28 de abril de 2016
Día Internacional
de la Salud y Seguridad
en el Trabajo
La salud en el trabajo depende de leyes firmes, controles rigurosos y sindicatos
fuertes
En 2016 celebramos el vigésimo aniversario de la
entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En este periodo
hemos asistido al tránsito desde la seguridad e higiene franquista a la
prevención de riesgos emanada de la Directiva Marco europea. La generalización
de la actividad preventiva en las empresas, las políticas públicas activas y la
labor de los recién elegidos delegados de prevención lograron, no sin pocos
esfuerzos, una mejora de las condiciones de trabajo que se tradujo en un
periodo de acusado descenso de la siniestralidad que se prolongó desde 2000 hasta
2012. La Ley 31/1995 ha posibilitado pasar de un enfoque reactivo, de
reparación del daño una vez que se produce, a un enfoque preventivo, con el
objetivo fundamental de conseguir un estado de bienestar integral del
trabajador.
Sin embargo, la apuesta por políticas de ajuste de
marcado acento neoliberal como alternativa de salida a la crisis, especialmente
representadas por las reformas laborales, deterioraron de forma grave la
negociación colectiva y el ejercicio efectivo de derechos, elementos
imprescindibles para la salud y la seguridad en el trabajo. Estas dinámicas han
determinado una regresión de la prevención en las empresas durante esta última
legislatura y, no por casualidad, la aprobación de la Reforma Laboral del
Partido Popular en 2012 coincidió con el cambio de tendencia de la
siniestralidad. En estos cuatro años de legislatura han fallecido 2.310
trabajadoras y trabajadores y desde 2012 hasta 2015 se han acumulado
incrementos del 8% en el índice de incidencia para el conjunto de sectores y
del 9% para la siniestralidad mortal. Es inadmisible que en pleno Sigo XXI,
fallezcan más de 600 personas en
un año por el hecho de ejercer su labor profesional.
El debilitamiento de la negociación colectiva conlleva
pérdida de derechos y la generalización de unas relaciones laborales marcadas
por la precariedad.
Esta última característica se encuentra, sin ningún
lugar a dudas, detrás del incremento de los accidentes de trabajo. El mejor ejemplo
de ello es lo que ha sucedido en los últimos años en el sector industrial,
hasta hace poco paradigma de la estabilidad en el empleo. En los dos últimos
años, los nuevos contratos de duración inferior a una semana han pasado del 10%
al 28% y la siniestralidad mortal en 2015 en ese mismo sector ha crecido en un
45%. Una alta rotación de contratos de tan corta duración impide garantizar los
derechos de información y formación en los riesgos y medidas preventivas
existentes en la empresa. Por otra parte, cada vez es más frecuente y está más
extendida la descentralización productiva entre las empresas españolas, lo que
provoca una externalización de los riesgos laborales hacia los autónomos y
trabajadores de PYMES y subcontratas.
Pero existen más factores que influyen en el repunte
de los accidentes y unos de ellos es la desigualdad. Entre 2012 y 2014, último
año de que disponemos de índices de incidencia desagregados por sexo, la siniestralidad
en los hombres ha aumentado un 2,8% mientras que en las mujeres el incremento
ha alcanzado un 12,3%, casi 10 puntos de diferencia.
Las condiciones de trabajo en los sectores y
actividades más feminizados han sufrido con más rigor los efectos de la crisis
y de las políticas de ajuste, lo que unido a la falta de políticas eficaces de
igualdad de género contribuye al deterioro de la salud de las trabajadoras. Un
dato para reforzar esta idea: desde 2013 el número de partes comunicados de
enfermedad profesional con baja en mujeres es superior en términos absolutos al
de los hombres a pesar de ocupar un volumen menor de población.
