Por Carlos Carabaña

19 enero, 2015

Remunicipalización versus privatización

Los últimos 30 años han sido una fiesta loca para el capitalismo y el neoliberalismo. El fin de las regulaciones, de la historia y de la Unión Soviética… parecía que iba a provocar que todo el monte fuese orégano y, entre otras tropelías, lo que comenzó fue un movimiento para que cientos de empresas públicas pasaran a manos privadas. Entre ellas, las energéticas y de abastecimiento de agua, dos servicios fundamentales que, al ser gestionados por organizaciones con ánimo de lucro, suelen afectar negativamente. Al menos, cuando esto se mira desde el punto de vista de la calidad de las infraestructuras y el bolsillo de los consumidores en lugar de las acciones de las empresas.

 

España es un ejemplo perfecto. La generación y los clientes finales de energía eléctrica están en manos del oligopolio de las cinco grandes —Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP y E.ON— con la distribución de alta tensión, siendo la única parte del proceso donde el Estado mantiene el control con Red Eléctrica de España. Alrededor del 60 % del suministro de agua a los ciudadanos es privado, principalmente en manos de Aguas de Barcelona y FCC/Aqualia, históricamente vinculada a la familia Koplowitz y que recientemente ha vendido el control al tercer hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim. Este proceso ha encarecido al consumidor final la electricidad en un 78 % durante la última década y el agua, un 25 % en los últimos cinco años, según las asociaciones  FACUA y OCU.

Puede parecer un proceso irreversible que deja en manos de empresas privadas la hidratación y la energía eléctrica, pero hay una pequeña tendencia global a recuperar el agua y la luz para los ciudadanos. Responde al impronunciable nombre de remunicipalización.

En Alemania, sumida en un cambio energético acelerado por el desastre de Fukushima y la promesa de Merkel de cerrar toda central nuclear del país, en los últimos siete años 170 municipios han recobrado el control de su red eléctrica. En el resto del planeta, tanto en los países del primer mundo como en los de en vías de desarrollo, más de 180 ciudades han recuperado su servicio de abastecimiento de agua desde el año 2000. Berlín, la capital de la nación, es un laboratorio con las dos caras, el éxito y el fracaso, de este proceso.

Desde mediados de los 90, el agua y la energía eléctrica pasaron a ser gestionadas por empresas privadas mediante el modelo public-private-partnership o PPP, una asociación que asegura grandes ventajas fiscales al mantener un estatus público, pero que permite operaciones con un enfoque fuertemente comercial. Así, en 1994, el Berliner Wasserbetriebe se abrió al capital privado y cinco años después RWE Aqua Ltd y Vivendi Environment, tras pagar 1.690 millones de euros, habían adquirido el 49,9 % de la compañía. El proceso de privatización del suministro eléctrico comenzó en el 96 y, tras una compañía estadounidense, se hizo con el control la multinacional sueca Vattenfall.

Como en la mayoría de los casos, las promesas hechas durante la negociación de los contratos no se cumplieron. Si la inversión en infraestructuras de agua fue de 1.176 millones de euros entre 1997 y 1999, cayó a 944 millones entre los años 2000 y 2002. La calidad bajó y los precios, tras un periodo de estabilidad referido en el contrato hasta 2003, se encarecieron un 30 % en menos de cinco años. En ese momento, la coalición de asociaciones BerlinerWasserTisch decidió comenzar el complicado proceso de convocar un referéndum (febrero de 2011) en el que 666.000 berlineses votaron a favor de recuperar el control de su suministro de agua comprando de nuevo el 49,9 % de la empresa con un coste de más de 1.000 millones de euros.

En un laberíntico edificio del antiguo barrio okupa de Preznlauer Berg, está la sede de la BerlinerEnergieTisch, otra coalición pero de ONG dedicadas al tema energético. Uno de sus portavoces, Stefan Taschner, cuenta que, tras ver «el éxito de la votación para recuperar el control del agua», decidieron «por qué no intentarlo con el sector de la energía». En su oficina, de techos altísimos y que comparte con otras organizaciones, todo parece relativamente precario. La moqueta es oscura, con puntos blancos. Hay una mesa para comer y una zona que recuerda a una salita de estar donde Taschner, alto, 45 años, coleta, gafas de pasta y pendiente de brillantito, cuenta la historia de su fracaso.

«El contrato de cesión acababa este 2014 y pensamos que era el momento de hacer algo», empieza. «Como comenzamos justo tras las últimas elecciones locales de Berlín [de 2011] en las que parecía que iba a haber una coalición entre los socialistas y los verdes [dos formaciones técnicamente a favor de este tipo de procesos], decidimos presionar un poco para hacer que se introdujera en el contrato de acuerdo algunas cosas básicas sobre este asunto». Pero el alcalde Klaus Wowereit, del SPD, les dio la sorpresa y se alió con los conservadores de la CDU, que en el caso de Berlín son «terriblemente liberales». Al ver que haciendo lobby no iban a ningún lado, pensaron que la mejor manera era preguntar al pueblo.

