La decisión sobre el alumbrado, pendiente ahora de Intervención
La delegación de Infraestructuras ya ha solicitado el nuevo dictamen. Amparo Pernichi insiste en que la intención es que sea un servicio público
I.L. 25/09/2015
La
decisión sobre el alumbrado público, prevista y anunciada para esta
semana, tendrá que esperar. El informe emitido por la asesoría jurídica
del Ayuntamiento "invita" a que se pronuncie antes Intervención, según
explicó ayer la responsable del área de Infraestructuras, Amparo
Pernichi (IU), para ver "qué deberíamos hacer si la opinión del gobierno
es que no se privatice el servicio del alumbrado". En este sentido, la
unidad de alumbrado de la delegación de Infraestructuras ya ha
solicitado ese informe "justificando una alternativa, ya que creemos que
se puede hacer desde lo público". Por ello, no está previsto que la
Junta de Gobierno Local se pronuncie hoy.
La concejala dejó claro que "el gobierno municipal intenta ser consecuente y sensato en relación con la privatización del alumbrado", ya que "no tenemos toda la documentación, el contrato estaba en inglés y se ha hecho una traducción jurada". Insistió en que es "un problema sobrevenido, el PP tenía una opción, que bajo su política estaba corroborada, que era privatizar el servicio, y la nuestra no es esa". No obstante, insistió en que no se tomarán decisiones "ni rápidas ni insensatas porque bajo ningún concepto vamos a poner en peligro nada que tenga que ver con lo público".
La primera decisión que debe tomar el gobierno municipal es decir si continúa o no con el contrato que firmó el PP con Deutsche Bank para la realización de una auditoría energética. Aunque la voluntad es no seguir, el equipo de gobierno quiere tener todos los informes necesarios antes para no dar "pasos en falso". Poner fin a ese contrato supone devolver unos 500.000 euros.
La concejala dejó claro que "el gobierno municipal intenta ser consecuente y sensato en relación con la privatización del alumbrado", ya que "no tenemos toda la documentación, el contrato estaba en inglés y se ha hecho una traducción jurada". Insistió en que es "un problema sobrevenido, el PP tenía una opción, que bajo su política estaba corroborada, que era privatizar el servicio, y la nuestra no es esa". No obstante, insistió en que no se tomarán decisiones "ni rápidas ni insensatas porque bajo ningún concepto vamos a poner en peligro nada que tenga que ver con lo público".
La primera decisión que debe tomar el gobierno municipal es decir si continúa o no con el contrato que firmó el PP con Deutsche Bank para la realización de una auditoría energética. Aunque la voluntad es no seguir, el equipo de gobierno quiere tener todos los informes necesarios antes para no dar "pasos en falso". Poner fin a ese contrato supone devolver unos 500.000 euros.
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