COMENTARIO DEL DIARISTA:
PSOE en Azuqueca privatiza alumbrado público.
¡¡¡ VIVA EL VINO!!!
Utrera | Actualidad
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06/10/2014 12:10 - 50 lecturas
El PSOE utilizará todos los mecanismos legales para paralizar el contrato del alumbrado de Utrera |
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Villalobos:
“Los datos facilitados por el propio Ayuntamiento no justifican la
privatización de este servicio municipal. Francisco Jiménez tiene que
dar la cara y aclarar por qué el empeño ahora, a pocos meses del final
de su mandato, de privatizar el alumbrado público durante 12 años”
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. El portavoz municipal socialista del Ayuntamiento de Utrera, José María Villalobos, ha ofrecido una rueda de prensa para ratificar la postura del PSOE contraria al proyecto de privatización por 12 años y 12 millones de euros que pretende realizar el equipo de gobierno PA-PP a pocos meses de la celebración de las Elecciones Municipales en la que los utreranos elegirán un nuevo Gobierno para Utrera. En dicha rueda de prensa Villalobos, pizarra en mano, ha desvelado “nuevas lagunas y puntos oscuros de este proyecto en el que el alcalde de Utrera, aunque no da la cara, parece que ahora se ha iluminado y quiere realizarlo a prisa y corriendo y por la puerta de atrás en los últimos días de su gobierno” manifiesta la formación. José María Villalobos ha rebatido con números punto por punto toda la argumentación que sobre este proyecto ha realizado el concejal “al que Francisco Jiménez ha encargado que explique lo inexplicable”, este “supercontrato privatizador” por 12 años y 12 millones de euros. “A mí me daría vergüenza sentarme a dar una rueda de prensa delante de todos los utreranos y leer un papel, que no entiendo lo que dice porque lo ha preparado una empresa privada, tengo que hacerlo porque alguien lo ha ordenado”, refiriéndose a la rueda de prensa que ofreció Francisco Serrano la semana pasada en la que llegó a afirmar que el PSOE “se inventaba los datos”. Asimismo, el portavoz socialista declaró que Francisco Serrano y el alcalde lo que tendrían que hacer es “aclarar de una vez porqué en octubre del año pasado tenían tanto empeño en que la auditoría la hiciera cierta empresa que no era la que presentaba la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento, y ante tal disparate tuvieron que anular por decreto el procedimiento de contratación”. Villalobos volvió a demostrar rotulador en mano y en una pizarra paso por paso, cómo con los datos proporcionados por el ayuntamiento y la auditora la decisión de la privatización es más cara que mantener el servicio público y acometer la inversión con un renting. Así, para los socialistas, los costes de la privatización serían la línea base que establece la auditoría (1,116 millones) por los 12 años de duración del contrato (13,398 millones) menos el 10% del ahorro (1,339 millones), lo que da 12,059 millones. Por otro lado los costes del servicio público serian el coste del renting (492 mil) durante los 8 años que dura (3,936 millones), más los costes de mantenimiento (207 mil) durante 12 años (2,484 millones), más los costes de factura de la luz (274 mil) durante 12 años (3,288 millones), lo que da un total de 9,7 millones a juicio de los socialistas. “Es decir el ahorro es 2,3 millones de euros mayor si no se privatiza. Con la propuesta socialista los ahorros serían de al menos el 27% mientras que la que defiende el equipo de gobierno es de sólo el 10%”. Además, Villalobos volvió a insistir en la inconsistencia de los costes de mantenimiento presentados por la empresa auditora, que triplican los reales del ayuntamiento, y puso en cuestión los datos de facturación de la luz, de los que dijo “estamos haciendo lo que tenía que haber hecho Francisco Serrano, un estudio detallado, y presentaremos novedades próximamente”. José María Villalobos volvió a hacer “la pregunta que todos los utreranos nos hacemos y que el alcalde iluminado no ha contestado, ¿por qué el empeño de privatizar el alumbrado público en el descuento del mandato, durante 12 años y por 12 millones, si no es la mejor opción?”. Por último Villalobos afirmó que “el PSOE utilizará todas las herramientas legales a nuestra disposición para parar este despropósito”. |
La
mesa redonda para informar a la ciudadanía sobre el proceso de
privatización del alumbrado público, se va a quedar en una simple
intención. La concejala de Hacienda, Laura Torres ha vuelto a reiterar
que no acudirán a la cita, porque “no se han retractado”, una de las
condiciones puestas desde el grupo socialista para asistir.
