FeSP-UGT reclama un pacto por el empleo público
El fantasma del déficit público vuelve a planear sobre nuestro escenario económico y sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado.
La posibilidad de una sanción económica de Bruselas (2000 millones de
multa y restricción de los fondos estructurales), unida a la incapacidad del Gobierno para crear empleo de calidad
y para llevar a cabo una reforma fiscal que luche contra la evasión,
son factores que nos preocupan porque nos alejan de la posibilidad de
una estabilidad económica que nos permita crecer e invertir.
El empleo y los servicios públicos
llevan demasiado tiempo siendo la cabeza de turco de la crisis
económica. Y queremos advertir que UGT va a seguir oponiéndose a
la injusticia reiterada del Gobierno de someter a su ciudadanía a
salarios cada vez más precarios y recortes en servicios esenciales.
Resulta muy ilustrativa la cifra que
ofrece la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración
(OPERA) de febrero 2016, en la que estima que las “medidas de empleo
público” ejecutadas por el Gobierno desde 2013, han supuesto un ahorro
de 17.390.975.000 euros, más de la mitad del ahorro total estimado en
casi 31.000.000.000 euros.
El empleo público ha sido uno de
los más damnificados por las políticas socioeconómicas y laborales
impuestas por el Gobierno de Rajoy. En el conjunto del Sector Público, según datos contenidos en el Informe CORA,
se estiman en 400.000 puestos de trabajo destruidos. Entre ellos más de
167.000 lo han sido en las Administraciones Públicas, en el Sistema
Nacional de Salud, en Educación Pública y en Justicia.
Desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT
queremos mostrar nuestra preocupación por las medidas que el Gobierno
en funciones proyecta al futuro. Tal y como señala la Actualización del
Programa de Estabilidad 2016-2019, la “no reposición de efectivos”
continúa siendo una de las principales medidas para la reducción de
déficit.
Nos parece necesario superar las
limitaciones que supone la tasa de reposición de efectivos y eliminar
los porcentajes tan ínfimos que se vienen estableciendo por las
sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Es necesario también una nueva
configuración legal de la jubilación anticipada para los empleados
públicos, que figuraba en el Estatuto Básico del Empleado Público en su
redacción original de 2007 pero fue suprimida por el RDL 20/2012.
Reclamamos la implantación de la
jubilación parcial en el ámbito de las Administraciones Públicas y las
35 horas semanales, complementado estas medidas con una creación de
empleo que dé cobertura a dicha reducción horaria.
Hay que contemplar la posibilidad de
desarrollar procesos de consolidación de empleo temporal, derogando la
fecha tope prevista en el EBEP (1 de enero 2005), pues con posterioridad
se ha continuado generando mucha temporalidad. E impedir todas las
amortizaciones directas de puestos de trabajo llevadas a cabo por las
Administraciones Públicas.
Medidas específicas en materia de empleo
que deben verse completadas con políticas de inversión para la
extensión y mejora de los Servicios Públicos, que además de incidir
positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía, también
incidirían, directa o indirectamente, en la generación de empleo
público, como por ejemplo las siguientes:
- Avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años,
- Reducir la ratio por aula, aumentando la dotación de becas y reduciendo las tasas universitarias y superando así los recortes del RDL 14/2012.
- Universalización de la Sanidad Pública, extendiendo sus prestaciones y la potenciación de la asistencia primaria en todo el territorio del Estado.
- Restituir el modelo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia.
- Ampliación de las competencias de las Administraciones Locales, potenciando los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos y las Diputaciones.
- Recuperar el derecho a defender nuestros intereses y derechos en sede judicial, suprimiendo las tasas judiciales todavía vigentes.
- Definir y defender aquellas actividades que en materia de servicios públicos no pueden ser objeto de externalización.
- Potenciar y dotar de contenido el Observatorio Público de Empleo, al que corresponde la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación.
El futuro Gobierno de nuestro país
debería plantear se dotar de mayores medios personales aquellos
servicios públicos cuyas funciones revierten decisivamente a la creación
de empleo: los Servicios Públicos de Empleo (labor de intermediación);
Inspección de Trabajo Y Seguridad Social (control de la calidad del
trabajo) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (reducción
del fraude fiscal para aumentar los ingresos públicos).
Si se genera más empleo público en
dichas actividades, habrá mejor prestación de las mismas. Un Gobierno
comprometido con el empleo de calidad y con la seguridad y el bienestar
de su ciudadanía debe encender las luces largas e invertir en empleo
público. Los servicios públicos son el mayor capital con que contamos
como ciudadanía. Y desde UGT, ahora más que nunca, vamos a seguir
defendiendo lo que es de todos y lo que es de Derecho.
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