Un operario de las obras de la antigua Tabacalera de Málaga
murió el pasado 16 de diciembre después de quedar atrapado por una
máquina en los trabajos para convertir el edificio en la sede del Museo
Estatal Ruso de San Petersburgo. Varios meses antes, el 21 de octubre un
buzo falleció al ser succionado por una turbina en el entorno de la
central térmica que E.ON tiene en los barrio; mientras que a principios
de 2014, un hombre de 28 años perdió la vida cuando recibió un golpe
mientras recogía aceitunas en una finca de la provincia de Córdoba.
Son
sólo tres de los 70 accidentes laborales con resultado de muerte que se
produjeron el año pasado en Andalucía, una vez que se descuentan los
desestimados después de la investigación y los que fueron contabilizados
en 2014, pero se produjeron en años anteriores.
Según los
datos de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, dependiente
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta,
la cifra supone un aumento del 11% en este tipo de siniestros con
respecto al año pasado, pero el número de
accidentes leves también crece
hasta los 69.409 registrados, un 5% más. Solo disminuyen los
calificados como
graves, que suman 793 entre enero y diciembre, es
decir, un 5% menos. Las estadísticas autonómicas muestran que desde
2007, el año previo a la crisis económica, la siniestralidad laboral no
ha hecho más que bajar hasta el estancamiento que se produjo entre 2012 y
2013. El descenso de casi medio millón de afiliados a la Seguridad
Social es una variable a tener en cuenta en este descenso, pero este año
la tendencia se ha invertido y los sindicatos han mostrado su
preocupación por el retroceso en la prevención de riesgos laborales.
Nuria
Martínez, secretaria de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO Andalucía
responsabiliza a la administración central, "porque legisla a favor del
empresariado en contra del trabajador", pero también a la Junta de
Andalucía, a quien achaca un recorte del 60% en el capítulo de
seguridad, salud y relaciones laborales -el 31.C- de los presupuestos de
2015, con la afección de varias partidas. Francisco Javier Zambrana,
director general de Seguridad y Salud Laboral de la consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, confirma el descenso de la
inversión que denuncia del sindicato, pero discrepa en la cifra de
reducción del presupuesto. "La dotación en el apartado de prevención de
riesgos laborales ha disminuido un 24%. La disparidad de números con
CCOO se debe a que ellos contabilizan el capítulo entero, que incluye la
partida de relaciones laborales, que no tiene que ver con nosotros y
donde la reducción ha sido mayor", detalla el directivo.
Dentro
del recorte del 24%, se elimina el capítulo 4 del mencionado apartado
31.C de los presupuestos, que en 2014 tuvo una dotación de 3.937.912
euros y que corresponde a la inversión en promoción y divulgación de la
seguridad y la salud laboral . Esta labor, que antes corría a cargo de
los agentes económicos y sociales de la comunidad, será realizada a
partir de ahora por los propios funcionarios de la Junta. "Era un gasto
asociado al Plan Estratégico de Prevención 2010-2014, que ha finalizado
y, por lo tanto, no va en los presupuestos", detalla Zambrana, que
también reconoce la eliminación de una partida de 1.300.000 euros para
subvenciones a pymes, dentro en el capítulo 7, dedicado a las
inversiones. "La convocatoria de 2012 no se pudo resolver hasta 2014 y
ahora estamos preparando una nueva edición para 2015-2016 con una
dotación de 1.800.000 euros", señala el director general de Seguridad y
Salud Laboral de la Junta de Andalucía.
Carlos Naranjo, el
secretario de Relaciones Laborales de UGT Andalucía, alude al escaso
grado de cumplimiento del mencionado plan estratégico, una estrategia
aprobada de forma conjunta por la administración, la Confederación
Andaluza de Empresarios (CEA) y los dos sindicatos mayoritarios. Según
UGT y CCOO sólo se han llevado a cabo el 60% de las políticas incluidas
en el documento. Entre las labores que han quedado sin finalizar,
destaca la elaboración de un anteproyecto de Ley Andaluza de Promoción
de la Prevención de Riesgos Laborales. Estas afirmaciones también son
confirmadas por Francisco Javier Zambrana, que explica que su intención
es prorrogar el plan extinto en 2014 hasta que Junta y agentes sociales
acuerden el nuevo, que estará vigente hasta 2020.
Respecto a las
responsabilidades del Gobierno Central, Nuria Martínez critica normas
como la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, "que exime a los empresarios de invertir en
prevención de riesgos laborales si tienen menos de 25 trabajadores.
Antes esta norma sólo afectaba a los negocios con menos de diez
empleados y pensamos que el aumento no está justificado", explica
Martínez, que también se refiere al Real
Decreto 625/2013 y la Ley
35/2014, que según el sindicato, da mayores poderes a las mutuas, lo que
supone "un mayor control y la criminalización del enfermo". Según
la secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, el resultado
de los recortes presupuestarios y la nueva legislación del mercado
laboral ha provocado "que tengamos que volver a preocuparnos por que se
cumpla lo más básico".
La sindicalista considera que se produce un
"ocultamiento" de la siniestralidad debido al empeoramiento de las
condiciones laborales. "La gente no se atreve a denunciar porque tiene
miedo a perder su puesto de trabajo", critica Martínez que denuncia
situaciones como la escasa formación que reciben los nuevos empleados.
En el otro sindicato mayoritario comparten esta visión y Carlos Naranjo
hace hincapié en que "el 50% de accidentes se registran en trabajadores
con contratos temporales". En su opinión, este hecho provoca un mayor
número de accidentes, ya que "el tiempo de adaptación a la rutina de
trabajo es menor".
Pero la autoridad laboral, es decir, la
mencionada Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, reconoce los
datos negativos, pero afirma que "no hay que crear alarma social",
manifiesta Zambrana. El también director del Instituto Andaluz del
Instituto Andaluz de Prevención Laboral asegura que 2013 fue
"especialmente bueno" para las cifras de siniestralidad en el trabajo,
sobre todo en el apartado de mortalidad. "El número de muertes del año
pasado está por debajo de la serie histórica y, después del descenso de
2013, se ha producido una regresión a la media", apunta.
Ante
las peticiones sindicales, Zambrana considera que su labor es mantener
la vigilancia y control, en la medida que su departamento es la
autoridad laboral competente. Para luchar contra la siniestralidad, la
administración autonómica cuenta con armas como el Programa de Actuación
sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad en Andalucía o el Plan de
Actuación de los Técnicos Habilitados, que consiste en llevar a cabo
inspecciones a cargo por funcionarios autonómicos y que en 2014 realizó
4.649 visitas. Su labor es realizar informes y requerimientos a las
empresas para que estas subsanen las irregularidades con el objetivo de
derivar el menor número de incidencias posibles a la Inspección de
Trabajo de la Seguridad Social. A pesar de los datos negativos,
Francisco Javier Zambrana es optimista y hace hincapié en "el trabajo
bien hecho que no se conoce", y asegura que entre la patronal andaluza
hay muchas compañías "que están concienciadas y saben que la prevención
es una inversión con retorno positivo".
