medidas aprobadas por el gobierno

En este número de El Cable abordamos las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno de coalición para reforzar la protección de nuestro pueblo ante la emergencia que atravesamos estas semanas. La crisis del COVID-19 no es solo sanitaria, es también social y económica; por ese motivo, con este segundo paquete de medidas se amplía la protección social de personas inquilinas, autónomas, empleadas del hogar, etcétera. Es un segundo paso para seguir cuidando de nuestra gente y garantizar que nadie se queda atrás. A continuación, os resumimos estas medidas. 1. Vivienda y suministros básicos Desde Unidas Podemos estamos intentando que las medidas en el ámbito de vivienda sean más ambiciosas, intentando ampliar la protección social y evitar que la crisis la paguen las y los mismos de siempre. Por el momento, se ha conseguido llegar hasta el paquete de disposiciones anunciadas el pasado 31 de marzo, pero seguiremos trabajando para ampliar el Escudo Social. En este sentido, se han aprobado numerosas medidas para proteger tanto a las personas inquilinas como a quienes alquilan. Se suspenden los lanzamientos sin alternativa habitacional y se adoptan medidas para evitar las subidas abusivas del alquiler aprovechando la crisis, como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual. La moratoria de hipotecas anunciada hace unos días se ha ampliado a tres meses y se ha aumentado el número de personas que pueden acogerse a ella (consulta aquí los supuestos de vulnerabilidad). Es importante destacar que, si el solicitante no pudiera aportar algún documento debido a la crisis del COVID-19, podrá presentar en su lugar una declaración responsable, disponiendo después de un mes tras el estado de alarma para facilitar los documentos que no hubiera podido entregar. En cuanto a las medidas sobre el alquiler, para afrontar su coste, quien caiga en situación de vulnerabilidad podrá acogerse a un microcrédito que dará el Estado al 0 % de interés, a devolver en seis años ampliables a diez. Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado contribuirá al pago de la deuda generada por el alquiler hasta 900 euros al mes y hasta 200 euros al mes de suministros y mantenimiento. En materia de vivienda, todos los pequeños propietarios recibirán íntegramente los ingresos por sus viviendas, mientras que los grandes tenedores (a partir de diez inmuebles) y los fondos de inversión deben arrimar el hombro y asumir parte de la carga de la crisis. Si los inquilinos de estas entidades están en situación de vulnerabilidad, los grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión tendrán dos opciones: realizar una quita del 50 % del alquiler durante el estado de alarma, o bien realizar una reestructuración de la deuda en al menos tres años. Es fundamental, además, garantizar los suministros básicos (luz, agua, gas): se prohíben los cortes de suministros para cualquier persona en su vivienda habitual mientras esté en vigor el estado de alarma. Además, se amplía el bono social para que las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad puedan acogerse a él.

2. Profundizar las medidas laborales En el ámbito laboral, el Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo, profundizaba en las medidas de protección de los derechos laborales impulsadas en los decretos anteriores, prohibiendo los despidos durante este periodo por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. No estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el COVID-19. Además, se interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales: las y los trabajadores temporales deben ser readmitidos pasada la crisis sanitaria al menos por el tiempo que quedaba pendiente para el cumplimiento de sus contratos. A esta medida, se suma el subsidio extraordinario por desempleo para las trabajadoras y los trabajadores temporales afectados por la crisis que no tengan derecho a otra prestación o subsidio. La cuantía será del 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), y durará un mes. La crisis del COVID-19 no es solo sanitaria, es también social y económica; por ese motivo, con este segundo paquete de medidas se amplía la protección social de personas inquilinas, autónomas, empleadas del hogar, etcétera. Es un segundo paso para seguir cuidando de nuestra gente y garantizar que nadie se queda atrás

3. Autónomos y pymes Además de con las medidas ya aprobadas las semanas pasadas, las personas autónomas y las pymes cuentan con nuevas medidas de protección. Una de ellas es que se les otorgarán moratorias de seis meses sin intereses en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. Esto afecta a las empresas y a las y los autónomos cuyas actividades no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma. Además de lo anterior, todas las empresas, trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que no tengan otro aplazamiento en vigor podrán solicitar hasta el 30 de junio el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social. Además de con las medidas ya aprobadas las semanas pasadas, las personas autónomas y las pymes cuentan con nuevas medidas de protección. Una de ellas es que se les otorgarán moratorias de seis meses sin intereses en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social

