UGT defiende lo Público.

 

 

 

 

 

FeSP-UGT reclama un pacto por el empleo público

El fantasma del déficit público vuelve a planear sobre nuestro escenario económico y sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado. La posibilidad de una sanción económica de Bruselas (2000 millones de multa y restricción de los fondos estructurales), unida a la incapacidad del Gobierno para crear empleo de calidad y para llevar a cabo una reforma fiscal que luche contra la evasión, son factores que nos preocupan porque nos alejan de la posibilidad de una estabilidad económica que nos permita crecer e invertir.

El empleo y los servicios públicos llevan demasiado tiempo siendo la cabeza de turco de la crisis económica. Y queremos advertir que UGT va a seguir oponiéndose a la injusticia reiterada del Gobierno de someter a su ciudadanía a salarios cada vez más precarios y recortes en servicios esenciales.

Resulta muy ilustrativa la cifra que ofrece la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) de febrero 2016, en la que estima que las “medidas de empleo público” ejecutadas por el Gobierno desde 2013, han supuesto un ahorro de 17.390.975.000 euros, más de la mitad del ahorro total estimado en casi 31.000.000.000 euros.

El empleo público ha sido uno de los más damnificados por las políticas socioeconómicas y laborales impuestas por el Gobierno de Rajoy. En el conjunto del Sector Público, según datos contenidos en el Informe CORA, se estiman en 400.000 puestos de trabajo destruidos. Entre ellos más de 167.000 lo han sido en las Administraciones Públicas, en el Sistema Nacional de Salud, en Educación Pública y en Justicia.

Desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT queremos mostrar nuestra preocupación por las medidas que el Gobierno en funciones proyecta al futuro. Tal y como señala la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, la “no reposición de efectivos” continúa siendo una de las principales medidas para la reducción de déficit.

Nos parece necesario superar las limitaciones que supone la tasa de reposición de efectivos y eliminar los porcentajes tan ínfimos que se vienen estableciendo por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Es necesario también una nueva configuración legal de la jubilación anticipada para los empleados públicos, que figuraba en el Estatuto Básico del Empleado Público en su redacción original de 2007 pero fue suprimida por el RDL 20/2012.

Reclamamos la implantación de la jubilación parcial en el ámbito de las Administraciones Públicas y las 35 horas semanales, complementado estas medidas con una creación de empleo que dé cobertura a dicha reducción horaria.

Hay que contemplar la posibilidad de desarrollar procesos de consolidación de empleo temporal, derogando la fecha tope prevista en el EBEP (1 de enero 2005), pues con posterioridad se ha continuado generando mucha temporalidad. E impedir todas las amortizaciones directas de puestos de trabajo llevadas a cabo por las Administraciones Públicas.

Medidas específicas en materia de empleo que deben verse completadas con políticas de inversión para la extensión y mejora de los Servicios Públicos, que además de incidir positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía, también incidirían, directa o indirectamente, en la generación de empleo público, como por ejemplo las siguientes:

• Avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años,
• Reducir la ratio por aula, aumentando la dotación de becas y reduciendo las tasas universitarias y superando así los recortes del RDL 14/2012.
• Universalización de la Sanidad Pública, extendiendo sus prestaciones y la potenciación de la asistencia primaria en todo el territorio del Estado.
• Restituir el modelo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia.
• Ampliación de las competencias de las Administraciones Locales, potenciando los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos y las Diputaciones.
• Recuperar el derecho a defender nuestros intereses y derechos en sede judicial, suprimiendo las tasas judiciales todavía vigentes.
• Definir y defender aquellas actividades que en materia de servicios públicos no pueden ser objeto de externalización.
• Potenciar y dotar de contenido el Observatorio Público de Empleo, al que corresponde la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación.

El futuro Gobierno de nuestro país debería plantear se dotar de mayores medios personales aquellos servicios públicos cuyas funciones revierten decisivamente a la creación de empleo: los Servicios Públicos de Empleo (labor de intermediación); Inspección de Trabajo Y Seguridad Social (control de la calidad del trabajo) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (reducción del fraude fiscal para aumentar los ingresos públicos).

Si se genera más empleo público en dichas actividades, habrá mejor prestación de las mismas. Un Gobierno comprometido con el empleo de calidad y con la seguridad y el bienestar de su ciudadanía debe encender las luces largas e invertir en empleo público. Los servicios públicos son el mayor capital con que contamos como ciudadanía. Y desde UGT, ahora más que nunca, vamos a seguir defendiendo lo que es de todos y lo que es de Derecho.