2011, serían licitaciones planeadas para el 201016.

Funcionamiento mercantil de la actividad del sector público. 

 La gestión del sector público está adoptando los esquemas de la empresa privada. Se introducen criterios y métodos de gestión mercantiles (gerencialismo) de los servicios públicos, primando el logro de mínimos costes independientemente de la calidad del servicio. Particularmente en la gestión de centros sanitarios y educativos, potenciando una perversa autonomía que potencia la competencia y los mercados internos, y la baja remuneración del personal, estableciendo sueldos variables en función de objetivos calcados de la empresa privada relacionados con el ahorro de recursos, productividad, etc.

Aunque no forman parte del sector público, las Cajas de Ahorro estaban reguladas según criterios sociales y territoriales, que las orientaban a la obra social, el desarrollo regional y apoyo a las familias y pequeñas empresas. La reciente reforma de las Cajas de Ahorro ha supuesto la completa transformación de las mismas en bancos. Las cajas de ahorro surgieron para combatir la usura que sufrían los pobres y los pequeños agricultores. Son entidades sin ánimo de lucro, sin accionistas, y sus beneficios deben invertirse en obra social y en la propia entidad para asegurar su solvencia. Su estatus legal las orienta al desarrollo regional, financiando las familias y las pequeñas empresas del territorio. A lo largo del tiempo, las cajas de ahorro se han distanciado mucho de estos objetivos originarios. La liberalización de Fuentes Quintana del 1977 supuso un cambio profundo porque amplió su campo de operaciones y estableció una estructura de dirección y gobierno parecida a la de los bancos. Más adelante, en 1988, se autorizó la libre expansión geográfica. Las cajas han ido adoptando estrategias cada vez más competitivas, dejando de cooperar entre ellas y de priorizar la proximidad y participación popular. Han venido perdiendo su arraigo territorial y social, porque han desviado el ahorro que captan de las familias hacia actividades ajenas al entorno.

Esta mayor orientación a la competencia ha sido la principal causante de los problemas que ahora están atravesando: morosidad, descapitalización, etc. “Buscando la rentabilidad se inmiscuyeron en el juego especulador, desnaturalizaron su función y en lugar de intermediar entre el ahorro y la actividad productiva lo hicieron entre el ahorro y los mercados financieros especulativos a través de operaciones muy arriesgadas que al final salieron mal, como no podía ser de otro modo, y las han descapitalizado.”17 El 2010, la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA) establece distintas vías de la privatización de las cajas. Más adelante, con la exigencia de aumentar su capitalización, se las fuerza a reconvertirse en bancos. Con esta reforma, el patrimonio financiero de las cajas de ahorro, que por su naturaleza corresponde al ahorro popular, acaba en manos de los bancos, los ya existentes o los que se están creando, y así, los capitales financieros adquieren las cajas a buen precio. “El sistema financiero español se hubiera beneficiado mucho de un saneamiento y refundación de las cajas bajo una estructura pública en lugar de ofrecer toda su experiencia histórica, sus recursos y el patrimonio acumulado al sector privado, que logra disminuir la competencia y obtener estimulantes perspectivas de negocios futuros a buen precio. Una operación redonda para la banca”.18 En algunos casos, la cajas pueden ser intervenidas por el Estado, que las sanearán con dinero público y luego las venderán a precios muy favorables (Caja de Ahorros del Mediterráneo ya ha sido “nacionalizada” con este objetivo).

 

Constituir un clima favorable a la libre actuación empresarial. 

No solamente se esta recurriendo a elaboradas fórmulas para aumentar la presencia del sector privado en todos los ámbitos que habían formado parte del entramado público, sino que los gobiernos del Estado (gobierno central y los de las CC.AA.) están modificando la legislación para facilitar los negocios de las empresas, especialmente estableciendo numerosas Medidas de Reducción de Cargas Administrativas, medidas que relajan las obligaciones de los entes privados frente a la Administración pública. Se han hecho paquetes de estas medidas en varias ocasiones, por ejemplo, el 28 de diciembre del 2010, con 88 medidas que incluyen simplificación de las obligaciones y los trámites. Otro ejemplo es el Real Decreto Ley de Medidas para fomentar la actividad empresarial, la inversión y el empleo, que incluye un conjunto de medidas liberalizadoras de la actividad económica, destinadas a eliminar cargas económicas y administrativas sobre las empresas. En el terreno fiscal, se han rebajado los impuestos a las empresas, y se han acelerado devoluciones y se han permitido aplazamientos de los pagos y se ha establecido la libertad de amortización en el impuesto de sociedades. Hay que considerar que todo esto no se limita a reducir la “burocracia innecesaria” que impide agilizar la actividad empresarial. Se está promoviendo la liberalización del mercado para desmantelar los controles y regulaciones públicas destinadas a proteger aspectos laborales, sociales y ambientales de la actividad económica. Por otra parte, las rebajas fiscales a las empresas suponen cierta reducción de ingresos públicos, tan necesarios en el contexto de déficit, y una menor progresividad del sistema fiscal.

