El tripartito PP-Cs-PMP cierra el año privatizando más servicios públicos
El Pleno Ordinario de diciembre, celebrado ayer, sirvió para que el tripartito PP-Cs-PMP volvió a hacer patente su inclinación por la privatización, no sólo dejando servicios públicos tan esenciales como el alumbrado o la limpieza en manos de empresas, sino también desviando dinero público al empresariado de la Educación.
En contra del sentir de la mayoría de la plantilla y del parecer del anterior interventor, el tripartito procederá a la privatización de EMMSA en 2020, partiendo la empresa en dos: limpieza de edificios y el resto de prestaciones (recogida de basuras, limpieza de calles…), algo que ya venía anticipando desde 2018 José Mª Gómez Muñoz (PMP). La decisión se apoya en un «informe a medida», según José Antonio Rodríguez (Vox), que tachó de «excusa para la privatización». En esa misma línea, el portavoz de IU, José Luis Gómez, lamentó que ni siquiera el informe de la Intervención municipal haya sido elaborado de manera rigurosa, pues no se apoya en datos propios, sino en los que aporta la empresa que ha hecho el informe pro-privatización.
Un informe, por otro lado, rodeado de polémica de principio a fin, del que no se había hecho público su coste -unos 12.000 euros, según reveló Salado tras múltiples quejas de la oposición-, habiéndose adjudicado a dedo a la misma empresa que apostó por la privatización de la piscina municipal cubierta, y que, además, no muestra los costes de las otras opciones de gestión (mixta o pública).
El grueso de la oposición acusó al equipo de Gobierno de proporcionar dicho informe con escaso margen para su estudio. Reforzando las denuncias de su grupo municipal, José Luis Gómez (IU) lamentó que únicamente se hubiera enviado el documento con unas pocas horas de antelación a la Comisión Informativa, lo que impide su correcto estudio y evaluación.
Antonio Sánchez (PSOE) calificó la decisión de «ideológica», con un informe «cocinado a fuego lento» que ni siquiera avala la decisión de la privatización y división de EMMSA en dos empresas, dado que la diferencia de coste entre gestión privada y pública únicamente es de 500.000 euros en favor de la primera, «que podría ser aún menos si se gestiona eficientemente», indicó Sánchez, «toda vez que no es preciso descontar la parte de beneficios que la empresa privada sí descuenta».
Con la privatización, todos los trabajadores dejarán de ser automáticamente empleados municipales, rigiéndose por los convenios colectivos a los que estén adheridas las empresas adjudicatarias, una vez que en 2021 expire el actual. En este sentido, si en algún momento se remunipalizara el servicio, Gómez Muñoz (PMP), uno de los máximos impulsores de la privatización, aseguró que todo trabajador que quisiera regresar al Ayuntamiento debería opositar. Algo, por otro lado, que posteriormente negaría Salado, garantizando que «todos esos trabajadores siempre estarán adscritos al servicio público», antes, durante y después de la privatización, y asegurando tajantemente que, no sólo «sus puestos de trabajo están garantizados», sino que sus condiciones (horas trabajadas, salario, etc.) en ningún momento se verán empeoradas.
Atrás quedaron las críticas por parte de Ciudadanos antes de las elecciones, cuando su portavoz Elena Aguilar (Cs) denunciaba la falta de información facilitada por los equipos de Francisco Salado (PP) y Gómez Muñoz (PA, ahora PMP). Entonces, datos tan esenciales como el IVA abonado a EMMSA, el beneficio neto que obtiene FCC, el coste anual de la plantilla o el coste de mantenimiento de la maquinaria eran sistemáticamente negados a la oposición. A pesar de lo cuestionado del informe y ya desde el gobierno, Ciudadanos se alineó con PP y PMP. La única oposición con que se topó la privatización de EMMSA fue la de PSOE e IU.
