Ganemos Miranda. a por los bancos.

Ganemos pide que el ayuntamiento demande al presidente de Caja Burgos

Ganemos Miranda

-Ponemos en vuestro conocimiento que Ganemos Miranda en el próximo Pleno del Ayuntamiento presentará la siguiente Moción sobre la deuda pública, que tendrá como conclusiones la petición de personación del Ayuntamiento en la denuncia contra el Presidente de Caja Burgos y su Consejo de Administración, así como la solicitud a la banca en compensación con un parque de viviendas para situaciones de emergencia, entre otros aspectos. Asímismo les informamos que convocaremos una rueda de prensa posterior a dicho Pleno, para exponer nuestra valoración de la posición de los diferentes grupos.:

A LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

Don José Ignacio Redondo Montoya, como Portavoz de Ganemos Miranda, conformea lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de organización, Funcionamiento yRégimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para su debate y aprobación de lasiguiente moción en el primer Pleno MunicipalOrdinario que se celebre.

COMPENSACION DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

Según la Plataforma por la Auditoría ciudadana de la Deuda se entiende por deudailegítima toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos,culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los interesesde una minoría. La definición de una deuda como ilegítima es independiente de laorganización política del Estado que la contrae, sea una dictadura o un gobiernoconstitucionalmente elegido en las urnas. Su impago no obedece a cuestiones legales,sino al carácter injusto y moralmente ilegítimo de una deuda que genera grandes desigualdades y va en contra del bien común.

