LOCAL Y AUTONÓMICA
FSP-UGT inicia una campaña en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Local
09-10-2013
Los municipios españoles han sido desde la recuperación de la
democracia una de las expresiones más evidentes de la llegada de la
misma a nuestro país: miles de concejales y concejalas, alcaldesas y
alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más
acuciantes de su entorno, y también, ante la falta de definición
constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y
actuaciones que fueran impulsadas y demandadas por la ciudadanía.
Hoy día la tasa de pobreza relativa supera el 21% y el desempleo ha ascendido a unos niveles históricos con una caída en picado de la ocupación, y una disminución de la población activa.
Esta situación conlleva una mayor demanda de cobertura de los servicios públicos, y en particular de los servicios sociales, tanto en el momento actual como en el futuro más próximo, y esta protección social urge sea atendida sin dilación. La relación entre la crisis y los servicios públicos debería ser directamente proporcional: a más crisis se debería incrementar la protección en situaciones de desventaja. Sin embargo es en este punto álgido de la crisis donde el gobierno se plantea dejar a la ciudadanía en situación de necesidad sin la cobertura de los servicios públicos, a través de este proyecto de ley.
Nuestro desarrollo democrático ha configurado a las Entidades Locales en las auténticas prestadoras de servicios públicos a la ciudadanía, garantizando la cohesión social interterritorial y la igualdad. De los 8.116 municipios, 6.802 tienen menos de 5.000 habitantes. Esto supone que según el proyecto de ley casi el 84% de los municipios españoles, no solo dejarán de prestar servicios, además peligra su existencia, ya que esta se evalúa solo en términos de rentabilidad económica. Sólo 63 municipios españoles cuentan con más de 100.000 habitantes estando entre estos los que acumulan el grueso del déficit y endeudamiento de las todas las Entidades Locales.
El Gobierno pretende una drástica reducción de las competencias y la financiación de los ayuntamientos
La excusa primordial de la Reforma es económica, pero a nadie se le escapa el componente ideológico que hay detrás, apostando por el adelgazamiento del Estado y la recentralización de competencias, dejando a un lado, el beneficio y la rentabilidad social que suponen los servicios públicos para la ciudadanía y sin tener en cuenta el coste democrático que esta recentralización del estado vaya a tener.
El gobierno empezó diciendo que se ahorrarían 3.500 millones de euros, ahora dice que la cifra de ahorro estará en torno a 8.000 M€. No es cierto. El gobierno con este proyecto de ley consigue el ahorro recortando y eliminando servicios públicos y despidiendo a cientos de miles de trabajadores (400.000 empleos se suprimirán, entre empleos directos e indirectos), tal y como se desprende de la configuración de competencias y costes que aparece en el texto de la reforma.
Sin excusa alguna, el gobierno criminaliza a los ayuntamientos ya que la realidad es que más de 3.000 ayuntamientos no tienen deuda viva alguna y una parte importante de la deuda de estas administraciones se concentra en cinco grandes ciudades y particularmente en Madrid, que representa el 44% del total de la deuda.
Las entidades locales son, entre todas las administraciones, las que mejor han gestionado el dinero público, siendo responsables de una mínima parte del déficit del estado (solo el 0,3%) y colaboran a bajar la media del déficit global (representan solo un 3,4% de un 57,8% de endeudamiento.
La excusa complementaria es la racionalización administrativa pero la realidad es que el proyecto de ley:
• Se ataca a la autonomía local que está garantizada por el artículo 140 de la Constitución, la Carta Europea de la Autonomía Local aprobada en 1985 y ratificada por el Estado español en 1988, establece los principios de respeto a la autonomía local sobre la base de los entes locales como uno de los principales fundamentos de un régimen democrático, del principio de subsidiariedad, de autonomía organizativa y competencias plenas,
• Pretende anular conscientemente las competencias autonómicas en ordenación del territorio y coordinación de las administraciones locales.
• Debilita a las Entidades Menores que son fuente primaria de democracia directa local, de amplia raigambre. Fundamentales para acercar la acción administrativa y los servicios públicos a la población, con una gestión diferenciada a la del resto del municipio en base a sus propias características.
En síntesis, lo que persigue esta reforma es: el debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, y la anteposición de los principios de austeridad sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal.
