27 de julio de 2015
Las organizaciones e individuos firmantes
—gran parte de ellos participantes en la Campaña Global para Desmantelar
el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad— saludamos a las y los
participantes en el recorrido de visibilización de las afectaciones del
gasoducto y expresamos nuestra más amplia solidaridad con las
comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos que luchan hoy
en México contra el poder corporativo (representado por las empresas
españolas Elecnor y Enagás, así como por la italiana Bonatti) amparado
por un Estado que ataca y criminaliza a sus habitantes —especialmente a
los de los pueblos indígenas y originarios—, para imponer megaproyectos
de negocios trasnacionales y el despojo de tierras a pesar del enorme
riesgo que implican para la seguridad, la salud, el modo de vida y el
medio ambiente de la población.
En México, después de la contrarreforma
constitucional que hace entrega irrestricta del control sobre el
patrimonio energético del país a empresas trasnacionales, el Estado
mexicano ha intensificado las agresiones contra las comunidades,
principalmente indígenas, para imponer proyectos de muerte, como bien
los denominan las comunidades afectadas. Sólo en fechas recientes, el
gobierno mexicano ha promovido la represión de la defensa comunitaria de
los territorios en lugares como San Francisco Xochicuautla, en el
Estado de México (comunidad hñahñú despojada de sus bosques para
permitir la construcción de una carretera que beneficiará a la
trasnacional OHL), Santa María Ostula, Michoacán (donde la comunidad
indígena nahua lucha contra el despojo de proyectos turísticos y mineros
trasnacionales y la ocupación del crimen organizado y donde la semana
pasada fueron asesinados dos menores de edad, presuntamente por
elementos del ejército mexicano), así como en las comunidades de San
Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac y San
Damián Texoloc, en el estado de Tlaxcala, en las que la maquinaria y el
personal de Enagás, Elecnor y Bonatti han ingresado ilegalmente,
acompañados por las policías federal, estatal y municipales, para
intimidar a la población y forzarla a ceder sus tierras en “servidumbre”
para la instalación del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, que forma
parte del denominado Proyecto Integral Morelos, el cual implica la
instalación de dos plantas termoeléctricas, varios parques industriales,
un relleno sanitario regional y un proceso de urbanización salvaje en
la región oriental del estado de Morelos.
El gasoducto, que sólo en su primera etapa
recorrería más de 150 kilómetros y por el que el gobierno mexicano
pagará más de 170 millones de dólares a las empresas españolas e
italiana, transportaría más de 300 millones de pies cúbicos de gas
importado de Estados Unidos, aunque sólo generaría 30 empleos
permanentes. En contraposición, las comunidades de los estados mexicanos
de Tlaxcala, Puebla y Morelos estarían expuestas a riesgos innecesarios
de fugas y explosiones, como la que destruyó decenas de casas y
ocasionó la muerte de al menos 29 personas en la ciudad de San Martín
Texmelucan, Puebla, en diciembre de 2010, debido a la negligencia en el
mantenimiento de los ductos y a su ordeña permanente por el crimen
organizado, tolerada e incluso auspiciada por la corrupción de las
autoridades mexicanas.
Sabemos que, a pesar de que instancias
técnicas y académicas especializadas como el Centro Nacional para la
Prevención de Desastres (CENAPRED), el Centro Universitario para la
Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (CUPREDER-BUAP) y el Instituto de Geofísica de la Universidad
Nacional Autónoma de México, han expresado su oposición a la
construcción del gasoducto por atravesar zonas de riesgo eruptivo del
volcán Popocatépetl, así como zonas habitadas y zonas de riesgo de
explosiones por el tipo de actividad que realizan las comunidades, las
autoridades mexicanas —violentando los derechos fundamentales de las
comunidades, el principio precautorio y el derecho internacional de los
derechos humanos y de los pueblos indígenas— actúan como fiadores de la
impunidad de empresas como Bonatti, Elecnor y Enagás.
Tan sólo en el caso de Enagás, podemos ver
como la internacionalización de la empresa española está vinculada a su
participación en proyectos controvertidos. Entre ellos destaca el
Corredor de Gas del Sur, un proyecto faraónico que pretende llevar gas
desde la República de Azerbaiyán hasta el Sur de Italia, cruzando a su
paso Georgia, Turquía, Grecia y Albania, con un trazado de más de 3.500
km y un coste de más de 45.000 millones de dólares, financiado
parcialmente por dinero público a través del Banco Europeo de
Inversiones y el Banco de Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El
megagasoducto soldará las economías de la Unión Europea con la de la
Azerbaiyán, alimentando con el intercambio € por gas el gobierno
corrupto y represor de la familia Aliyev que conduce el país desde 1991 y
que encarcela sistemáticamente a cualquier crítico del régimen. Además,
en la parte italiana del Corredor, las comunidades de la región del sur
de la Puglia, se oponen al proyecto por su elevado impacto ambiental y
su incompatibilidad con la realidad económica del territorio.
Enagás, como empresa monopolística del transporte y almacenamiento de
gas en España, se ha erigido como gestora del cobro del fracasado
proyecto Castor, un almacén geológico de gas que provocó más de 500
terremotos en la fase de pruebas, y que finalmente se desestimó su
puesta en servicio. Una cláusula abusiva del contrato permitió a la
empresa ACS cobrar por el almacén. El precio de la infraestructura,
1.350 millones de €, será transferido por ENAGAS que cobrará a través de
las facturas de gas más de 4.700 millones de € (deuda+intereses) a la
población durante 30 años.
Por todo lo anterior:
• Exigimos, junto con las comunidades y organizaciones mexicanas, la
cancelación de las obras de construcción del gasoducto
Tlaxcala-Puebla-Morelos, puesto que éstas sólo benefician los negocios
de Elecnor, Enagás y Bonatti a costa de los derechos fundamentales de
los pueblos de México, poniendo en riesgo su vida y seguridad.
• Condenamos las acciones represivas y de criminalización de la protesta
que realizan los gobiernos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como el
gobierno federal mexicano contra los defensores comunitarios de derechos
humanos y ambientales frente a la imposición violenta del Proyecto
Integral Morelos y su gasoducto. Exigimos que todos los derechos de los
habitantes de las comunidades afectadas sean respetados irrestrictamente
y que las autoridades mexicanas cesen de propiciar su violación
continua.
• Asimismo, condenamos la violencia encubierta que realizan, por medio
de las autoridades mexicanas, empresas europeas como Enagás, Elecnor y
Bonatti para despojar a las comunidades opositoras al Proyecto Integral
Morelos.
El contrato para la adjudicación de la gestión y el mantenimiento
de alumbrado de Ciudad Real entra hoy en su última fase, según ha
avanzado el portavoz del Equipo de Gobierno, Pedro Martín. Un contrato
público-privado, ha dicho, que lleva meses negociándose a través de “una
fórmula nueva”, el diálogo competitivo, a la que el Ayuntamiento ha
recurrido por primera vez. Consiste, según ha explicado Martín, “en una
negociación abierta del Consistorio con cada una de las empresas que se
han presentado, tres en total, y a las que se hace una oferta final y
el posterior contrato de adjudicación”. Ciudades como Santander, ha
añadido el portavoz, han seguido ya este mismo modelo de colaboración
público-privada.