Además, el sistema bancario generador de su propia deuda por su avaricia y malagestión, para no quebrar obligó a pagarla a los ciudadanos con la ayuda del PP y delPSOE. Pero es que también en el colmo del cinismo, los banqueros en vez de usar eldinero del rescate para el desarrollo armónico de la sociedad sacaron beneficio delmismo, al recibir dinero al 0,2% y luego prestarlo a los bancos del país al 4%, lastrandocon ello el desarrollo económico, lo que hace que la deuda sea además de ilegítima,insolidaria e indignante.
La reforma de la Constitución vigente desde el 25 de septiembre de 2011, promovidapor el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada con los votosfavorables de PSOE y PP modificó el contenido del artículo 135 sin someterlo a laopinión ni consulta de la ciudadanía y que en uno de sus párrafos dice:“”Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de Ia deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluídos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta””
El cambio del Art. 135 de la Constitución ha sido pues el resultado de la avaricia delsistema financiero, que con prácticas poco ortodoxas ha acabado por quebrarlo,obligando después a los ciudadanos del estado Español a asumir sus deudas originadas por actuaciones como las del Presidente de Caja Burgos José María ArribasMoral y varios de sus consejeros que, con un total descaro y ruindad moral, se han beneficiado presuntamente de 34 millones de euros por medio de auto-créditos en condiciones ventajosas a sus empresas, lo que podría ser constitutivo de delito de administración fraudulenta y desleal.
Estas beneficiosas maniobras crediticias han sido posibles por la falta de control de losconsejeros nombrados por partidos y sindicatos que, olvidando sus obligaciones, hanhecho posible que por acción o por omisión se haya llevado a cabo este latrociniocontra los intereses ciudadanos.
De los documentos contables examinados referidos al presupuesto de 2015 se
desprende que redondeando, la deuda viva del Ayuntamiento de Miranda de Ebroasciende a un total de 20.000.000 de €.
Según el Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización realizado sobre el FROB(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria creado por el Gobierno socialista enjunio de 2009) el Estado ha ayudado a los bancos con 107.913.445.000€ entre 2009 y2012. La aportación directa de capital por parte del Estado a los bancos fue de57.003.764.000 €. El informe ha sido remitido al Congreso de los Diputados. A pesar de estos contundentes datos del Tribunal de Cuentas, la Comisión Mixta (Congreso-
Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó, con el voto del PP, laposibilidad de pedir a la institución que realice un informe específico sobre el rescatebancario y su coste para los contribuyentes, y se ha limitado a reclamar al FROB que establezca “mecanismos claros y transparentes de control e información” de los fondos públicos empleados en salvar a la banca así como de la gestión que se está haciendo de estos recursos.
Partiendo de los datos del Tribunal de Cuentas, y teniendo en cuenta que somos46.525.164 españoles/as, la ayuda per cápita a los bancos ha sido de 2.309,5€/habitante, de los cuales 1.220€ por habitante son de aportaciones directas de capital.
Dado que en Miranda de Ebro somos 36.724 habitantes (censo de 2014), resulta quelas personas de nuestra ciudad han rescatado a los bancos con 84.814.078 € dedinero público, de los cuales 44.803.280€ son aportaciones directas de capital.
Cantidades superiores a los 20.000.000 € a que asciende la deuda bancaria que tieneactualmente el Ayuntamiento de Miranda de Ebro a lo que se debe sumar los interesesy amortización ya satisfechos desde 2009.
Por todo lo anterior, la justicia y el sentido común imponen que, si el Estado harealizado aportaciones directas de capital para rescatar a los bancos con la excusafalaz de garantizar los ahorros depositados en esos bancos por los ciudadanos/as,ahora tiene la obligación de legislar para que los bancos devuelvan el dinero públicoprestado y con él pagar la deuda que actualmente tienen la mayoría de losAyuntamientos del estado.
Por todo lo expuesto, es por lo que este Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Manifestamos nuestra disconformidad con el principio de prioridad absolutadel pago de la deuda que se establece en la redacción vigente del artículo 135 de laConstitución Española, y por tanto, como Ayuntamiento Pleno exigimos la derogaciónde esa redacción, o en su defecto, su sometimiento a referéndum.
SEGUNDO: Solicitar al Gobierno de España que asuma como propia la deuda
bancaria del Ayuntamiento de Miranda de Ebro que asciende a 20.000.000 €
compensando así dicha deuda con las aportaciones directas realizadas a los bancosdurante el periodo 2009 – 20l2 que constan en el Informe del Tribunal de Cuentas queentregó al Parlamento.
TERCERO: Solicitar asimismo al gobierno de la nación que ingrese en las arcas
municipales 20.000.000 € para compensar así lo aportado a los bancos y además seinscriban como de propiedad municipal pisos en poder de bancos rescatados hasta llegar al total de lo aportado por los ciudadanos de Miranda y que asciende a 44.803.280 € para que con estas fórmulas resulten beneficiadas las personas que con la crisis hayan quedado en peor situación económica y social.
CUARTO: Solicitar que el Ayuntamiento de Miranda se persone como acusación
popular en la causa contra José María Arribas Moral y parte de sus consejeros porentender que en Miranda existía caja Burgos y por tanto sus ciudadanos han resultadodirectamente perjudicados por las prácticas por la que se encuentra imputado el Sr.Arribas y parte de su consejo de administración.
QUINTO: Remitir estos acuerdos a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitando unarespuesta razonada a la solicitud del acuerdo SEGUNDO.
SEXTO: Remitir estos acuerdos a la Comisión Nacional de Administración Local,adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al órgano competentede la Junta de Castilla-León y solicitar a ambos órganos colegiados que realicen losinformes y actuaciones necesarias ante el Gobierno de España para que se puedanllevar a cabo el acuerdo SEGUNDO.
SEPTIMO: Remitir estos acuerdos a la Federación Castellano Leonesa de Municipios yProvincias, y a la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP), sito en C/ Nuncio 8, 28005 – Madrid y a entidades y asociaciones de Miranda para su conocimiento.

IU y PSOE dispuestos a remunicipalizar el alumbrado público.

La decisión sobre el alumbrado, pendiente ahora de Intervención

La delegación de Infraestructuras ya ha solicitado el nuevo dictamen. Amparo Pernichi insiste en que la intención es que sea un servicio público

I.L. 25/09/2015

La decisión sobre el alumbrado público, prevista y anunciada para esta semana, tendrá que esperar. El informe emitido por la asesoría jurídica del Ayuntamiento "invita" a que se pronuncie antes Intervención, según explicó ayer la responsable del área de Infraestructuras, Amparo Pernichi (IU), para ver "qué deberíamos hacer si la opinión del gobierno es que no se privatice el servicio del alumbrado". En este sentido, la unidad de alumbrado de la delegación de Infraestructuras ya ha solicitado ese informe "justificando una alternativa, ya que creemos que se puede hacer desde lo público". Por ello, no está previsto que la Junta de Gobierno Local se pronuncie hoy.

La concejala dejó claro que "el gobierno municipal intenta ser consecuente y sensato en relación con la privatización del alumbrado", ya que "no tenemos toda la documentación, el contrato estaba en inglés y se ha hecho una traducción jurada". Insistió en que es "un problema sobrevenido, el PP tenía una opción, que bajo su política estaba corroborada, que era privatizar el servicio, y la nuestra no es esa". No obstante, insistió en que no se tomarán decisiones "ni rápidas ni insensatas porque bajo ningún concepto vamos a poner en peligro nada que tenga que ver con lo público".