Un nuevo atentado a los derechos sociales de todos
Con la excusa financiera, el Gobierno ignora realidades demográficas, culturales, identitarias, económicas, productivas, de infraestructuras, comunicación, medios y recursos naturales o articulación de servicios públicos,
Lejos de la reivindicación histórica del municipalismo de que las competencias ejercidas debían contar con la suficiente financiación ahora las CCAA pueden decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente. Esta Reforma supone una frustración para todo el municipalismo que lleva 30 años exigiendo el Pacto Local.
La reforma supondrá para la ciudadanía un mayor coste por servicios públicos mientras que estos tendrán una menor calidad y eficacia al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento.
Se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Lo que se va a conseguir es el desmantelamiento de servicios públicos y la reducción a la mínima expresión de la administración local y por supuesto de su autonomía con un claro tutelaje de una administración sobre otra.
Consecuencias directas de esta reforma son:
-La supresión de los servicios de salud municipal:
-Servicios de salud de urgencias y asistencia primaria
-Atención a dependientes
-Asistencia de día a mayores
-Supresión de los servicios educativos municipales de todo tipo:
-Se eliminan las escuelas de adultos e infantiles municipales
-Se eliminan las escuelas de música y danza
-Se eliminan las actividades extraescolares municipales
-Se suprimen las actividades de ocio educativo.
-Se suprimen las actividades de animación sociocultural
-Se acaba con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género
-Desaparecen las oficinas de información a los consumidores
-Desaparecen los servicios de orientación laboral y formación para el empleo
Una auténtica reconversión del empleo público local
El proyecto de ley plantea desaparición de servicios públicos, fusión y disolución de entidades locales y entes instrumentales, desaparición de mancomunidades, consorcios y entidades locales menores, todo ello sin contemplar ninguna garantía para los trabajadores afectados por estos procesos. Con el vehículo de la Reforma Laboral que propicia los ERE extintivos en la Administraciones públicas, la sangría para el empleo es evidente: más de 400.000 empleos se perderán generándose mayores niveles de pobreza y exclusión social. El proyecto de ley plantea además una drástica reducción de la capacidad de negociación del personal de las entidades locales.
La sociedad debe responder, reclamando garantías en los servicios y una financiación justa y suficiente.
Las organizaciones promotoras y los que suscribimos este manifiesto,
Denunciamos:
• Esta reforma es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en la etapa democrática.
Exigimos:
• la retirada del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y
Nos comprometemos
• a realizar un amplio llamamiento a construir e impulsar las acciones necesarias para lograr la más completa y efectiva movilización social de todos los colectivos, asociaciones, grupos, partidos e instituciones para conseguir que esta no prospere.
Hoy día la tasa de pobreza relativa supera el 21% y el desempleo ha ascendido a unos niveles históricos con una caída en picado de la ocupación, y una disminución de la población activa.
Esta situación conlleva una mayor demanda de cobertura de los servicios públicos, y en particular de los servicios sociales, tanto en el momento actual como en el futuro más próximo, y esta protección social urge sea atendida sin dilación. La relación entre la crisis y los servicios públicos debería ser directamente proporcional: a más crisis se debería incrementar la protección en situaciones de desventaja. Sin embargo es en este punto álgido de la crisis donde el gobierno se plantea dejar a la ciudadanía en situación de necesidad sin la cobertura de los servicios públicos, a través de este proyecto de ley.
Nuestro desarrollo democrático ha configurado a las Entidades Locales en las auténticas prestadoras de servicios públicos a la ciudadanía, garantizando la cohesión social interterritorial y la igualdad. De los 8.116 municipios, 6.802 tienen menos de 5.000 habitantes. Esto supone que según el proyecto de ley casi el 84% de los municipios españoles, no solo dejarán de prestar servicios, además peligra su existencia, ya que esta se evalúa solo en términos de rentabilidad económica. Sólo 63 municipios españoles cuentan con más de 100.000 habitantes estando entre estos los que acumulan el grueso del déficit y endeudamiento de las todas las Entidades Locales.
El Gobierno pretende una drástica reducción de las competencias y la financiación de los ayuntamientos
La excusa primordial de la Reforma es económica, pero a nadie se le escapa el componente ideológico que hay detrás, apostando por el adelgazamiento del Estado y la recentralización de competencias, dejando a un lado, el beneficio y la rentabilidad social que suponen los servicios públicos para la ciudadanía y sin tener en cuenta el coste democrático que esta recentralización del estado vaya a tener.
El gobierno empezó diciendo que se ahorrarían 3.500 millones de euros, ahora dice que la cifra de ahorro estará en torno a 8.000 M€. No es cierto. El gobierno con este proyecto de ley consigue el ahorro recortando y eliminando servicios públicos y despidiendo a cientos de miles de trabajadores (400.000 empleos se suprimirán, entre empleos directos e indirectos), tal y como se desprende de la configuración de competencias y costes que aparece en el texto de la reforma.
