La provincia de Almería se ha consolidado en los primeros cinco meses de este año como uno de los puntos más críticos en cuanto a siniestralidad laboral en Andalucía. Según el último informe detallado por el sindicato UGT, un total de once personas trabajadoras han perdido la vida en la provincia de Almería en el ejercicio de sus funciones hasta el mes de mayo de 2026. Esta alarmante cifra sitúa al territorio almeriense en la tercera posición de la comunidad autónoma en número de fallecimientos en el entorno de trabajo, únicamente superado por Sevilla, que encabeza la lista con quince decesos, y por Málaga, que registra doce. El preocupante balance provincial, que se completa en el resto del territorio con siete muertes en Cádiz, seis en Córdoba, tres en Granada, tres en Huelva y ninguna en Jaén, pone de manifiesto la grave situación de la seguridad laboral en Almería, donde diez de las muertes se produjeron durante la propia jornada de trabajo y una de ellas ocurrió bajo la modalidad in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al puesto.
Esta dura realidad de la provincia de Almería se enmarca en un escenario autonómico sumamente preocupante, ya que Andalucía se sitúa a la cabeza de la mortalidad laboral en España, concentrando el 19,45% del total de fallecimientos en el tajo registrados en el Estado español. Hasta el mes de mayo de 2026, un total de 57 personas perdieron la vida en el trabajo en la comunidad autónoma, lo que supone un incremento del 14% respecto a las 50 víctimas registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. De estas 57 muertes, 47 se produjeron durante la jornada laboral, lo que representa un aumento de diez casos con respecto al año pasado, mientras que diez fallecimientos ocurrieron en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. Este volumen de pérdidas humanas equivale a lamentar la muerte de un trabajador cada tres días en la comunidad autónoma, donde además se produce un accidente laboral con baja cada cinco minutos.
A nivel de toda la comunidad autónoma, el número total de accidentes de trabajo con baja médica ascendió a 41.821 incidentes hasta mayo de 2026, lo que representa un aumento del 0,81% en comparación con el año anterior y supone el 16,97% de la totalidad de accidentes laborales documentados en España. De este volumen global, 382 siniestros tuvieron un carácter grave, lo que representa el 22,04% de la siniestralidad grave de todo el país, lo que significa que uno de cada cinco accidentes graves de España tiene lugar en suelo andaluz.
Por tipo de contratación y situación profesional, los trabajadores asalariados sufrieron un total de 39.854 accidentes con baja, experimentando un incremento del 1,04% en relación con el ejercicio previo, mientras que la siniestralidad entre los profesionales por cuenta propia o autónomos se situó en 1.967 accidentes, mostrando un retroceso del 3,72%. En cuanto a los fallecimientos totales, 53 correspondieron a trabajadores asalariados, seis más que en el periodo precedente, y cuatro a autónomos, lo que se traduce en un incremento de un caso respecto a las cifras del año anterior.
Centrando la atención en los accidentes ocurridos estrictamente durante la jornada de trabajo, en el territorio andaluz se contabilizaron 35.462 siniestros con baja, un 0,71% más que en el año anterior, representando el 16,86% del total estatal. De ellos, 295 fueron graves y 47 resultaron mortales. Al analizar la distribución por sexos, se observa que el 70,8% de los accidentes en jornada afectaron a hombres, frente al 29,2% que sufrieron las mujeres. Esta brecha de género es aún más drástica en los siniestros mortales en jornada, donde fallecieron 45 hombres y solo dos mujeres.
La principal causa física de estos accidentes con baja fueron los golpes contra objetos inmóviles con el trabajador en movimiento, que sumaron 11.885 casos, es decir, el 33,51% del total de incidentes en jornada. En cuanto a las causas de los fallecimientos en jornada, los infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas lideraron la estadística con 16 muertes, lo que equivale al 34% del total en jornada, seguidos por las lesiones múltiples que segaron la vida de 15 personas. La serie histórica acumulada hasta mayo entre los años 2014 y 2026 demuestra una tendencia ascendente en la mortalidad laboral en jornada, alcanzando picos en los años 2020 con 56 fallecidos y en 2023 con 57 muertes, siendo el registro provisional de este año el cuarto más elevado del periodo analizado.
Por otro lado, los accidentes in itinere acumularon hasta mayo de 2026 un total de 6.359 siniestros con baja en Andalucía, de los cuales 87 tuvieron la consideración de graves y diez fueron mortales. En comparación con el ejercicio previo, esto representó un descenso de 16 accidentes graves y tres accidentes mortales. No obstante, el territorio andaluz concentra el 17,64% del total de siniestros en el trayecto de ida o vuelta registrados en todo el país. La distribución por sexos en este tipo de accidentes presenta una tendencia inversa a la de la jornada de trabajo, afectando en un 46,3% a los hombres y en un 53,7% a las mujeres. La evolución de la mortalidad laboral in itinere en la serie acumulada hasta mayo muestra un comportamiento irregular en forma de dientes de sierra con constantes altibajos, habiendo alcanzado su pico máximo en el año 2022 con un total de 17 personas fallecidas.
Respecto a la distribución de la siniestralidad por sectores de actividad económica, el informe de UGT aclara que la entrada en vigor en 2026 de la nueva clasificación de actividades de actividades económicas en sustitución del modelo de 2009 impide realizar comparaciones o analizar la evolución histórica con periodos previos debido a la falta de equivalencias directas. No obstante, en valores absolutos, el sector servicios acaparó la mayor parte de la siniestralidad con 25.108 accidentes, equivalente al 60% del total, y fue también el que registró más fallecidos, sumando 26 decesos. Por su parte, el sector de la construcción acumuló 6.442 accidentes, es decir, el 15,4% del total, pero destacó con una elevada mortalidad al registrar 17 fallecidos. En la industria se produjeron 6.254 accidentes, el 15% del total, mientras que el sector agrícola contabilizó 4.017 percances, lo que representó el 9,6% del volumen total de siniestros en la comunidad autónoma.