El anteproyecto de la Llei Òmnibus del gobierno catalán, que da continuidad a la ley estatal del 2009, es otra gran dosis de neoliberalismo. Sus objetivos son reducir la regulación pública y hacer penetrar el mercado privado en los servicios públicos. Se aprovecha la crisis para llevar a cabo la liberalización de los servicios, especialmente los del Estado de bienestar, impulsada por la directiva Bolkestein de la Unión Europea. Se trata de eliminar los obstáculos para los servicios, como son las exigencias administrativas, las legislaciones ambientales, y la protección de los trabajadores y consumidores, de los colectivos sociales y territoriales más débiles. Empresas de sectores como la construcción, sanidad, servicios sociales, aguas y automoción obtienen amplias ventajas. Se autoriza la opción de ser titular de más de una vivienda de protección oficial, se derogan los mínimos de vivienda social en las promociones, las instalaciones públicas del Institut Català de la Salut pueden ser utilizadas por clínicas privadas, se privatiza el agua Ter-Llobregat, entre muchas otras medidas del mismo corte.

 

Nota final. 

Se puede observar que en este artículo ni siquiera hemos mencionado el sector de la vivienda, a pesar de tratarse de un importante derecho social. No es un olvido, sino la consecuencia de que ya antes de la crisis inmobiliaria la presencia del sector público en el mismo era muy limitada y que, tras la crisis inmobiliaria, sólo se ha ampliado el precio al que se pueden construir y vender viviendas de protección oficial y liberalizado la compra de las mismas19, para apoyar al quebrado sector de la construcción, pero en ningún caso el sector público se ha hecho presente en aquellos ámbitos del sector con más problemas, como en el caso de los desahucios. Al contrario, los grandes partidos parlamentarios se están oponiendo con todo su poder al cambio de la legislación que ayude, siquiera mínimamente, a las familias con problemas, como la petición de la dación en pago. En conjunto, se puede afirmar que en el sector de la vivienda la presencia pública es muy limitada y decreciente, mientras se ha asistido a la casi total privatización del sector en el país. Otra de las razones que ha limitado nuestro tratamiento de este sector es que en el Informe No. 5 de TAIFA: Auge y crisis de la vivienda en España, se trata en detalle de la evolución de dicho sector.

CONCLUSIÓN

Este es un sencillo esbozo de las privatizaciones que se están llevando a cabo y que completan el proceso iniciado a principios de los años ochenta, intensificado en los noventa y prácticamente concluido en la primera década del siglo XXI. Aquí hemos recogido sólo a) algunos ejemplos del desmantelamiento del patrimonio social que la población del estado había logrado acumular con décadas de esfuerzos y acumulación colectiva, que pasa ahora a convertirse en patrimonio de las empresas privadas de este país, comprado además a precios subvalorados, y b) en el caso de privatizaciones de los servicios sociales (educación, sanidad, pensiones) ni siquiera esto, sino la total apertura de forma gratuita a los negocios privados de unos ámbitos esenciales para el funcionamiento y buena vida de las poblaciones que las gentes de generaciones pasadas habían logrado rescatar de los criterios del mercado y conquistado como patrimonio social fundamental. No sólo habremos de luchar por recuperar dichos ámbitos y conquistar otros nuevos por nuestro propio interés, sino también porque es inconcebible que dejemos perder unos derechos tan importantes conquistados con la lucha de las generaciones que nos han precedido. No podemos renunciar a dejar a nuestros hijos la herencia social que nos cedieron nuestros padres y abuelos y que tantos sacrificios les costó. Por nuestros derechos y por mantener los que generaciones anteriores nos han transmitido, no podemos permitir que se privaticen el patrimonio y los derechos sociales.

 

La situación actual nos demuestra que sin una transformación radical de la sociedad es imposible que los bienes y servicios que necesitan las personas atiendan a una lógica colectiva, solidaria y justa.