La primera decisión que debe tomar el gobierno municipal es decir si continúa o no con el contrato que firmó el PP con Deutsche Bank para la realización de una auditoría energética. Aunque la voluntad es no seguir, el equipo de gobierno quiere tener todos los informes necesarios antes para no dar "pasos en falso". Poner fin a ese contrato supone devolver unos 500.000 euros.

 

Azudenses que quede claro por que se privatizan servicios públicos.

Comentario del diarista:

Se privatiza para que la empresa gane dinero y por que a quien privatiza el futuro de su ciudad le da igual, privatizar para 50 , 20 o 10 años es pillar pasta para fundirla en cuatro años y pagar diez veces mas en el periodo de la privatización es imaginemos como pedir una hipoteca a 20 de 10 millones de euros para gastártelos en menos de cuatro años y pagar mas de 30 millones en el periodo de hipoteca la diferencia , la pequeña diferencia es hacerlo con algo que no es tuyo, hacerlo con algo que en cualquier momento deja de estar en tu poder  que a ti no te van a embargar si no puedes pagar algún día, (antes se quita la paga a los funcionarios por ejemplo), cuando además ni siquiera has preguntado a tu pueblo si quería privatizar el servicio , nadie a podido discutir los pros y los contras, ni siquiera aparecía en los cien compromisos asumidos, (muy poquitos cumplidos y en algunos casos se ha hecho justo lo contrario de lo que se prometía) no se es como lo de ser solidario con el dinero de todos es decir ser solidario con algo que no te pertenece y que además tampoco preguntas , creerse tener como propiedad para hacer y deshacer con lo que es publico de todos es un error mas que un error debería ser un delito tipificado  nadie tiene derecho a traficar con lo público y punto.

Dentro de dos años o incluso menos , empezaremos a ver el problema originado con la tonteria de privatizar el alumbrado público , tiempo al tiempo.

"Los contratos de privatización no se hacen para gestionar bien, sino para ganar dinero"

La mayoría de ayuntamientos ha argumentado una mayor eficiencia para privatizar la gestión del agua y saneamiento

Marcos Pérez Pena

Luis Babiano, gerente de AEOPAS

En las últimas dos décadas muchos ayuntamientos han privatizado la gestión de sus servicios de agua y saneamiento, muchas veces acompañado este proceso de un argumentario que defendía una mayor eficiencia en la gestión privada e incluso un ahorro para la administración. Sin embargo, esta idea ha sido desmentida muchas veces por la práctica y la realidad. "¿Por qué se privatiza? No se privatiza para tener un mejor servicio, se privatiza porque nuestros ayuntamientos, mal financiados y a veces mal gestionados, ven la oportunidad de venderle a una multinacional algo muy valioso: los clientes seguros de este monopolio natural", afirma Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

"Ese dinero que paga la multinacional en la mayor parte de los casos no fue destinado a mejorar la infraestructura de agua y saneamiento, sino que se dedicó a reducir la deuda municipal, a hacer rotondas o a cualquiera otro proyecto. Ese dinero que la empresa amortiza con sus beneficios a lo largo de 25 años y se gasta habitualmente en una sola legislatura. Por lo tanto, el servicio no sólo no mejora, sino todo lo contrario", explica. Además, añade Babiano, "la mayoría de las veces los pliegos de contratación elaborados por los ayuntamientos no favorecen esta mejora del servicio, sino que benefician a la empresa concesionaria. Porque cuanto menos le exijas al concesionario, mejor precio te va a ofrecer". "Todo esto desmonta un argumentario, un mantra que circula sin una correcta validación: que la iniciativa privada gestiona mejor que la pública. El debate no es entre público y privado. Hay que preguntarse por qué se privatiza, y los contratos no están hechos para que se gestione bien, sino para asegurar que se gane mucho dinero", destaca.

En la actualidad, el 53% de la gestión del agua en España está en manos privadas. Y de ese porcentaje una parte muy significativa -un 80%- se concentra en dos grandes multinacionales: FCC a través de Aqualia y Aguas de Barcelona-Suez a través de numerosas ramas, "pues desde que se conoció el escándalo Pokemon, Aquagest se dividió en muchos nombres diferentes", señala Babiano.

