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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Ladran luego cabalgamos. Mieditis.

COMENTARIO DEL DIARISTA:
Para leer sin respirar.


Oír hablar a empresarios y ex ministros de derechas sobre la remunicipalización de servicios públicos por motivos ideológicos, me alegra enormemente, mas si tenemos en cuente que en su día se privatizaron por motivos ideológicos, corruptos y de negocio a costa de lo publico.

Son miles los ayuntamientos que se han dejado corromper y que han puesto en manos privadas servicios comunes de primera necesidad con empresas que por pura lógica solo tienen un fin, lucrarse económicamente, poquísimos ayuntamientos y Azuqueca de Henares no  lo ha tenido en cuenta jamas, son los que vigilan, hacen cumplir condiciones, auditorias anualmente esas empresas y sobre todo vigilar  la contratación de dichas empresas tampoco controlan la dignidad salarial y de  convenios  obligando a dichas empresas por lo común ladrilleras desembarcadas en lo publico cual garrapata   dispuestas a chupar cuando las cosas vayan bien y a hacer que pague el pueblo si se tuercen. Son muchos los politiquillos que ven en la privatización de los servicios de sus ciudadanos un sistema para quitarse trabajo y "problemas " de encima, privatizan y se desentienden ... se la suda el bien publico  y así nos va , cada día peor.

Por eso contratos a 20 ó 30 años de gestión cosa que debería estar absolutamente prohibido, que un politiquillo de mierda se atreva a hipotecar a su propio pueblo por 25, 30 años  con empresas no siempre limpias, perseguidas por hacienda o con serios problemas por ser corruptoras de políticos a nivel nacional e internacional dice mucho del mindundi y sus esbirros que se atreven a jugar con lo de todos, con lo publico, insisto debería estar penado y de no estarlo como dicen los señores estos se debería llevar una vigilancia exhaustiva de los procedimientos y labores de estas empresas, deberían rezar para que las inspecciones municipales no llegaran y velar con mantener a toda costa el mantenimiento del servicio y el bienestar de los trabajadores , así como sus cuentas en hacienda y por supuesto eliminar  a todas las empresas con causas por corrupción, tal y como Madrid, Barcelona y Sevilla ya han llevado a cabo, ademas de prohibir esa privatización por mas de cuatro años  por supuestos auditorias económicas y sociales cada ocho... empresa sucia a la mierda, lejos de los servicios públicos, regalo de una empresa a un político sea cual sea, empresa inhabilitada para trabajar con esa institución, mientras no se haga esto la mierda de esas empresas codiciosas  sera pasto entre nuestros políticos que no están a la altura, ni tienen los conocimientos ni están preparados para gestionar la cosa pública, solo entienden de triquiñuelas y salvar los papeles llegados los días de pre campaña, prometer en falso  y tenedores de una total incapacidad como gestores de lo publico.

Juristas advierten de la fiebre de la remunicipalización por motivos ideológicos

Cmara comercio santiago
En la presentación del libro en la Cámara de Comercio de Santiago. 

El exministro de Justicia Francisco Caamaño, el expresidente del Tribunal Supremo Pascual Sala y el catedrático de Derecho administrativo Gonzalo Quintero Olivares advierten de la "fiebre" de remunicipalización por motivos ideológicos. Así lo han puesto de manifiesto durante la presentación del libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego'. 
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Los autores han defendido que para modificar los contratos de las concesiones de servicios públicos no es suficiente apelar al interés general, sino que deben existir causas justificadas, según recoge la normativa europea.


Para Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal,“si la Administración decide recuperar la gestión de un servicio cedido, la Administración deberá también responder tanto en vía contencioso-administrativa como en vía penal por cómo recupera el servicio objeto de concesión”.

Ante la voluntad de algunos ayuntamientos de “remunicipalizar” servicios públicos, Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia, ha descartado que la gestión directa sea siempre, por definición, la mejor opción. 


REPLIEGUE DE LO PRIVADO


“Estamos ante un repliegue de lo privado que algunos preconizan como mejor defensa del interés general. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Creemos que la colaboración público-privada sigue siendo la receta fundamental en democracias avanzadas para mantener un nivel de garantía de los servicios públicos. No parece razonable que ideológicamente se intente demonizar la colaboración público-privada como una especie de enemigo del pueblo”.

Caamaño ha hablado de las ventajas de este modelo de gestión, destacando por ejemplo que “cuando un poder público no tiene suficientes recursos para abordar un servicio público puede abrirse a la colaboración privada, contando así con financiación y capacidades que no tiene en el momento de tomar la decisión”.´

En esta misma línea se ha expresado el ex presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, quien añade que “la normativa europea no pone énfasis en quién presta el servicio –si la administración o un operador privado-, sino en que se gestione con eficacia y excelencia. Correlativamente están los deberes de garantía, vigilancia e inspección que tienen las administraciones públicas, que son las titulares del servicio”.

Sala ha añadido que “si la Administración pública tuviera que prestar directamente todos los servicios públicos, encontraría dificultades presupuestarias y sería el ciudadano quien pagaría las consecuencias de una prestación inadecuada”.


El libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego', editado por Profit Editorial,ofrece las claves para entender las reglas de colaboración público-privada en el ámbito español, teniendo en cuenta la regulación y jurisprudencia europea, que conlleva importantes consecuencias e implicaciones jurídicas.

La obra reflexiona también sobre las formas de gestión de los servicios públicos y actividades de interés general, partiendo de la idea de que es posible satisfacer el interés público tanto por parte de los organismos públicos como por las empresas privadas.

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