Sin excusa alguna, el gobierno criminaliza a los ayuntamientos ya que la realidad es que más de 3.000 ayuntamientos no tienen deuda viva alguna y una parte importante de la deuda de estas administraciones se concentra en cinco grandes ciudades y particularmente en Madrid, que representa el 44% del total de la deuda.
Las entidades locales son, entre todas las administraciones, las que mejor han gestionado el dinero público, siendo responsables de una mínima parte del déficit del estado (solo el 0,3%) y colaboran a bajar la media del déficit global (representan solo un 3,4% de un 57,8% de endeudamiento.
La excusa complementaria es la racionalización administrativa pero la realidad es que el proyecto de ley:
• Se ataca a la autonomía local que está garantizada por el artículo 140 de la Constitución, la Carta Europea de la Autonomía Local aprobada en 1985 y ratificada por el Estado español en 1988, establece los principios de respeto a la autonomía local sobre la base de los entes locales como uno de los principales fundamentos de un régimen democrático, del principio de subsidiariedad, de autonomía organizativa y competencias plenas,
• Pretende anular conscientemente las competencias autonómicas en ordenación del territorio y coordinación de las administraciones locales.
• Debilita a las Entidades Menores que son fuente primaria de democracia directa local, de amplia raigambre. Fundamentales para acercar la acción administrativa y los servicios públicos a la población, con una gestión diferenciada a la del resto del municipio en base a sus propias características.
En síntesis, lo que persigue esta reforma es: el debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, y la anteposición de los principios de austeridad sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal.
Un nuevo atentado a los derechos sociales de todos
Con la excusa financiera, el Gobierno ignora realidades demográficas, culturales, identitarias, económicas, productivas, de infraestructuras, comunicación, medios y recursos naturales o articulación de servicios públicos,
Lejos de la reivindicación histórica del municipalismo de que las competencias ejercidas debían contar con la suficiente financiación ahora las CCAA pueden decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente. Esta Reforma supone una frustración para todo el municipalismo que lleva 30 años exigiendo el Pacto Local.
La reforma supondrá para la ciudadanía un mayor coste por servicios públicos mientras que estos tendrán una menor calidad y eficacia al dejar de ser prestados por el Ayuntamiento.
Se eliminan competencias en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Lo que se va a conseguir es el desmantelamiento de servicios públicos y la reducción a la mínima expresión de la administración local y por supuesto de su autonomía con un claro tutelaje de una administración sobre otra.
Consecuencias directas de esta reforma son:
-La supresión de los servicios de salud municipal:
-Servicios de salud de urgencias y asistencia primaria
-Atención a dependientes
-Asistencia de día a mayores
-Supresión de los servicios educativos municipales de todo tipo:
-Se eliminan las escuelas de adultos e infantiles municipales
-Se eliminan las escuelas de música y danza
-Se eliminan las actividades extraescolares municipales
-Se suprimen las actividades de ocio educativo.
-Se suprimen las actividades de animación sociocultural
-Se acaba con las políticas de igualdad y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género
-Desaparecen las oficinas de información a los consumidores
-Desaparecen los servicios de orientación laboral y formación para el empleo
Una auténtica reconversión del empleo público local
El proyecto de ley plantea desaparición de servicios públicos, fusión y disolución de entidades locales y entes instrumentales, desaparición de mancomunidades, consorcios y entidades locales menores, todo ello sin contemplar ninguna garantía para los trabajadores afectados por estos procesos. Con el vehículo de la Reforma Laboral que propicia los ERE extintivos en la Administraciones públicas, la sangría para el empleo es evidente: más de 400.000 empleos se perderán generándose mayores niveles de pobreza y exclusión social. El proyecto de ley plantea además una drástica reducción de la capacidad de negociación del personal de las entidades locales.
La sociedad debe responder, reclamando garantías en los servicios y una financiación justa y suficiente.
Las organizaciones promotoras y los que suscribimos este manifiesto,
Denunciamos:
• Esta reforma es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en la etapa democrática.
Exigimos:
• la retirada del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y
Nos comprometemos
• a realizar un amplio llamamiento a construir e impulsar las acciones necesarias para lograr la más completa y efectiva movilización social de todos los colectivos, asociaciones, grupos, partidos e instituciones para conseguir que esta no prospere.
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