En lo relativo al índice de incidencia de los accidentes de trabajo en jornada, Andalucía registró una media de 213,77 siniestros por cada cien mil trabajadores hasta el mes de mayo de 2026. Aunque este dato refleja un ligero descenso del 2,05% en comparación con el mismo lapso del año anterior, la tasa continúa situándose por encima de la media de España, que se sitúa en 198,7 accidentes por cada cien mil empleados. Por sectores, la construcción presenta el índice de incidencia más elevado con una tasa de 508,18, seguida de la industria con 389,69, mientras que el sector servicios muestra la cifra más baja con 161,11. La construcción destaca de manera muy preocupante al registrar también el mayor índice de incidencia mortal con una tasa de 1,26.
El informe sindical también pone el foco sobre la severa problemática de la infradeclaración de las enfermedades profesionales en el territorio andaluz. A pesar de que Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España en número de asalariados con 3.056.000 trabajadores según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026, concentrando el 16,04% de la fuerza laboral asalariada del país, únicamente declara el 6,71% de los 14.830 partes de enfermedades profesionales registrados en España. Esta proporción contrasta fuertemente con la Comunidad Valenciana, que con el 11,03% de los asalariados del país declara el 26,10% de los partes, o con el País Vasco, que aglutina el 4,53% de los asalariados pero declara el 12,72% de las enfermedades profesionales del país.
En suelo andaluz se comunicaron 995 partes de enfermedades profesionales hasta mayo, concentrándose el 60,2% de ellos en el grupo de edad de entre 45 y 64 años, con 599 partes divididos en 353 mujeres y 246 hombres. El grupo físico de patologías por agentes físicos, denominado grupo 2, fue el más comunicado con 648 partes, de los cuales 261 correspondieron a hombres y 387 a mujeres, mientras que solo se registraron dos partes en el grupo 6, que corresponde al cáncer de origen laboral, lo que evidencia el alarmante vacío de declaración en esta patología. Por sectores, los servicios comunicaron 685 partes, es decir, el 69% del total, seguidos por la industria con 207 partes.
En el plano de las sanciones administrativas en materia de seguridad laboral, los datos recopilados hasta abril de 2026 revelan la imposición de 1.075 sanciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Esta cifra representa un descenso del 45,60% respecto a las 1.873 sanciones del mismo periodo del año anterior. Del total de multas aplicadas este año, 875 se impusieron sin que se hubiera producido un accidente laboral previo, mientras que 200 estuvieron motivadas por la ocurrencia de un siniestro de trabajo. De estas 200 sanciones asociadas a accidentes, 196 fueron calificadas como graves, vinculadas a decesos mortales y graves. Asimismo, se registraron 779 sanciones graves en supuestos donde no se llegó a materializar ningún accidente. La autoridad laboral impuso además 92 sanciones muy graves en el ámbito de la prevención, de las cuales 90 se tramitaron sin que mediara accidente alguno y las cuatro restantes estuvieron motivadas por tres accidentes muy graves y uno mortal. La relevancia de estas medidas de control se acentúa al examinar los datos consolidados del año 2024, que evidencian que el 46,65% de los accidentes de trabajo graves y el 42,1% de los mortales ocurrieron en empresas que incumplieron la obligación legal de tener realizada una evaluación de riesgos previa.
Ante este trágico escenario, desde UGT Andalucía han expresado una profunda preocupación por el incremento de los siniestros y la tendencia al alza de la mortalidad laboral, considerando inaceptable que se haya normalizado pasar de registros anuales de 88 fallecidos en 2014 o 93 en 2015 a las 122 muertes de 2023, las 133 de 2024 y las 125 consolidadas de 2025. El sindicato recalca la urgente necesidad de comprender que las muertes en el tajo son plenamente evitables e insiste en que las empresas cumplan estrictamente con la legislación de prevención, lamentando que en muchas ocasiones se aplique de forma testimonial solo para evitar multas. En este sentido, valoran de manera muy positiva la aprobación el pasado 28 de abril, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptar un marco normativo con tres décadas de antigüedad a desafíos modernos como los riesgos psicosociales, la salud mental, el ciberacoso, el derecho a la desconexión digital, el impacto del cambio climático y la perspectiva de género, además de aumentar en un 20% el crédito horario de los delegados de prevención.
De cara a la provincia de Almería, que posee una gran representación en los sectores agrícola y de servicios, cobran especial relevancia las advertencias del sindicato sobre el impacto de las altas temperaturas y las olas de calor en el trabajo. UGT Andalucía insiste en intensificar las medidas preventivas, la formación y la vigilancia de la salud en los trabajos a la intemperie y en espacios cerrados, difundiendo guías específicas dirigidas al sector agrícola para evitar golpes de calor.
Entre las principales reivindicaciones del sindicato figura la creación de una figura análoga a la del Delegado Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel de todo el Estado español para dar cobertura a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial andaluz y carecen de representación sindical propia. Finalmente, el sindicato exige un incremento drástico de los recursos materiales y humanos destinados a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía de Salud Laboral, y anuncia que continuará personándose como acusación popular en los procedimientos judiciales abiertos por posible responsabilidad penal empresarial tras un accidente grave o mortal, con el firme objetivo de evitar que estas tragedias queden impunes.
