UGT C-LM exige a la Junta que paralice "el cierre" de PAC porque perjudica a profesionales y usuarios
26-10-2012
UGT Castilla-La Mancha ha exigido
mediante carta al gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) que paralice la orden de la Consejería que regula la asistencia
sanitaria urgente en once Zonas Básicas de Salud de la región que serán
"agrupadas funcionalmente".
Este hecho, ha indicado el sindicato en nota de prensa, supondrá "el
cierre" de Puntos de Atención Continuada (PAC), "ocasionará el despido
de decenas de profesionales y generará problemas de movilidad para
otros, con el deterioro de la calidad de los servicios que prestan a los
que se deriven los pacientes de los pueblos afectados".
La secretaria regional de FSP UGT, Carmen Campoy, anuncia que el cierre es "inminente" porque la Consejería de Sanidad ha dado diez días a los alcaldes de los pueblos afectados por el cierre de los PAC para que manifiesten sus alegaciones al borrador de la orden que regula la asistencia sanitaria urgente en el nuevo mapa de las Zonas Básicas de Salud de Castilla-La Mancha.
Según ese borrador de orden, se produce el agrupamiento funcional de la atención sanitaria urgente de once Zonas Básicas de Salud (ZBS) en la región, con el que resultarían afectados "al menos cuatro Profesionales Estatutarios de Atención Continuada (PEAC) por cada Punto de Atención Continuada, dos médicos y dos enfermeros por cada PAC, lo que supondría que unos 44 profesionales verían peligrar su puesto de trabajo", afirma Campoy.
Así, señala que unos PAC permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, pasando a depender de otros PAC limítrofes la asistencia sanitaria de urgencias de los pueblos afectados después de esa hora; mientras que otros PAC se cierran totalmente desde las 15.00 horas y se deriva la asistencia sanitaria de urgencias a otros PAC limítrofes.
"Estos últimos mantendrán su actividad de 8.00 a 15.00 horas atendiendo a la vez su actividad ordinaria (consultas programadas, consultas a demanda, curas, extracciones sanguíneas, etc.), con las urgencias que puedan surgir; en detrimento de la actividad ordinaria, si se producen urgencias, puesto que un Centro de Salud, no sólo atiende urgencias", ha argumentado.
Campoy lamenta la actitud de los responsables del SESCAM, "que ni tan siquiera se ha planteado la posibilidad de negociar con las organizaciones sindicales, en las correspondientes Mesas de Negociación, en lo concerniente a la modificación de las condiciones de trabajo y en la reordenación o cese de profesionales, que van a conllevar dichos cierres".
Para UGT la orden "vulnera flagrantemente" el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud, en lo referente a que la localidad donde se ubicará el Centro de Salud, que dice que no será distante del resto de los municipios a los que da cobertura, en un tiempo superior a 30 minutos con los medios habituales de locomoción.
Por todo ello, UGT exige la paralización "inmediata" de dicha medida y que se convoque la Mesa Sectorial de Sanidad, "en la que con transparencia, buena fe negociadora y voluntad de negociar lo que es objeto de negociación con las organizaciones sindicales, así se haga", ha concluido.
La secretaria regional de FSP UGT, Carmen Campoy, anuncia que el cierre es "inminente" porque la Consejería de Sanidad ha dado diez días a los alcaldes de los pueblos afectados por el cierre de los PAC para que manifiesten sus alegaciones al borrador de la orden que regula la asistencia sanitaria urgente en el nuevo mapa de las Zonas Básicas de Salud de Castilla-La Mancha.
Según ese borrador de orden, se produce el agrupamiento funcional de la atención sanitaria urgente de once Zonas Básicas de Salud (ZBS) en la región, con el que resultarían afectados "al menos cuatro Profesionales Estatutarios de Atención Continuada (PEAC) por cada Punto de Atención Continuada, dos médicos y dos enfermeros por cada PAC, lo que supondría que unos 44 profesionales verían peligrar su puesto de trabajo", afirma Campoy.
Así, señala que unos PAC permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas, pasando a depender de otros PAC limítrofes la asistencia sanitaria de urgencias de los pueblos afectados después de esa hora; mientras que otros PAC se cierran totalmente desde las 15.00 horas y se deriva la asistencia sanitaria de urgencias a otros PAC limítrofes.