La tendencia en los últimos años en todo mundo es la remunicipalización. Así sucedió en París y en otras 38 ciudades francesas, en Berlín y otras zonas de Alemania, en Atlanta e Indianápolis en los Estados Unidos o en varios países de América Latina. También está comenzando en España y la tendencia puede acelerarse en esta legislatura, tras la llegada al poder en muchas localidades de candidaturas que han situado la recuperación de la gestión pública de los servicios básicos como una prioridad. AEOPAS lleva a cabo un labor de colaboración y asesoramiento en estos procesos, y el próximo lunes 21 tanto Luis Babiano (gerente) como Jaime Morell (secretario general) estarán en Galicia para conocer los proyectos de remunicipalización de Santiago, Teo o Ferrol y el funcionamiento de la empresa municipal de A Coruña, que puede servir de modelo.

Entre las ciudades gallegas tan sólo A Coruña cuenta con un servicio de aguas gestionado por una empresa pública (Emalcsa, que se encarga también del suministro en otros siete ayuntamientos de su área metropolitana). La gestión en Ferrol es responsabilidad de Urbaser (a través de la empresa mixta Emafesa), en Lugo pertenece a Saur International (a través de Gestagua), en Compostela está gestionada por Aguas de Barcelona (Viaqua), lo mismo que en Pontevedra y Ourense; finalmente, la gestión en Vigo corresponde a FCC (Aqualia). En Compostela la concesión está a punto de caducar, lo que abrirá la vía de la remunicipalización. En Pontevedra la concesión finaliza en 2017.

Privatizaciones que dejan a las administraciones y a la ciudadanía indefensas

Luis Babiano explica que la forma en la que se han llevado a cabo los procesos de externalización tuvo consecuencias muy negativas. "Lo habitual es que se creen empresas mixtas, lo que se denomina modelo francés, para disimular la privatización. El ayuntamiento se queda con el 51% de las acciones de la empresa, pero en realidad no controla nada, pues el gerente es designado por la empresa privada", dice. "Además, el 10% de la facturación va directamente para la parte privada, independientemente de la rentabilidad. Es decir, juega con un margen de seguridad muy alto", añade.

Además, señala que "habitualmente el gerente ni siquiera está obligado a elevar al Consejo de Administración de la empresa [donde está representado el ayuntamiento] las contrataciones iguales o inferiores a los 600 mil euros. Por lo tanto, la empresa privada tiende a autocomprarse la mayor parte de los servicios: software, obras, análisis... Eliminan la competencia, convierten este sector en el negocio de un solo proveedor". "Es un modelo completamente insostenible y muy negativo para las economías locales y para las pequeñas y medianas empresas. La privatización impide la creación de un tejido económico propio, porque su consecuencia práctica es la subrogación de toda la actividad a los intereses de una multinacional", explica. "Tiene además consecuencias medioambientales igualmente insostenibles, pues a mayor consumo, mayor beneficio empresarial", añade.

"¿Qué consecuencias tiene la privatización?" -resume- "Subida de tarifas, desinversión, exclusión social, opacidad y ausencia de democratización en la gestión, ausencia de control público". Babiano incide en este punto, el de las dificultades para controlar y fiscalizar la gestión de estas empresas: "Al ser un bien público, gestionado a través de una concesión, las administraciones deberían velar por la calidad y el funcionamiento de este servicio básico. Pero estas empresas consiguieron que los mecanismos de control fueran cada vez más laxos". "En los pliegos incluso se suele recoger que la parte privada se encarga de la representación ante otras administraciones. Este es uno de los factores que provocó la situación que se dio en Ferrol, pues hubo una negociación entre la empresa concesionaria y Augas de Galicia, es decir, la Xunta, en la que el alcalde de la ciudad no intervino", añade.

Los procesos de remunicipalización y la labor de AEOPAS

"La tendencia en todo el mundo es la remunicipalización" -destaca Babiano- "La remunicipalización supuso en París la reducción en un 8% de las tarifas en un solo año, con beneficios de 35 millones de euros que se reinvierten en el servicio y el establecimiento de sistemas de garantías de derechos humanos en la población con la eliminación de cortes de agua". "Es el 2.0 del agua pública. No basta con que sea pública, sino que debe ser eficaz y participada", dice, destacando también la Iniciativa Ciudadana Europea que se consiguió aprobar en el Europarlamento.