Se ha ampliado, a su vez, la moratoria de hipotecas anunciada hace unos días, y ahora se incluyen en ella los locales y las oficinas de autónomos que hayan sufrido las consecuencias de la emergencia sanitaria y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad señalados. Además, se aplica una moratoria en el pago de suministros para las y los autónomos y las pymes, y estos podrán adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin ningún tipo de penalización. 4. Empleadas del hogar, cuidar a quienes nos cuidan Por primera vez en nuestro país, se protegerá a las trabajadoras del hogar impulsando un subsidio de desempleo temporal para quienes se queden en el paro o vean reducidas sus horas de trabajo. Este subsidio consistirá en el 70 % de la base reguladora y será compatible con otra actividad. 5. Proteger a las consumidoras y los consumidores En cuanto a las medidas para proteger a las consumidoras y los consumidores afectados por la crisis del COVID-19, se ha aprobado lo siguiente. Por un lado, una moratoria de los créditos al consumo (una tarjeta de crédito, la financiación de un producto, etcétera) para quienes incurran en los supuestos de vulnerabilidad económica: hayan perdido el empleo a raíz de la crisis, sufrido una reducción significativa de sus ingresos, etcétera. Esta necesaria moratoria busca dar respuesta a la situación excepcional que no pudo haberse previsto en el momento de suscripción del contrato de crédito al consumo. Para que los servicios contratados que no se hayan podido llevar a cabo durante el estado de alarma y hayan sido cancelados o suspendidos no le pesen a quien los compró, se ha aprobado otorgar un bono para ser utilizado durante un año y, si transcurrido ese plazo no se ha disfrutado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo. Con ello, se permite el desistimiento del contrato de viaje combinado (cancelación sin penalización y derecho a reembolso) a raíz del coronavirus. Y, ante la situación de que las aerolíneas y cadenas hoteleras no están devolviendo los importes, sino ofreciendo vales a las agencias de viaje, se propone que estas agencias puedan asimismo reembolsar el importe a los consumidores mediante bonos. En relación con los juegos de azar y las casas de apuestas, es necesario que durante este periodo se proteja especialmente a la ciudadanía de su publicidad agresiva, para evitar que se saque provecho económico y social de esta crisis. Por eso, se propone, durante el estado de alarma, la prohibición de las promociones o bonos para captar clientes; la prohibición de la publicidad por televisión, radio y plataformas online de contenido de vídeos (YouTube), excepto en la franja horaria de una a cinco de la madrugada; y la prohibición de publicidad vía web (redes, medios digitales, correos electrónicos, SMS...). Además, la publicidad que se permita no puede hacer en ningún caso referencia a la situación actual (COVID-19) ni con mensajes relacionados. 6. Víctimas de las violencias machistas Durante el confinamiento domiciliario se multiplican las situaciones de violencia contra las mujeres. Por eso, hoy más que nunca, es necesario multiplicar los esfuerzos en la difusión de los recursos disponibles para las mujeres víctimas de violencias machistas, así como aumentar las medidas de protección. Se establecen como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas, garantizando su funcionamiento y ampliando los recursos disponibles, y se declaran esenciales los servicios de acogida. La garantía de una alternativa habitacional está asegurada para todas las víctimas de violencias machistas, ya que la red de emergencia de centros de acogida y pisos tutelados para víctimas de explotación sexual o de trata con fines de explotación se ha ampliado, incluyendo los alojamientos turísticos, si cualquiera de los anteriores no tuviera disponibilidad. Además, los Ayuntamientos y las comunidades autónomas podrán disponer de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para poner en marcha estas y más medidas específicas durante esta crisis. Por último, la información y la concienciación son fundamentales. Por ello, se han puesto en marcha diferentes campañas de concienciación y de información sobre el acceso a todos los recursos disponibles para las víctimas de violencia de género, que podrán ser introducidas por todas las Administraciones delegadas, autonómicas y locales, tanto en medios de comunicación social públicos como privados.

Estas medidas buscan proteger desde el Gobierno y las instituciones a los sectores populares de nuestro país, especialmente a la gente más vulnerable, defendiendo sus hogares y sus puestos de trabajo, y garantizando que nadie se quede atrás Estas últimas semanas estamos atravesando situaciones muy difíciles, que evidencian la gravedad de esta crisis sanitaria, económica y social. Pero ha sido nuestro pueblo desde los balcones, desde las redes de apoyo familiar y vecinal, desde las iniciativas para fabricar materiales protectores o desde sus puestos de trabajo, quien ha evidenciado que de esta emergencia saldremos cuidándonos. Estas medidas buscan proteger desde el Gobierno y las instituciones a los sectores populares de nuestro país, especialmente a la gente más vulnerable, defendiendo sus hogares y sus puestos de trabajo, y garantizando que nadie se quede atrás. Esta crisis no pueden pagarla quienes pagaron la de 2008. Nos enfrentamos a un reto para la humanidad cuya salida debe ser colectiva, con la fraternidad y la solidaridad como protagonistas. Nuestra tarea, más que nunca, es ser militantes de la esperanza, sobre todo, aportando nuestro trabajo humildemente a la tarea colectiva que hoy nos ocupa como sociedad: cuidar y cuidarnos.