El PSOE pide al nuevo ministro de Justicia que no deje sin jueces a Sigüenza y Molina
Magdalena
Valerio, diputada del PSOE por Guadalajara y vocal en la Comisión de
Justicia del Congreso, ha pedido al nuevo ministro de Justicia, Rafael
Catalá, que hoy ha tomado posesión del cargo, que corrija “todas las
contrarreformas ideológicas y revanchistas que Gallardón le ha dejado
aprobadas o en tramitación”, entre las que figura la modificación de la
Ley de Planta y Demarcación Judicial. Esta reforma, que Gallardón
intentó primero con una ley específica y después como parte de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase
de anteproyecto de ley redactado pero todavía sin pasar por el Consejo
de Ministros y sin entrar por tanto en el Parlamento, supondría dejar
sin jueces a Sigüenza y Molina de Aragón, así como eliminar los juzgados
de paz y la Audiencia Provincial.
“Al nuevo ministro le decimos que está a tiempo de paralizar esta
reforma de la planta y demarcación judicial, y le pedimos que lo haga,
porque es un paso más hacia el desmantelamiento de la Justicia como
servicio público de proximidad a la ciudadanía”, ha señalado Valerio,
además de “provocar el encarecimiento de los procesos, más colapso en la
administración de justicia y perjudicar especialmente al medio rural”.
La provincia de Guadalajara cuenta actualmente con 285 juzgados de
paz, que desaparecerían con ese anteproyecto de ley. Además, eliminaría
la Audiencia Provincial para crear tribunales de instancia que
implicarían el traslado de todos los jueces que operan en la provincia
de Guadalajara (18) a la capital, dejando por tanto sin jueces las salas
de Sigüenza y Molina de Aragón.
Además, la eliminación de la Audiencia Provincial, que actualmente
dirime los recursos en segunda instancia de los procesos civiles y
penales, supondría que quien quiera recurrir tendrá que hacerlo en
Albacete, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
lo que “sigue alejando la administración de justicia de la ciudadanía y
encareciendo los costes para el ciudadano”.
Justicia gratuita: 7.868 casos y 885.000 euros en Guadalajara en 2013.
La parlamentaria socialista también ha pedido al nuevo ministro de
Justicia que pare la tramitación de la Ley de Justicia Gratuita, que tal
como la ha dejado planteada Gallardón “es injusta, porque endurece las
condiciones de acceso a la justicia gratuita, deja fuera de ella a los
inmigrantes sin papeles, desincentiva la solicitud del servicio y se
limita a tres pleitos anuales”.
En el año 2013, en la provincia de Guadalajara los ciudadanos
contaron con el servicio de justicia gratuita en 7.868 asuntos
judiciales, con un coste de 885.000 euros. En el conjunto de Castilla-La
Mancha fueron 62.670 procedimientos, con un coste de 7 millones de
euros. En toda España hubo justicia gratuita en 1.775.000 asuntos y su
coste fue de 223 millones de euros.
Derogación de la Ley de Tasas Judiciales.
De las leyes que Gallardón dejó aprobadas, Valerio ha pedido al nuevo
ministro que derogue la Ley de Tasas Judiciales, por ser una “ley
abusiva, injusta y que está pendiente de dos recursos de
inconstitucionalidad presentados por el PSOE, una ley que tiene una
finalidad exclusivamente recaudatoria y de restringir el acceso a la
Justicia, creando una justicia para ricos y otra para pobres”.
La Ley de Tasas Judiciales, que Gallardón aprobó en solitario,
teniendo en contra a la ciudadanía, las asociaciones de consumidores y
usuarios, los sindicatos de la Administración de Justicia, los
funcionarios en general y a todos los operadores jurídicos (jueces,
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores),
establece unas cuotas mínimas de entre 100 y 1.200 euros para recurrir o
iniciar procesos judiciales, se trate de un particular o de una empresa
multinacional.
Retirada del recurso del PP contra la Ley de Educación y Salud Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por último, Valerio ha pedido al nuevo ministro de Justicia que
inicie de forma inmediata gestiones para que el PP retire el recurso de
inconstitucionalidad que tiene presentado contra la actual Ley de
Educación y Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo, popularmente conocida como Ley de Plazos del Aborto, cuya
reforma, encargada por Rajoy y aprobada por el Consejo de Ministros, y
reciente retirada por cálculos electorales motivó la dimisión de
Gallardón.
