Los naufragios de migrantes en el Mediterráneo no se solucionan con parches, solo atajando las raíces
22 Abril 2015
Una nueva tragedia humana a gran escala ha estremecido el
Mediterráneo. El 19 de abril, un barco abarrotado de emigrantes que
intentaban llegar a Europa se hundió a primeras horas de la mañana
frente a las costas libias, al sur de la isla italiana de Lampedusa.
Las
Naciones Unidas confirman el fallecimiento de hasta 800 personas.
Algunos de los muertos eran niños y niñas de entre 10 y 12 años. Se
trata del peor naufragio ocurrido hasta la fecha en el Mediterráneo. Al
parecer, el barco llevaba a bordo 950 personas de Siria, Eritrea y
Somalia, entre otras nacionalidades.
Al mismo tiempo, una frágil embarcación de madera con más de 80
personas a bordo encalló en el Egeo, frente a la isla de Rodas. Las
autoridades griegas informan que murieron al menos tres personas, entre
ellas un niño.
Estas catástrofes suceden pocos días después de que 400 emigrantes se
ahogaran la semana pasada en un naufragio similar. Se estima que al
menos 1500 migrantes han fallecido en el Mar Mediterráneo en lo que va
de 2015.
“Estamos ante una auténtica crisis de la migración en Europa. Sin
embargo, los gobiernos de la Unión Europea vuelven la vista hacia otro
lado y no adoptan las medidas para abordar colectiva y globalmente el
problema”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional
de Servicios Públicos (ISP), una federación mundial que agrupa a los
sindicatos representantes de trabajadores de servicios públicos. “Los
migrantes vienen huyendo de la persecución, el conflicto y la pobreza.
No tienen la más mínima esperanza de sobrevivir en sus países de origen,
por eso se arriesgan en estas travesías peligrosas para llegar a
Europa. Es un grito de socorro que los líderes políticos se niegan a
escuchar”, afirma Pavanelli. “En lugar de reconocer las condiciones
socioeconómicas extremas que asolan los países de origen de estos
migrantes e invertir en políticas sociales que aborden las raíces, los
gobiernos de los países receptores responden al problema de la migración
y el asilo, una vez más, con medidas de seguridad y operaciones
militares”, subraya.
“Es inaceptable que la UE utilice acuerdos bilaterales para frenar
los flujos migratorios procedentes de África, sobre todo porque dichos
acuerdos los firman con dictadores, como sucedió hace cinco años con
Libia o como se corre el riesgo de que vuela a suceder, con Eritrea”,
añade Pavanelli.
La ISP se esfuerza por defender la buena gobernanza, el trabajo
digno, el comercio equitativo, la justicia fiscal y el acceso de toda la
población a los servicios públicos de calidad, con el objetivo de que
la migración se convierta en una opción, no en la única alternativa.
Además, colabora con sus organizaciones afiliadas para desarrollar las
capacidades de los trabajadores y trabajadoras de los servicios
públicos, que son quienes están al frente de los servicios que se
prestan a los migrantes.
El lunes pasado, los gobiernos de la UE celebraron una reunión de
emergencia en Luxemburgo y decidieron lanzar operaciones militares
contra la red de traficantes de personas en Libia, considerada
responsable del tráfico de migrantes en el Mediterráneo. La reunión
acordó también ampliar las operaciones de Frontex, la agencia encargada
de la vigilancia de las fronteras de la UE.
“La UE tiene el deber humanitario de salvar las vidas de las personas
que huyen de la guerra y la pobreza. El movimiento sindical europeo se
opone a que se apliquen exclusivamente medidas de seguridad para
resolver la recurrente crisis de migración y asilo. El año pasado, ya
advertimos a los gobiernos e instituciones comunitarias sobre las
consecuencias de eliminar la operación Mare Nostrum, que se
encargaba de las misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
Hasta que los gobiernos adopten medidas contundentes y apliquen una
estrategia global, estas tragedias se repetirán”, afirma Jan Willem
Goudriaan, Secretario General de la Federación Europea de Sindicatos de
Servicios Públicos (EPSU), la organización europea de la ISP. “El
Consejo extraordinario convocado el jueves 23 de abril debe acordar un
programa de protección internacional y medidas urgentes que deroguen las
normas actuales sobre el asilo en la UE, incluida la Convención de
Dublín”, concluye
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