EMPLEADO PÚBLICO ¡¡DESPIERTA!!

EMPLEADO PÚBLICO ¡¡DESPIERTA!!

Eric Hobsbawm en su libro “Guerra y paz en el siglo XXI”, desgrana en este libro de tolstoniano titulo los efectos de la globalización desde la crisis de los estados, naciones y corrientes migratorias. Quiero resumir las líneas de este pensador marxista en sus páginas 132, 133 y 134, donde habla de las bases de un estado moderno, dice así:

“Desde el punto de vista práctico, los gobiernos de los modernos estados –nación territoriales- todos los gobiernos- descansan en tres supuestos: en primer lugar que tiene mas poder que otras unidades que operan en su territorio, en segundo lugar, que los habitantes de sus territorios están mas o menos dispuestos a aceptar de buena gana su autoridad; y en tercer lugar que los gobiernos pueden proporcionar a los ciudadanos servicios que de otro modo no seria posible, o no con la misma eficacia” “ en los últimos treinta o cuarenta años, estas presunciones han ido perdiendo validez de forma progresiva”.

Después despliega los tres supuestos nada desdeñables pero nosotros nos vamos a centrar en el tercero del cual después haremos un análisis llevado a pie de calle.

“El tercer supuesto se ha visto socavado no sólo por el debilitamiento del poder del estado sino, a partir de la década de 1970, por el hecho de que los políticos y los ideólogos hayan vuelto a proceder, con argumentos favorables al laissez faire, a una crítica extremadamente radical del estado, crítica que sostiene que el papel de éste debe ser reducido a toda costa. Se argumenta, con más convicción teológica que pruebas históricas, que todo servicio que puedan proporcionar las autoridades públicas es, bien indeseable, bien redundante, pues el “mercado” puede prestarlo mejor, con mayor eficacia y menor coste. Desde que se ha planteado esta argumento, los servicios públicos (y por cierto los cooperativos) han sido sustituidos de forma generalizada por servicios privados o privatizados. Actividades tan características del gobierno nacional, o local, como las oficinas de correos, las prisiones, los colegios, el suministro de agua e incluso los servicios de asistencia social han sido puestas en manos de empresas privadas o transformadas en negocios lucrativos, y, al mismo tiempo, los funcionarios públicos han sido transferidos a agencias independientes o reemplazados por subcontratistas comerciales. Se han subcontratado incluso algunos sectores de la defensa militar. Y por supuesto, el modus operandi de la empresa privada, centrada en la maximización de beneficios, se ha convertido en el modelo al que aspira incluso el gobierno. En la medida en que esto se verifica, el estado tiende a confiar en mecanismos económicos privados y a sustituir con ellos la movilización activa y pasiva de sus ciudadanos”

Veamos ahora un claro ejemplo recién horneado:

El afán privatizador de Esperanza Aguirre ha llegado también hasta la Ley de Dependencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya región está a la cola de España en el reparto y la gestión de las ayudas que corresponden a las personas dependientes, alegó ayer que el “probable” retraso en la implantación de la norma se debe a que no hay suficientes trabajadores públicos para tramitar los expedientes de los posibles beneficiarios de la norma.

Agentes privados en lugar de funcionarios

Según alegó en al rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, el Ejecutivo regional hubiera preferido que la valoración de los casos “pudieran hacerla las personas que están en compañías de seguros y agencias especializadas en esto”, algo que la ley no permite. Según dijo Aguirre, la norma “ha impuesto que tenga que valorarlos funcionarios y no hay tantos”, pese a que la región ha incrementado su plantilla “de una manera sustancial, casi 100 funcionarios”.

"Balones fuera para evitar su responsabilidad"

El coordinador general de IU en Madrid, Gregorio Gordo, contradijo estas palabras y aseguró que en diciembre de 2009 “solo había poco más de 60 personas” dedicadas a “atender 52.049 solicitudes” de personas dependientes. La portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la coalición, Pepa Amat, denunció también que tres años después de la aprobación de la ley, Madrid siga a la cola de su aplicación, solo por detrás de Murcia y Canarias, y recordó que “en el resto de comunidades autónomas la evaluación también la llevan a cabo funcionarios y la Ley de Dependencia se aplica correctamente”. En su opinión, “Aguirre solo echa balones fuera para evitar su responsabilidad”.

"Vergonzoso"

El PSOE, por su parte, consideró “vergonzoso” que la lideresa “responsabilice” a los funcionarios de su “boicot” a la aplicación de la norma y afirmó que el retraso “no se debe a la actuación de los trabajadores públicos, que siguen las instrucciones de sus superiores, sino a una decisión política del Gobierno regional de retrasar la aplicación. La portavoz de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, recordó que “no fue hasta mayo de 2008 que la Comunidad de Madrid aprobó la normativa económica para desarrollar la ley en la región”.

Reducción de otros servicios sociales

Sánchez Acera denunció que “de 200.000 personas que debería haber sido valoradas (…) solo 26.000 de ellas tiene establecido el Programa Individual de Atención, pero muchas de ellas aún no reciben su prestación”. En este sentido, consideró “absolutamente inmoral que la Comunidad no solo no ponga en marcha la ley plenamente, sino que lo poco que está haciendo lo haga a costa de reducir otros servicios sociales”.

Bueno si os parece bajemos al mundillo laboral que nos toca vivir día a día y veamos que ocurre por estos pagos:

Como vemos la cosa no puede ser más actual, y esto en cuanto a comunidades que nos tocan muy de lleno, no vamos a hablar aquí de lo que la madrileña comunidad esta haciendo con la sanidad pública ni con la enseñanza pública. Queremos por lo tanto centrarnos en nuestros pueblos:

Hace bien poquito un compañero empleado público se dirigía a mí para decirme:

Edu, que ya hemos cambiado el contador de agua a tu madre.

- ¿pero eso no lo lleva una empresa privada?

- Sí, pero solo los contadores que son fáciles de cambiar, en cuanto ven algo dificilillo o que puede traer problemas nos mandad a nosotros.

- ¿pero que me dices?

- Es lo que hay.

Está todo dicho, independientemente de otras sesgos que pueda tener el asunto, como acuerdos con la empresa contratada, por poner un ejemplo, esto es lo que hay.

La lectura de contadores esta privatizada y debemos creer que es mas económico, y mas profesional contratar a una empresa externa que mantener a dos empleados públicos que se dediquen casi en exclusiva a dicho trabajo.

Podríamos si quisiéramos extendernos en detalles, como contratan dichas empresas, que derechos tienen los trabajadores que ocupan esos puestos de trabajo y a que tipo de trabadores contratan esas empresas cuyo principal objetivo es ganar dinero a costa de lo que sea menester, no el de dar un servicio mejor o mas profesional, entre otras cosas por que para cierto tipo de trabajos la calificación de los trabajadores debe ser alta y eso cuesta dinero, tampoco interesa crear empresa , entendiendo como tal el cualificar, enseñar y preparar laboralmente a sus trabajadores ya que estos son bienes de consumo, susceptibles de ser cambiados según las circunstancias económicas y por lo tanto no es cuestión de perder tiempo y dinero en formar a unos trabajadores que en cualquier momento dejaran la empresa y serán sustituidos por otras mas económicos o con menos antigüedad.

Estas posturas se mantienen desde los mas variados círculos políticos llegando en la actualidad a ser de común que tanto partidos ahora identificados con el Progresismo e incluso bastiones de la Izquierda se comportan de igual manera que los mas conservadores y adalides del libre despido y recortes en temas sociales, los motivos muchas veces son tratados de forma diferente por ambos campos de la política pero el resultado es idéntico.

Otro ejemplo claro, asistimos tiempo atrás a la completa privatización del servicio público de la piscina cubierta en nuestro pueblo por 25 años y otros servicios paralelos, todos os partidos políticos desde el comienzo de la situación de acuerdo en privatizar dicho servicio.

Una y otra vez se nos repite que no se privatiza nada y que además no afecta a ningún empleado público, pues parten de que estos puestos ya estaban privatizados y que lo único que se hace es reagrupar en una sola las cinco empresas que estaban mamando de la teta pública, para entregárselo a una única empresa, pues bien esto no es cierto de raíz, ya que la empresa adjudicataria es una UTE formada en principio por dos empresas, pero una tercera es la que contrata al personal, por lo tanto hemos pasado de cinco a tres, curioso sistema este, como y cuando se repartirán las ganancias, ultimo fin de la empresa privada recordemos.

Pero hay mas, algún pequeño detalle que se pasa por alto, los trabajadores o muchos de ellos estaban contratados directamente por la corporación, si en las plicas una de sus bases imponía que la empresa asumía a los trabajadores con las mismas condiciones económico-laborales que tenían, si los gastos necesarios de agua , calefacción, gas, electricidad, productos de limpieza y control así como el mantenimiento de las instalaciones y su seguridad son en principio idénticos, exactamente donde se iba la diferencia que se abonaba por la entidad pública.

Y lo mas importante, no toca a los empleados públicos, y estos tranquilos el mensaje esta mandado, el que mas o menos pensara bueno han dicho… que no nos toca, sin caer en la cuenta de que si que nos toca y de lleno, lo cierto e incuestionable es que en los próximos 23 ó 25 años ni un solo puesto de trabajo se creara para dicho servicio público, sumemos ahora el goteo incesante de pequeños pellizcos, ¿que no nos tocan? y cuando nos queramos dar cuenta estaremos perdidos y sin oferta de empleo público.

Exactamente lo ocurrido en Guadalajara capital, el servicio de aguas privatizado y el departamento de aguas público defenestrado, se acabo de por vida, hace dos años el servicio de Vías y Obras envejecido y escaso para el tamaño de la capital, muerto, mantenimiento de jardines, privatizado… ¿Se destruye o no empleo público?

Por eso y para terminar, afirmamos que mientras todos y cada uno de nosotros, empleados públicos, Sindicatos de clase, no sintamos cualquier privatización de servicios sean o no “esenciales” aunque nos pille como que muy lejos y no nos afecte aparentemente, debemos ser conscientes de que es un ataque con todas las de la ley al empleo y a los servicios públicos, provengan de donde provengan, sean más pequeños o grandes, y , pese a quien pese no podemos consentir ni uno solo, debemos oponernos con todas nuestras fuerzas y conscientes de que es una lucha a vida o muerte, donde sea y como sea, no podemos dar por perdido el futuro.

SALUDOS FRATERNALES.