"En España vamos por detrás, y tenemos un problema" -denuncia- "Porque entre un lobby económico muy fuerte y los políticos del saqueo han creado una malla jurídica para dificultar la desprivatización de un derecho humano fundamental". "En primer lugar, debido a las medidas austericidas, es muy difícil designar personal propio de las administraciones para el control de los concesionarios, porque no puedes contratar", explica. "Y, segundo, para poder devolver ese canon concesional pagado por las empresas privadas, las administraciones locales podría optar por crear sociedades públicas, de forma que esa deuda se convirtiera en inversión, para pagarla a lo largo de 25 años a través de los ingresos recogidos en los recibos. Sin embargo, las leyes estatales también impiden la creación de nuevas sociedades instrumentales", critica. "La legislación no es otra cosa que la puesta en marcha de un programa político, y si tú crees en lo público, esa malla puede eliminarse. Hay que crear marcos legales que favorezcan a los ciudadanos", concluye.

Ahí entra también la labor que realiza AEOPAS: "Trabajamos para el establecimiento de mecanismos de colaboración público-público entre distintas administraciones para reforzar las políticas públicas. Pedimos una normativa que regule el canon concesional, para que se destine obligatoriamente a inversiones en agua. Luchamos también por el reconocimiento del derecho humano al agua y por la aprobación de una serie de medidas que aseguren un mínimo vital para aquellas personas que no puedan pagar por el agua. Y demandamos igualmente que el agua pase a pagar un IVA reducido, como servicio básico que es".

"Lo ideal sería que el gobierno autonómico pusiera en marcha unos mecanismos que facilitaran la colaboración entre administraciones. Eso no existe y nuestra asociación viene a suplir su falta, facilitando la creación de una red de actores públicos, proporcionando nuestra experiencia y la solvencia de estar integrados en la red Aqua Pública Europea, en la que están todas las empresas públicas del continente", explica.

Los procesos de remunicipalización en Galicia

Los procesos de remuncipalización varían en cada lugar, en función sobre todo de si la concesión caducó o está a punto de caducar, lo que facilita mucho la labor, como en Compostela. O si, por el contrario, la concesión está aún vigente y con muchos años por delante, como sucede en Ferrol. En estos casos, señala Babiano, "lo primero que hay que hacer es controlar y Ferrol está ya en ese camino, con la auditoría que anunció y que debe analizar cuál ha sido el problema y cuáles son sus causas". "Si el concesionario es la causa, se puede demostrar que está incumpliendo el contrato de concesión y puede ser sancionado. El control es el primer paso hacia la remunicipalización", concluye. Así sucedió recientemente en Torrelavega. "Cangas del Morrazo también ha iniciado contactos con nosotros, por una circunstancia parecida a la de Ferrol, de rechazo de la gestión privada, pero en una situación en la que el ayuntamiento se ve atado de pies y manos, con poco margen para garantizar que sus ciudadanos reciben un servicio de calidad", destaca Babiano.

"La situación de Ferrol hay que investigarla, y ese es el trabajo que debe llevar a cabo la auditoría” -reafirma- “Que un alcalde vaya a visitar una depuradora y encuentre la situación que encontró, que el concesionario reconozca que la depuradora no funciona pero que días después iba a cobrar una tasa para pagar ese servicio, que Augas de Galicia se reuniera con el concesionario sin que el alcalde hubiera recibido comunicación de ese encuentro, todo esto nos parece un asunto muy turbio", comenta sobre lo sucedido en la ciudad departamental. "El caso de Ferrol es interesante, porque su alcalde está haciendo lo que debe hacer una institución pública: velar por los intereses de su ciudadanía", destaca.

Otros procesos están más avanzandos, como el de Teo, ya en marcha, y el de Compostela, que también comenzará en breve. "En Santiago, además, todo este proceso está muy relacionado con el escándalo de corrupción alrededor de Aquagest" -destaca- "y la recuperación del servicio es también la recuperación de un modelo transparente, democrático, comprometido con sus vecinos y desligado de los intereses de unos saqueadores que se beneficiaron de la privatización de ese servicio".

La visita que los responsables de AEOPAS realizarán a Galicia tendrá en A Coruña y en Emalcsa una de sus claves. "La empresa de aguas de A Coruña debe ser uno de los espejos más importantes en el que se miren las restantes localidades gallegas que trabajan por tener un modelo semejante", dice Babiano. "Debido a las privatizaciones, la mayor parte de los ayuntamientos perdieron el saber hacer, y en este tema no se puede improvisar. Es importante que se visibilice que el modelo público es posible y es solvente. Y en A Coruña hay un ejemplo claro y próximo", señala.