«Un referéndum no es algo que se puede organizar en un fin de semana», comienza advirtiendo. A ellos les costó tres años y 40.000 euros, sin contar el trabajo sin remunerar de los 40 activistas ‘ultramotivados’ y las 2.400 personas que participaron de una u otra manera. En Berlín, el proceso consta de tres pasos. Primero, «para mostrar que tienes apoyo popular», hay que recoger 20.000 firmas en la calle, con un formulario muy completo, en seis meses. Luego, se debe repetir el proceso con otras 180.000 firmas, «lo que significa que necesitas 200.000, ya que siempre hay algunas que se invalidan», en 120 días.

A su favor estaba el hecho de que su ‘enemigo’, Vattenfall, no es una compañía muy popular en Alemania tanto por el nacionalismo —«no creo que a nadie en Estocolmo le importe la gente de Berlín»— como por su política energética de resistencia contra las renovables —solo un 1,4 % de la energía que se usa en la ciudad tiene este origen—, con una parte importante de su generación eléctrica basada en el lignito, la nuclear y el gas natural, sumado a sus «cortes de luz a 20.000 casas berlinesas en 2013».

«Fue muy duro; por eso es tan importante tener una base de gente dispuesta a echarte una mano». Luego, por fin, llega el día de la votación, cuya selección es crucial, ya que para que el referéndum se apruebe no basta con sacar mayoría de síes, sino que debe ser como mínimo el 25 % del censo electoral —en el caso de Berlín, 620.000 votos—. Trataron de hacerlo coincidir, sin éxito, con las elecciones federales del 22 de septiembre de 2013.

Cuando llegó la votación en noviembre, 722.000 berlineses acudieron a las urnas, de los que 599.588 votaron a favor, no logrando alcanzar el porcentaje necesario, quedando así invalidados tres años de trabajo. Taschner, resignado, lo ve injusto y argumenta que, con solo 413.00 votos, el SPD tiene el 30 % de los escaños de Abgeordnetenhaus, el parlamento local de Berlín.

«No sé por qué, pero parece que el agua presenta una mayor implicación emocional que la electricidad», reflexiona, «quizá sea debido a que la puedes ver, tocar, parece más esencial para vivir…». Se consuela viendo que en el resto de votaciones similares llevadas a cabo en Alemania el éxito tampoco fue muy rotundo. Hamburgo, la mayor ciudad del país que ha recuperado ambos servicios, tuvo también unos resultados muy ajustados.

Siguen intentado hacer lobby para lograr sus objetivos, pero reconoce que sin la presión de la votación, su capacidad de influencia ha sido mermada. Podrían intentar de nuevo un referéndum cuando acabe la actual legislatura de Berlín, pero por el tono de su voz —«esto no se hace en un fin de semana»— no parece que entre en sus planes. La diferencia entre el éxito (666.000) y el fracaso (599.000) está en unas pocas decenas de miles de votos.

Por Skype, el profesor de la Universidad de Greenwich y uno de los mayores expertos en la remunicipalización de los servicios de agua «en el norte y el sur global», Emanuele Lobina, explica que la tendencia se acelera. Analizando los números, se ve que si «entre el 2005 y 2009 hubo 41 casos», desde entonces «ha habido 81». «Se ha doblado; es impresionante»; sin embargo, aclara que «no solo existe esto, pero es el chico nuevo del barrio y ha venido para quedarse: ya se puede jugar a más cosas que a la privatización».

Países tan dispares como Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Hungría, Italia, EE UU, Albania, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, China, India, Guinea, Jordán, Uganda, Turquía, Tanzania, Venezuela… y también España. En su opinión, este proceso ocurre por las promesas incumplidas —«tasas insostenibles, niveles de inversión muy bajos para lo alto de las tarifas y otros problemas»—, debidas a un motivo muy sencillo: «la maximalización imperativa de dar el máximo retorno a sus accionistas que existe en el sector privado, poniendo sistemáticamente sus intereses por encima de las comunidades a las que deberían servir».

Para que estos servicios vuelvan a las manos públicas, los gobiernos y administraciones disponen de dos procesos estándares. Uno es dejar que el contrato de concesión termine naturalmente y luego, sin enfrentar ningún tipo de consecuencia judicial, recuperar el control. El otro es finalizar el acuerdo de manera unilateral y esperar a que, ante un tribunal internacional, la compañía damnificada denuncie a la ciudad por las futuras ganancias perdidas. Lobina arguye que el hecho de que de las 180 remunicipalizaciones, en más de 90 casos se haya optado por la segunda vía, demuestra cuán lesiva resulta la gestión privada de los servicios de agua. Según un estudio que todavía no han publicado, las empresas «exageran en sus demandas para meter presión a los gobiernos locales, pero solo suelen lograr un tercio de la indemnización exigida o incluso se les niega».

Entre los más damnificados están los habitantes de los países con bajos ingresos. Si en un país rico un incremento del 25% puede ser impopular, en países con bajos ingresos las promesas incumplidas y el aumento de las tarifas «pueden llevar a las familias a tener que escoger entre alimentar a sus hijos o pagar la factura del agua». «Los consumidores son más vulnerables debido a la pobreza y las instituciones más frágiles», lo que hace más sencillo para una gran compañía aprovecharse.

Que tengan cuidado. En los países con bajos ingresos, el 62 % de los casos se terminó el contrato antes de tiempo para acogerse a esa pequeña tendencia global que responde al impronunciable nombre de remunicipalización.