Esta legislatura tampoco ha servido para solucionar el
grave problema de ocultación de Enfermedades Profesionales, sobre todo de
aquellas más graves y que comportan mayor sufrimiento a las personas afectadas
y sus familias. El caso del cáncer laboral es especialmente sangrante: mientras
que las estimaciones más conservadoras sitúan en 9.000 casos el número de
nuevos diagnósticos anuales de cáncer en España atribuibles a exposiciones
laborales, las Mutuas sólo han comunicado 23 en 2015, 19 de ellos por
exposición al amianto. De forma similar, los trastornos producidos por los
riesgos psicosociales siguen sin ser registrados, a pesar de su incremento
debido al deterioro de las relaciones laborales producto de la crisis. En
definitiva, las enfermedades ocasionadas por el trabajo terminan derivándose a
los Servicios Públicos de Salud en lugar de a las Mutuas, infradeclarando su
número, aumentando el gasto público y erosionando la prevención porque lo que
no existe no se previene.
Ante este panorama, en el marco del 28 de Abril, Día
Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y ante el inicio de
una nueva legislatura,CCOO y UGT queremos trasladar a la sociedad española y
en especial a los partidos políticos la necesidad de poner en marcha las
transformaciones necesarias para forzar un cambio de rumbo en la prevención de
riesgos laborales adecuándola a realidad laboral actual.
La LPRL sigue siendo un instrumento útil para la salud
laboral, pero es necesario derogar todas las normas que han impedido que todos
los colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud. Las reformas laborales
han extendido la precariedad, han instalado el miedo a perder el empleo, han
individualizado las relaciones laborales, dificultado el ejercicio efectivo de
derechos y profundizado en la desigualdad.
Se debe revertir la reforma del marco jurídico de las
Mutuas, ya que supone un nuevo recorte en los derechos de los trabajadores y
que sólo ha servido para que éstas invadieran competencias de los servicios
públicos, privatizando la gestión de actividades que deberían ser exclusivas de
la Seguridad Social. Hay que frenar la creciente dualización del sistema público
de salud, una sanidad para población activa a través de las Mutuas y otra para
la inactiva cada vez más deteriorada, que supone de facto uno de los procesos
de privatización de la Sanidad más intensos y desconocidos. Este proceso se ha
agravado con la venta de las Sociedades de Prevención de las Mutuas a grandes
grupos privados, monetizando la salud laboral y desnaturalizando la vigilancia
de la salud en el trabajo, que de ser un derecho de los trabajadores está
pasando a convertirse en un mecanismo de control empresarial y de ajuste de
plantillas.
Desde la publicación de la LPRL hemos aprendido que la
mera aprobación de una legislación adecuada no garantiza la protección sin la
existencia
de controles estrictos. Para ello exigimos a las
administraciones que intensifiquen las políticas activas en materia de
prevención dotando con
los suficientes medios económicos y humanos a los
organismos técnicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo
o los institutos autonómicos. La Inspección de Trabajo debe incrementar sus
plantillas de inspectores y subinspectores, reforzar y actualizar su formación
y dotar de personal al recientemente creado cuerpo de subinspectores
especializados en salud y seguridad en el trabajo. Y se hace más necesario que
nunca el pleno desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo
2015-2020, haciendo especial hincapié en todas las cuestiones relacionadas con
enfermedades de origen laboral.
Y en el marco de la empresa, es preciso que se
recuperen las inversiones en prevención y, sobre todo, la centralidad de la
negociación colectiva en las relaciones laborales. La negociación colectiva
está estrechamente ligada a la presencia de sindicatos en los centros de
trabajo, lo que constituye la mejor garantía para el ejercicio de derechos y
para la protección de la salud. Es un hecho que en los centros de trabajo en
los que hay presencia sindical hay menor siniestralidad laboral y mejores
condiciones de seguridad y salud. Sin embargo, en nuestro país hay un millón de
empresas con menos de 6 trabajadores, en las que trabajan dos millones de
personas que no tienen derecho a elegir un delegado de personal, y una
estructura productiva basada en la pequeña y muy pequeña empresa que dificulta
la implantación de los sindicatos en una gran parte del tejido productivo. Por
ello, de nuevo volvemos a reclamar el establecimiento de la figura del delegado
de prevención territorial o sectorial que pueda acceder al control de las
condiciones de trabajo en estas empresas, con las mismas competencias y
garantías que determina la LPRL para los delegados de prevención y con el
objetivo de asegurar el ejercicio al derecho a la salud y a la seguridad y los
niveles de protección a estos trabajadores en los mismos términos que en el
resto de las empresas.