50 años trabajador muerto,Riba Roja, C.Valenciana.

Accidente laboral

Un operario muere cuando limpiaba una cisterna llena de vino en Riba-roja

Es el segundo accidente laboral mortal en menos de 24 horas en la Comunitat Valenciana

24.09.2015 | 04:53

Un operario muere cuando limpiaba una cisterna llena de vino en Riba-roja

I. cabanes/V. Contreras | valencia La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que falleció ayer un trabajador de unos 50 años de edad que se encontraba limpiando el interior de una cisterna con restos de lambrusco en una empresa situada en el polígono industrial Casanova de Riba-roja.

El operario fue encontrado sin vida dentro de la cuba del camión donde se transportaba el vino italiano y se baraja si pudo morir intoxicado como consecuencia de algún tipo de reacción provocada por los productos químicos utilizados para la limpieza del mismo y el contenido espumoso y efervescente de la bebida.

No obstante, será la autopsia la que determine la causa exacta del fallecimiento del trabajador, vecino de Valencia, según apuntaron las fuentes consultadas por este periódico. La empresa donde se produjo este accidente laboral, llamada Lavamiranda, está dedicada al lavado y vaporizado industrial de cisternas y contenedores que contienen productos químicos y alimentarios, así como al depósito de contenedores cargados y vacíos de mercancías peligrosas y no peligrosas.

Se trata de la segunda muerte en accidente laboral en menos de 24 horas en la Comunitat Valenciana después de que un operario de 48 años perdiera la vida en una empresa de esmaltes de l'Alcora al volcar una grúa a primera hora de la tarde del martes.

Una hora muerto

Los hechos ocurrieron minutos antes de las cinco de la tarde cuando compañeros del trabajador fallecido se percataron de que éste no había salido de la cuba que estaba limpiando desde hacía más de una hora. Nada más hallarlo inconsciente alertaron a los servicios de emergencia, aunque cuando éstos llegaron el hombre se llevaba ya cerca de una hora muerto y únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Hasta el lugar, situado en la avenida Corregers del polígono Casanova de Riba-roja, acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y del Equipo de Policía Judicial, que se hizo cargo de la investigación del accidente laboral. Asimismo, la comisión judicial procedió al levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde hoy se le practicará la autopsia.

Accidente de l'Alcora

Por otra parte, el trabajador que resultó herido en el accidente laboral ocurrido el martes en una esmaltera de l'Alcora permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Castelló, según confirmaron ayer fuentes del centro sanitario. La víctima, un hombre de 43 años de la empresa Costur, presenta traumatismos y policontusiones graves debido al impacto recibido tras caerse la grúa en la que estaba trabajando.

Junto a él estaba el otro empleado, de 48 años y vecino de Castelló, que falleció y cuyo cuerpo permaneció ayer en el instituto de Medicina Legal de la capital de la Plana donde estaba previsto practicarle la autopsia. Fuentes de la Guardia Civil añadieron que la investigación sigue abierta para esclarecer las causas de este accidente laboral.

Los hechos ocurrieron el martes en la empresa alcorina Esmaltes SA entre las cinco menos cuarto y las cinco de la tarde cuando, al parecer, una grúa o toro mecánico, sobre el que estaban los dos operarios, volcó por causas que se desconocen. Ambos trabajadores sufrieron un brutal impacto contra el suelo que, en el caso de uno de ellos, le produjo la muerte. El otro resultó herido y, debido a su estado de gravedad, tuvo que ser trasladado en helicóptero al Hospital General de Castelló.

'Día negro' en España, con cuatro muertes 

 

La jornada de ayer resultó aciaga. Un total de cuatro trabajadores fallecieron en España en diversos accidentes laborales, incluido el registrado en La Rioja.

En Almería, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en una explosión registrada por la mañana en una de las empresas instaladas en el Parque Científico Tecnológico de la ciudad Andaluza. Las primeras hipótesis hablan de una detonación producida durante unos trabajos de soldadura que se realizaban en un bidón infamable. 

 

Además, dos trabajadores resultaron muertos y otros dos heridos al derrumbarse ayer parte de una cornisa en un edificio en construcción en Palma, según confirmaron el servicio de emergencias y la Policía Nacional.