Blindaje del alumbrado privatizado
Tal y como avanzaba Arrinconados días atrás, el Consistorio también perdió la oportunidad de rescindir el contrato de privatización de Endesa-Enel, a pesar de que los numerosos incumplimientos e irregularidades recogidos en los informes municipales avalan las airas y reiteradas quejas vecinales en cuanto a su calidad del servicio. Para muestra un botón: ninguno de los casi 150 cuadros eléctricos por los que paga el Ayuntamiento se ajusta a la normativa vigente; no sólo eso, sino que según Gómez Muñoz, 33 de ellos ni siquiera estaban a nombre del Consistorio.
Fotodenuncia del concejal de Sergio Díaz Verdejo (PP), cuando estaba en la oposición, quejándose de la UTE Endesa-Enel, que ahora defiende para continuar con el servicio privatizado.
Aunque cuando el PP privatizó el servicio aseguró que éste supondría un ahorro del 55% y que el propio Gómez Muñoz manejó esta misma cifra cuando estaba en la oposición, ahora en el Gobierno el edil del PMP lo redujo a un 40% inicial, rebajándolo más incluso -hasta apenas un 30%- debido a las deficiencias. La readaptación del discurso del líder del PMP también se dio en lo referido a la desaparición de 3.000 faroras, como le recordó Sánchez, que reveló que gracias al expediente se desveló que parte o la totalidad de ellas estarían en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
De nuevo, aparecieron las quejas de la oposición, que en tres días (contando Nochebuena y Navidad) se ha visto obligada a leer un informe que el equipo de Gobierno ha tardado cuatro años en realizar. El fondo de la cuestión es que desde el equipo de Gobierno, ninguno de los numerosos incumplimientos por parte de la UTE Endesa-Enel abre la puerta a rescindir el contrato, indicando que el tripartito habría llegado a un acuerdo con la UTE para no sólo no rescindir el contrato, sino también para no cobrar las penalizaciones con objeto de esquivar los intereses de morosidad dado que el Ayuntamiento que no paga a tiempo a sus proveedores.
Una de las voces más críticas fue Antonio Sánchez (PSOE), que criticó a Endesa-Enel, apuntando que «creo que durante seis años se han reído de nosotros», añadiendo que «hemos perdido una oportunidad magnífica de resolver el contrato, dada la infinidad de faltes leves, graves y muy graves que detallan los técnicos». A pesar de ello, el tripartito blindó la privatización
Una rescisión habría permitido, según reclamó Rosa Ramada (Podemos), la contratación con una proveedor que apueste por las energías renovables, en lugar de continuar «con una de las cuatro empresas más contaminantes de España».
En este punto, el edil de IU recordó los miles de euros perdidos en concepto de indeminización que la dejación municipal perdió al dejar caducar los expedientes sancionadores o, como precisó Gómez Muñoz, «se nos fue el santo al cielo». El concejal del PSOE también ilustró la falta de diligencia municipal asegurando que en cada uno de los cuatro informes existentes aparecen cuatro cifras distintas para determinar el número farolas del municipio.
A favor del negocio de la Educación
Cerrando el círculo de las externalizaciones, derivando servicios públicos esenciales al sector privado, el PP elevó una moción a favor de la financiación estatal del empresariado de la Educación (educación concertada), en línea con la Junta de Andalucía (PP-Cs, con apoyo de Vox), que en 2020 inyectará 20 millones de euros más para el profesorado de estos centros que, según un reciente informe de la Universidad Autónoma de Madrid, favorece la segregación socioeconómica en las ciudades.
El edil del PP, Borja Ortiz, realizó una defensa de esta financiación estatal, con especial énfasis en las escuelas religiosas, enmascarada en la libertad de escoger centro público, algo por otro lado que no ha estado en riesgo en ningún momento, tal y como indicó Gómez (IU). Esta defensa del negocio de la educación subvencionado por el Estado encontró el apoyo de la extrema-derecha (Vox), contribuyendo a tergiversar el sentido de la Constitución española que en ningún momento garantiza la concertación de la escuela privada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario