El Heraldo del henares - 09-04-12 23:58 - 0 comentarios |
CSI-F denuncia los recortes en el Hospital alcarreño |
Cierre de plantas |
El presidente del CSI-F de Guadalajara, José Luis Gismera, ha denunciado hoy en una durísima rueda de prensa la política de recortes sanitarios llevada a cabo por el Gobierno de Cospedal, que en el caso del Hospital General Universitario de Guadalajara ha llevado a cerrar ya dos plantas, la sexta y la séptima, como ya adelantó ayer domingo EL HERALDO DEL HENARES. http://www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=12934 Según Gismera, la Junta está llevando a cabo "demasiadas zafiedades disfrazadas de medidas de ahorro y austeridad" en torno a la sanidad de Castilla-La Mancha, que llevan a pensar que podría haber "intereses no declarados en que el servicio no funcione de forma correcta para poder entregarlo a la gestión público-privada". Gismera fue también durísimo con la salida de tono de la presidenta regional, Dolores Cospedal, cuando, según el sindicalista, esta habría dicho que los funcionarios debían considerarse afortunados por tener trabajo. “Ni hemos generado la deuda ni somos la solución. La crisis la ha generado una casta política de dobles y triples cargos”, aseveró este responsable sindical de funcionarios. Gismera, que además se ha declarado contrario al copago sanitario, tal como adelantó algún ministro de Rajoy en una emisora de radio, ha señalado que antes de pagar por la Sanidad hay que ahorrar “en gastos superfluos”. El presidente provincial del sindicato de funcionarios alcarreño, indicó a los políticos sitios mejores donde recortar: “el sueldo o la reducción de altos cargos, televisión, empresas publicas y fastos varios y no en la reducción de un servicio que debe llegar a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones con independencia de cual sea su lugar de residencia". Gismera puso blanco sobre negro al dar oficialidad a las denuncias que desde EL HERALDO DEL HENARES llevamos anunciando semana a semana: que los servicios del Hospital alcarreño se van deteriorando poco a poco, que se cierran plantas, que falta personal, que la espera en urgencias llega ya a las 5 horas… |
El clavo que sobresale, es el que recibe el martillazo. ARTÍCULOS de interes general Y OPINIONES PERSONALES DEL AUTOR.
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martes, 10 de abril de 2012
El 29-M no habia problemas,.
viernes, 6 de abril de 2012
DIMITRIS CHRISTULAS, ASÍ NO.
![]() |
| El F.M.I. lamenta el suicidio del jubilado Griego, mas va a tener que lamenntar |
"Dado que tengo ya una edad que no me permite recurrir a la fuerza- y a fe que si un griego agarrara un kaláshnikov, yo seria el segundo en hacerlo" Fueron sus palabras.
1.730 casos de suicidio entre jubilados que se destapan ahora en Grecia.
Dimitris Christulas tomo la decision de pegarse un tiro antes que perder su dignidad y se equivoco, sí, se equivoco.
miércoles, 4 de abril de 2012
37,5 y a callar.
Estimados/ as compañeros/as:
Os adjunto literalmente la disposición Septuagésima segunda. Jornada
general del trabajo en el Sector Público, de los LPGE 2012, que dice:
Septuagésima segunda. Jornada general del trabajo en el Sector Público.
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general
de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a
treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de
promedio en cómputo anual.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración
Local.
b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las
Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia
vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes
del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas
funciones de regulación o control de carácter externo sobre un
determinado sector o actividad.
d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se
refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
e. Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria,
directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector
público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos
aportados o cedidos por las referidas entidades.
f. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación,
directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a)
a e) del presente apartado sea superior al 50 %.
Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan
establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su
caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.
En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto
como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán
incremento retributivo alguno.
Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las
previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los
Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y
entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que
contradigan lo previsto en este artículo.
Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de
los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución
española.
Esto quiere decir (que cuando se apruebe la LPGE 2012, si esta
disposición se mantiene) todas las dudas que me habías preguntado
sobre la validez jurídica de la ampliación de horarios en las
DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS, etc., quedaran resueltas, SALVO MEJOR
OPINIÓN FUNDADA EN DERECHO.
Saludos
Paises PIGS. (cerdos)
INTERESANTE!!!!!
Un artículo censurado (NINGÚN MEDIO LO QUISO PUBLICAR) del profesor VICENÇ NAVARRO:
PORQUE GRECIA ( Y ESPAÑA) NO SE RECUPERAN (29 de junio de 2011)
El mayor problema que tiene la economía griega no es
primordialmente de carácter económico o financiero. Es un problema político. Tiene que ver con el enorme poder que la banca ha tenido, y continúa teniendo, en la estructuración de la Unión Europea y de la Eurozona, así como en la génesis de la deuda pública de los países llamados despectivamente PIGS, cerdos en inglés, (Portugal, Irlanda, Grecia y España). Ahora bien, este poder de la banca ha contado con un gran aliado y cómplice: las clases más adineradas de los países de la Eurozona, incluyendo las de los países PIGS.
Veamos los datos, comenzando por las reglas que los bancos
escribieron sobre las cuales se establecería la Eurozona. Estas reglas son las responsables de que Grecia nunca podrá (ni tampoco España) salir de la recesión a través de las políticas que se están siguiendo.
Una fue que los Estados, al incorporarse al euro, perdieron el control sobre su propia moneda. Es decir, que en momentos de recesión (cuando la economía está estancada), el estado griego no puede devaluar la moneda y con ello poder abaratar sus productos y venderlos más fácilmente al exterior, recuperándose a base de ello.
Suecia y Noruega, por cierto, se han recuperado de la recesión
mucho mejor y más rápido que Finlandia, como consecuencia de que los dos primeros pudieron devaluar su moneda, lo cual no pudo hacer Finlandia al pertenecer al euro.
Otra regla es que, al integrarse al euro, los Estados dejaron de
tener la potestad de imprimir dinero y establecer el precio del mismo.
Cuando un país está en recesión, su Banco Central imprime dinero
y/o abarata el precio del dinero, disminuyendo así los intereses
bancarios, facilitando que tanto los ciudadanos como los empresarios puedan conseguir préstamos con los cuales consumir bienes y servicios e invertir, y así producir empleo y estimular la economía.
Negarle al estado que tenga control sobre el crédito es imposibilitarle el poder estimular la economía. Una función de un Banco Central es, precisamente, la de garantizar el crédito, lo cual funcionó bien en la mayoría de países europeos hasta que llegó la moda neoliberal con el Presidente Reagan de EEUU y la Sra. Thatcher de Gran Bretaña, que hicieron creer a muchos gobiernos europeos que desregular el crédito era bueno para un país. El último caso que vimos fue Islandia, que conllevó un enorme problema, como también lo creó en los otros países que desregularon el crédito (que fueron la mayoría).
Y, por si fuera poco, la tercera regla era que un país no podía
seguir políticas expansivas de gasto público. Es decir, un estado no
podría gastar mucho para estimular la economía, pues el estado,
según el criterio de Maastricht, no podía tener un déficit estatal
mayor del 3% del PIB y una deuda publica mayor del 60% del PIB.
Claro que el criterio no decía cómo debía bajarse el déficit para
alcanzar el número mágico del 3%. Pero insistieron en que los
estados bajaran los impuestos como manera de estimular la
economía, considerando erróneamente que los ricos, que eran los
máximos beneficiarios de los recortes de impuestos, consumirían más que ahorrarían (de hecho, invirtieron en sectores especulativos). Esta insistencia en que el estado bajara los impuestos no dejaba al estado otra alternativa que la de recortar el gasto público. Esto eliminó la posibilidad de que el estado pueda estimular la economía mediante, por ejemplo, inversiones en áreas de creación de empleo.
Estas tres reglas hacen muy difícil, casi imposible, para Grecia
(y para España), salir de la crisis. En realidad, estas reglas fueron
muy importantes para que la crisis se presentara en Grecia con la
gravedad con laque se ha presentado.
¿QUÉ PASA EN GRECIA? LA ALIANZA DE LA BANCA CON LOS
RICOS
Una característica de Grecia, que comparte con España, es que
ha estado gobernada por la ultraderecha por muchos años. La
dictadura de los coroneles fue (como lo fue también la dictadura de los generales en España) una dictadura de los ricos en contra de las clases populares. Ello ha determinado que los ricos no tienen la costumbre de pagar impuestos. El fraude fiscal ha sido enorme, consecuencia de la laxitud del estado, que ha continuado controlado por los ricos durante la democracia que siguió a la dictadura. En 2010 sólo 15.000 griegos, de un total de once millones de ciudadanos, declararon al estado ingresos superiores a 100.000 euros al año, lo cual contrasta con la existente concentración de la riqueza y de las rentas, visible en los suburbios de las ciudades griegas. Se considera que casi la tercera parte de la renta nacional (la poseída por los ricos en su mayoría) no se declara.
Ello ha forzado al estado griego a endeudarse hasta la médula
para pagar los gastos del estado (en infraestructura y en servicios
públicos, así como en gastos militares que significan una carga muy importante en el presupuesto nacional). Esta deuda recoge también la deuda incurrida por los gobiernos militares, no elegidos
democráticamente, y cuyo gasto militar lo tiene que pagar ahora el
estado democrático. Éstas son las causas de que el estado griego
tenga un problema de déficit del estado (12% del PIB) y de deuda
pública, todavía mayor (150% del PIB). Pero esta realidad quedó, en parte, ocultada por el estado con la ayuda del banco Goldman Sachs.
El diario alemán Der Spiegel descubrió las ocultaciones de las cuentas nacionales que el estado griego (gobernado por las derechas) había realizado con la complicidad de aquel banco estadounidense (que recibió un pago por ello de 800 millones de euros). Es imposible que la Comisión Europea (cuya mayoría son de partidos de derechas), no lo supiera. Por cierto, el que era Vicepresidente para Europa del banco Goldman Sachs, que realizó operaciones financieras con el gobierno conservador griego para ocultar la situación real del déficit público del estado griego, el Sr. Mario Draghi será el nuevo Presidente del Banco Central Europeo, poniendo a la cabeza de este Banco (que es un lobby de la banca, en lugar de ser un Banco Central) a la persona que ayudó más al desfalco de las cuentas públicas del estado griego.
Cuando el gobierno socialista salió elegido descubrió estos problemas, indicando que el déficit y la deuda eran mucho mayores de lo que el gobierno conservador había indicado. El estado está enormemente endeudado. Los bancos alemanes y franceses, pero también los bancos griegos (donde los ricos griegos depositan su dinero) han comprado la deuda pública a unos intereses abusivos. Por cierto, la mal llamada ayuda a Grecia es para asegurarse que el estado griego pagará a tales bancos. Y la enorme austeridad impuesta a la población griega por parte del estado (77.000 millones de euros, de los cuales 28.000 millones serán en recortes de gasto público y 50.000 millones en privatizaciones del patrimonio nacional) es para poder pagar a los bancos.
EL EURO Y LA CRISIS
Este endeudamiento del estado griego es beneficioso para los
bancos y también para los ricos que no pagan impuestos, forzando al estado a endeudarse aún más. Pero es también beneficioso para los ricos y para los bancos extranjeros, pues el estado se siente en la necesidad de privatizar sus propiedades (a unos precios irrisorios) con lo cual vemos una enorme demanda de euros por parte de bancos de inversión para comprar tales propiedades. En realidad, en contra de lo que constantemente se dice y se alarma, el euro está en muy buena salud (demasiado buena para los empresarios españoles que tienen problemas para exportar), y ello se debe a la enorme demanda de euros con los cuales se compra la privatización de los bienes públicos de Grecia (y de España). Véase el caso de las cajas de ahorros españolas, que se están vendiendo a unos precios muy bajos. Y todo ello con la ayuda del Estado. De ahí que las privatizaciones sean una estrategia impuesta por la banca a los países del euro como manera de conseguir la venta del patrimonio y servicios muy rentables de los países periféricos.
Vemos así como el enorme dominio de la banca explica que los
estados periféricos estén estancados en su deuda sin poder salir de ella, lo cual no ocurre por incompetencia, sino por diseño, pues así consigue introducirse y conseguir mayor rentabilidad al comprar a precios muy bajos lo que antes era público. Cualquier lector de este artículo debiera indignarse. Por cierto, este artículo fue enviado a algunos de los medios de mayor difusión del país, ninguno de los cuales consideró oportuno publicarlo. Agradecería al lector que lo distribuyera lo más ampliamente.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en ...The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige tambiénel Observatorio Social de España
Derecho del trabajo, opinión de expertos.
Manifiesto de 55 catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva
La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su “empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.
La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.
Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.
Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al Estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.
Firmantes
- Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)
- Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)
- Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)
- Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)
- Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)
- Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)
- Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)
- Camas Roda, Ferrán (UGirona)
- Camps Ruiz, Luis (UValencia)
- Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)
- Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)
- Cruz Villalón, Jesús (USevilla)
- Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)
- Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)
- Fernández López, María Fernanda (USevilla)
- Ferrando García, Francisca (UMurcia)
- Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)
- Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)
- García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)
- García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)
- Garrido Pérez, Eva (UCádiz)
- González Posada, Elías (UValladolid)
- Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)
- Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)
- López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)
- López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)
- Luján Alcaraz, José (UMurcia)
- Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)
- Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)
- Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)
- Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)
- Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)
- Monereo Pérez, José Luis (UGranada)
- Moreno Vida, María Nieves (UGranada)
- Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)
- Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)
- Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)
- Olarte Encabo, Sofía (UGranada)
- Palomeque López, Carlos (USalamanca)
- Pardell Vea, Agnes (ULerida)
- Pérez del Río, Teresa (UCádiz)
- Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)
- Quesada Segura, Rosa (UMálaga)
- Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)
- Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)
- Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)
- Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)
- Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)
- Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)
- Sanguinetti Raimon, Wilfredo (USalamanca)
- Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)
- Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)
- Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)
- Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)
- Vida Soria, José (UGranada)
- Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)
- Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)
- Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)
- Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)
- Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)
- Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)
- Camas Roda, Ferrán (UGirona)
- Camps Ruiz, Luis (UValencia)
- Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)
- Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)
- Cruz Villalón, Jesús (USevilla)
- Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)
- Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)
- Fernández López, María Fernanda (USevilla)
- Ferrando García, Francisca (UMurcia)
- Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)
- Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)
- García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)
- García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)
- Garrido Pérez, Eva (UCádiz)
- González Posada, Elías (UValladolid)
- Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)
- Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)
- López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)
- López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)
- Luján Alcaraz, José (UMurcia)
- Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)
- Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)
- Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)
- Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)
- Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)
- Monereo Pérez, José Luis (UGranada)
- Moreno Vida, María Nieves (UGranada)
- Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)
- Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)
- Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)
- Olarte Encabo, Sofía (UGranada)
- Palomeque López, Carlos (USalamanca)
- Pardell Vea, Agnes (ULerida)
- Pérez del Río, Teresa (UCádiz)
- Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)
- Quesada Segura, Rosa (UMálaga)
- Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)
- Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)
- Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)
- Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)
- Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)
- Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)
- Sanguinetti Raimon, Wilfredo (USalamanca)
- Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)
- Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)
- Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)
- Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)
- Vida Soria, José (UGranada)
martes, 3 de abril de 2012
Predicar o dar trigo.
E N LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Trabajadores afectados por el ERE lamentan que el PSOE aplique la reforma del PP
Los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación Provincial de Ciudad Real han lamentado hoy que sea el Gobierno del PSOE el que haya tomado la decisión de ser el primero en aplicar la reforma laboral que critica del PP.
La plataforma de trabajadores afectados por este ERE, que podría dejar en la calle a diez de ellos, en un comunicado remitido a Efe, han calificado como "incoherente" que sea una de las diputaciones socialistas de España la que amparándose en la reforma laboral contra la que se están manifestando, haya tomado la decisión de llevar a cabo esta medida.
La institución ciudadrealeña argumentó hace unos días que la finalización y no renovación del contrato de colaboración que mantenían con la Junta de Castilla-La Mancha para la prestación de este servicio le había obligado a tomar esta medida.
Así lo explicó el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, cuando fue interpelado en el último pleno de las institución provincial a preguntas del portavoz del PP, David Marín.
De Lara aseguró entonces que la Junta aportaba el 66 por ciento del presupuesto y si hubiera convocado las ayudas, tal y como hacía cada año, el servicio se hubiera podido mantener como en los últimos seis años.
El hecho de que la Junta no hubiera renovado hasta ahora el convenio, explicó, justificaba la presentación del ERE.
En su comunicado, los afectados han señalado que los trabajadores se encuentran ante "una tremenda injusticia social, perpetrada por aquellos que se llenan la boca diciendo que están a favor de los trabajadores, y que se sienten orgullosos de pertenecer a un partido que lleva más de 100 años trabajando por la justicia social".
La plataforma de trabajadores afectados por este ERE, que podría dejar en la calle a diez de ellos, en un comunicado remitido a Efe, han calificado como "incoherente" que sea una de las diputaciones socialistas de España la que amparándose en la reforma laboral contra la que se están manifestando, haya tomado la decisión de llevar a cabo esta medida.
La institución ciudadrealeña argumentó hace unos días que la finalización y no renovación del contrato de colaboración que mantenían con la Junta de Castilla-La Mancha para la prestación de este servicio le había obligado a tomar esta medida.
Así lo explicó el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, cuando fue interpelado en el último pleno de las institución provincial a preguntas del portavoz del PP, David Marín.
De Lara aseguró entonces que la Junta aportaba el 66 por ciento del presupuesto y si hubiera convocado las ayudas, tal y como hacía cada año, el servicio se hubiera podido mantener como en los últimos seis años.
El hecho de que la Junta no hubiera renovado hasta ahora el convenio, explicó, justificaba la presentación del ERE.
En su comunicado, los afectados han señalado que los trabajadores se encuentran ante "una tremenda injusticia social, perpetrada por aquellos que se llenan la boca diciendo que están a favor de los trabajadores, y que se sienten orgullosos de pertenecer a un partido que lleva más de 100 años trabajando por la justicia social".
Terrible, ¿reaccionamos o que.?
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| El sindicato de enfermería Satse de Ciudad Real ha denunciado hoy el cierre de casi un centenar de camas en los hospitales de esta provincia con motivo de la festividad de la Semana Santa. En concreto, se ha determinado cerrar 82 camas hasta el próximo 9 de abril: 30 de ellas en el Hospital General de Ciudad Real, 28 en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano y 24 en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Para Satse, el cierre de camas "obedece únicamente a criterios economicistas y es una muestra más de los recortes emprendidos por el Gobierno regional en la sanidad de Castilla-La Mancha". El sindicato de enfermería ha rechazado que se trate de una reorganización de los servicios para un mejor aprovechamiento de los recursos ante la menor ocupación de las camas en estos días, como ha argumentado el Servicio Regional de Salud de Castilla-La Mancha. Y ha considerado que el cierre de camas supondrá "un perjuicio para los usuarios y una disminución en la calidad asistencial", además de ir en contra de la creación de empleo tan necesaria en los momentos actuales puesto que se eliminan las contrataciones para cubrir los permisos por vacaciones. Por ello, Satse ha alertado de las deficiencias que se podrían vivir en dichos centros hospitalarios con la medida del cierre de camas, como son el aumento de las listas de espera y del tiempo de espera en Urgencias. | ||||||
Ojito que esto ya ha empezado.
Denuncian 12 despidos en subcontratas de la Junta tras cambiar dos adjudicaciones
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