"Estos últimos mantendrán su actividad de 8.00 a 15.00 horas atendiendo a la vez su actividad ordinaria (consultas programadas, consultas a demanda, curas, extracciones sanguíneas, etc.), con las urgencias que puedan surgir; en detrimento de la actividad ordinaria, si se producen urgencias, puesto que un Centro de Salud, no sólo atiende urgencias", ha argumentado.
Campoy lamenta la actitud de los responsables del SESCAM, "que ni tan siquiera se ha planteado la posibilidad de negociar con las organizaciones sindicales, en las correspondientes Mesas de Negociación, en lo concerniente a la modificación de las condiciones de trabajo y en la reordenación o cese de profesionales, que van a conllevar dichos cierres".
Para UGT la orden "vulnera flagrantemente" el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud, en lo referente a que la localidad donde se ubicará el Centro de Salud, que dice que no será distante del resto de los municipios a los que da cobertura, en un tiempo superior a 30 minutos con los medios habituales de locomoción.
Por todo ello, UGT exige la paralización "inmediata" de dicha medida y que se convoque la Mesa Sectorial de Sanidad, "en la que con transparencia, buena fe negociadora y voluntad de negociar lo que es objeto de negociación con las organizaciones sindicales, así se haga", ha concluido.
El Gobierno vuelve a manipular los datos para justificar su objetivo: destruir empleo público
25-10-2012
Ayer los medios divulgaban una encuesta del INE (Instituto Nacional de
Estadística) que afirmaba que salario anual de los empleados del sector
público fue en 2010 un 30,8% más alto que el salario medio. La muestra
deja fuera a un gran número de funcionarios de la Administración general
del Estado. Además los datos son de 2010: desde entonces los empleados
públicos han seguido perdiendo poder adquisitivo con congelación
salarial continuada, recorte de paga extra de navidad de 2012 e incluso
impago de nóminas.
Los datos son muy inexactos y la FSP-UGT considera estas cifras una manipulación al servicio de la campaña de satanización de lo público que está llevando a cabo el PP. En el cómputo de la masa salarial se incluye a directivos y personal de libre designación, salarios que son marcados en su mayoría directamente por el gobierno, con cuantías muy superiores a las del resto del personal de las Administraciones, que en su mayoría tienen salarios mileuristas.
Los datos ofrecidos constituyen además una comparativa entre el personal de las empresas públicas y el resto de personal de las Administraciones. En concreto en las empresas públicas es donde más se ha destruido empleo, pues el Gobierno tiene como objetivo ( PNR 2012-2013) la eliminación de un gran número de estas y continuamente insta a las CCAA a que hagan lo mismo. Hace un mes se despedían 3.000 trabajadores de empresas públicas de comunidad valenciana.
Estamos ante un nuevo intento de manipulación interesada de los datos del empleo en las Administraciones. Dando unos datos sesgados e incompletos de las condiciones salariales de los empleados públicos el Gobierno abona el terreno para justificar sus objetivos políticos: destruir lo público, precarizar salarios y desmantelar el Estado de Bienestar.
Los datos son muy inexactos y la FSP-UGT considera estas cifras una manipulación al servicio de la campaña de satanización de lo público que está llevando a cabo el PP. En el cómputo de la masa salarial se incluye a directivos y personal de libre designación, salarios que son marcados en su mayoría directamente por el gobierno, con cuantías muy superiores a las del resto del personal de las Administraciones, que en su mayoría tienen salarios mileuristas.
Los datos ofrecidos constituyen además una comparativa entre el personal de las empresas públicas y el resto de personal de las Administraciones. En concreto en las empresas públicas es donde más se ha destruido empleo, pues el Gobierno tiene como objetivo ( PNR 2012-2013) la eliminación de un gran número de estas y continuamente insta a las CCAA a que hagan lo mismo. Hace un mes se despedían 3.000 trabajadores de empresas públicas de comunidad valenciana.
Estamos ante un nuevo intento de manipulación interesada de los datos del empleo en las Administraciones. Dando unos datos sesgados e incompletos de las condiciones salariales de los empleados públicos el Gobierno abona el terreno para justificar sus objetivos políticos: destruir lo público, precarizar salarios y desmantelar el Estado de Bienestar.
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