 Los fallecidos tenían 56 y 31 años, y los dos ingresados tienen 35 y 33 años de edad. Policía y Bomberos lograron sacar de los escombros con vida a los 

accidentados, pero dos de ellos murieron después.

Trabajador muerto, PITA, Almeria.

Los sindicatos convocan una concentración por la muerte del trabajador

Redacción

El fallecido es empleado de una empresa subcontratista de calderería y montajes

Una ambulancia atiende a los heridos en la explosión   Fran Muñoz.

Los sindicatos CCOO y UGT van a concentrarse el próximo miércoles en

protesta y repulsa por la última muerte en un accidente laboral, la quinta en lo que va de año, que ha tenido lugar este lunes con la explosión en un edificio ubicado en el Parque Tecnológico de Almería (PITA) en el que el empleado de una empresa de calderería y montajes ha perdido la vida y otros dos, uno de la misma empresa y otro de la sede afectada, han resultado heridos de gravedad con quemaduras que afectan al 60 y 80 por ciento de sus cuerpos.

Según ha explicado a Europa Press el secretario general de UGT Almería, Félix López, el sindicato se concentrará junto con CCOO frente al edificio sindical a las 12,00 horas, donde mantendrán unos minutos de silencio en memoria de la víctima y en donde volverán a reclamar más medidas de seguridad y prevención por parte de las empresas.

López ha recordado que "la prevención está por encima de todo" por lo que tanto trabajadores, como empresas e instituciones públicas tienen que "trabajar en esa línea, sobre todo en trabajos que conllevan cierto riesgo debido al contacto con productos químicos o sustancias explosivas", según ha apuntado.

En esta línea, el accidente, que ha tenido lugar instantes después de las 9,30 horas, podría haberse originado durante las labores de soldadura de unas tuberías sobre unos depósitos destinados a almacenar combustible, aunque en ese momento se encontraban "vacíos". Así, las primeras hipótesis apuntan a la combinación de gases inflamables con una chispa procedente de estas labores.

"Tiene que haber una prevención escrupulosa para evitar muertes y accidentes, hay que poner toda la carne en el asador para formar a los trabajadores", ha insistido el dirigente sindical, quien pese aunque ha reconocido que "somos humanos y puede haber descuidos", el objetivo es articular sistemas y ofrecer una formación que evite que se produzcan accidentes laborales como el sufrido este lunes.

35 años trabajador muerto en Amposta, Tarragona.

Muere un trabajador en Amposta al caerle una rueda de hierro

Un trabajador de 35 años ha muerto este  martes al caerle encima una rueda de hierro de grandes dimensiones cuando trabajaba en una empresa de Amposta (Tarragona), han informado los Mossos d'Esquadra.

 Un trabajador de 35 años ha muerto este martes al caerle encima una rueda de hierro de grandes dimensiones cuando trabajaba en una empresa de Amposta (Tarragona), han informado los Mossos d'Esquadra. Al lugar se han desplazado tres dotaciones de Mossos d'Esquadra, una de la Policía Local de la Sènia y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y se investigan las causas de la muerte del trabajador, de 35 años y nacionalidad rumana. Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento de la Conselleria de Empresa y Empleo y del juzgado de instrucción en funciones de guardia.

PSOE e IU , por el alumbrado público, en...

Córdoba /

Por supuesto en Azuqueca de Henares no, aquí el PSOE privatiza servicios públicos, afirma al mismo tiempo que todos los servicios son privatizables menos por supuesto sanidad y educación y estrictamente eso sanidad y educación, lavanderías, mantenimientos, limpieza etc. Si eso sí...

Ambrosio, dispuesta a perder dinero por el rechazo al plan energético

r. aguilar / b. lópez @abccordoba / CÓRDOBA

Día 22/09/2015 - 08.14h

La alcaldesa se cierra en que el servicio de alumbrado  

«seguirá siendo público»

valerio merino

La alcaldesa, junto a Rosa Aguilar, Mar Tellez y Rafaela Crespín

«HAY que asumir el riesgo». La alcaldesa, Isabel Ambrosio, fue clara este lunes al marcar la posición del bipartito PSOE-IU sobre el plan de eficiencia energética proyectado por el anterior gobierno municipal, del PP, y que supondría que la ciudad recibiera hasta 24,2 millones en inversiones por parte de una empresa. Previo concurso, una firma privada destinaría en dos años, máximo, la cantidad ya indicada a renovar el 90% del alumbrado de la capital o desarrollar medidas de ahorro energético en edificios municipales. El contrato duraría 14 años. La firma lograría sus ingresos mediante los ahorros que generara, con las actuaciones que hubiera ejecutado, en la factura de la luz del Ayuntamiento. Además, cobraría por mantener el alumbrado o los edificios en que hubiera actuado. 

La postura del bipartito era ya conocida y se resume en que, a su juicio, se trata de una privatización del servicio de alumbrado público del Consistorio. La novedad de las declaraciones de ayer es que fue la regidora la que dejó claro que «la decisión que tomemos será para evitar que esa labor deje de ser municipal» aunque ello pueda suponer una merma de entrada de dinero en la contabilidad del Consistorio. De hecho, Capitulares tendrá que devolver unos 500.000 euros a la UE. Los pidió para elaborar la auditoría energética, de la que surgirían las inversiones a ejecutar por la empresa que ganaría un concurso posterior.

El PP lo dejó hecho

Ambrosio aseguró que su gabinete ha reunido hace pocos días toda la documentación relativa a los trámites que inició el gobierno de José Antonio Nieto, de modo que «en los próximos días podremos tomar una decisión». El sentido de la misma no es ninguna incógnita: «Lo que no vamos a hacer es permitir que este servicio deje de estar en manos del Ayuntamiento».

Y el portavoz del grupo municipal de IU y edil de Urbanismo y Turismo, Pedro García, también dio los motivos del rechazo de su formación, la que lleva el servicio de alumbrado público, al proyecto heredado del PP, del que sólo falta su certificado de defunción oficial. Renuncian a él por «ser más que evidente que es una privatización y por tener sombras de duda legal». «Lo más sensato después de que en el primer sumario saliera lo que salió de esta trama corrupta [«Púnica»] era pararse un poco y ver cómo se desarrollan las cuestiones», dijo. 

Aludía a una operación por la que se investiga judicialmente a la multinacional Cofely-GDF Suez por el presunto amaño de concursos de eficiencia energética en ayuntamientos, por los que habría pagado comisiones a alcaldes, fundamentalmente del PP. En ese sumario, se recogen dos cuestiones ligadas a Córdoba. Así, uno de los cerebros de la trama y directivo de la citada multinacional, Pedro García Pérez, tenía prevista una reunión con el que era entonces alcalde, el popular José Antonio Nieto, el día en el que fue detenido por la Guardia Civil. 

Cuando se conoció la noticia, el PP reconoció contactos con Cofely, pero puntualizó que en el concurso de eficiencia energética, cuya licitación no se llegó a iniciar, se interesaron y hubo reuniones con más de 20 firmas del sector. La otra cuestión a la que alude García es que una de las dos empresas a la que se adjudicó la auditoría energética de la capital, Creara —que trabajó en alianza con otra firma—, aparece en el sumario de la trama «Púnica» ligada a Cofely, lo que iba a suponer su investigación por laGuardia Civil.

Marcha atrás de IU

Eso sí, para llegar a una conclusión más sosegada, en un primer momento el edil de Urbanismo y Turismo empezó a mezclar churras con merinas en cantidades industriales. Aseguró que el PPdiseñó un «proyecto de privatización del alumbrado y que se lo llevara una empresa privada y, luego, está en un proceso judicial donde hay muchísimos cargos del PPimputados y donde se ha hecho un desfalco de dinero público importantísimo». «Lo que hemos hecho es paralizar eso en Córdoba. Es lo sensato», sentenció.

Al recordarle que, a día de hoy el Ayuntamiento aparece de forma tangencial en el sumario de Púnica, se marcó una de esas respuestas un tanto excesivas que empiezan a ser marca de la casa: «Si de verdad me ponen en duda que el mismo proceso que se ha llevado en otras ciudades, que se iba a hacer en Córdoba, era diferente [al previsto en la capital], es que su nivel de fe es espectacular». 

Al preguntarle los medios si era consciente de las graves acusaciones que estaba realizando, desanduvo sus pasos a la velocidad de la luz. «No he acusado a nadie de nada. Lo que digo es que hemos paralizado una privatización del alumbrado que en otras ciudades ha conllevado procesos judiciales abiertos. ¿Eso hace a los anteriores responsables del Ayuntamiento corruptos? No», afirmó.