Servicios públicos en alerta
laboral
- La conflictividad va a más en un sector que crece a golpe de externalizaciones,
- subcontrataciones y desregulación
El conflicto de los trabajadores de Eulen encargados de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat ha puesto a las claras el escenario de conflictividad laboral que está tomando forma en servicios públicos prestados por empresas privadas. El fuerte impacto de esta protesta, que ha llevado al Gobierno a iniciar un proceso excepcional de arbitraje que culminará con un laudo de obligado cumplimiento, le ha dado protagonismo mediático.
Los sindicatos censuran la creciente contratación con precios a la baja desde las administraciones
Pero hay otros ejemplos no tan conocidos, como el de los empleados de Ciut’art, que se ocupan de la información y atención a los visitantes de algunos museos y equipamientos culturales de Barcelona, también en huelga estos días. En ambos casos los sindicatos denuncian condiciones de trabajo precarias fruto de unas contrataciones a la baja por parte de los titulares.
En estos dos contenciosos, Aena y el ayuntamiento de la capital catalana están en el punto de mira. Como también lo están el resto de administraciones, que, en mayor o menor medida, acuden a fórmulas de este tipo. Descargan labores que antes hacían a terceros que las hacen con un menor coste.
Las patronales avisan de que, con el actual modelo, las empresas no tienen margen para cambiar
Que la conflictividad va a más lo muestran los últimos datos de huelgas. En los seis primeros meses del año ha habido 485 convocatorias en el conjunto de España, según las cifras facilitadas por la patronal CEOE. Son un 3,85% más que en el mismo periodo del 2016. Estos paros fueron secundados por 179.349 trabajadores, más del doble que un año antes, un 109,05% exactamente. Y supusieron la pérdida de 5.339.178 horas de trabajo, lo que supone un incremento del 52,97% respecto al primer semestre del 2016.
De estos totales, una parte significativa afectó a empresas o servicios de carácter público y con alzas interanuales muy destacadas. En concreto, 120 huelgas (+21,21%), 142.447 trabajadores (+118,54%) y 2.976.232 horas (+42,49%). Así, más de la mitad del tiempo no trabajado por los paros (el 55,7%) correspondía a este ámbito de actividad.
“La externalización de los servicios públicos, donde las empresas que ofrecen los mejores precios ganan los concursos, está propiciando más conflictividad”, expone Nuria Gilgado, secretaria de política sindical de UGT de Catalunya. “Estas prácticas están creciendo y afectan a sectores muy sensibles, como el de la seguridad, en los que el precio no debería de ser determinante”, añade Ricard Bellera, secretario de trabajo y economía de CC.OO. de Catalunya, quien lamenta que, en este ámbito, el de las externalizaciones, “se busque, por encima de todo maximizar los beneficios, aunque sea por encima el factor humano”.
La precarización de las condiciones de trabajo afecta a sectores con gran impacto en la sociedad
Desde la patronal CEOE se culpa a los poderes públicos de esta política de precios a la baja. “Las condiciones de los pliegos y las adjudicaciones las deciden las administraciones, las empresas ganadoras de los concursos se ciñen a ellas y, una vez adjudicados, carecen de margen para cambiarlas”, recuerda Jordi García Viña, director del departamento de relaciones laborales de la citada organización.
“Estas empresas –prosigue– reciben la presión por las dos partes: de los trabajadores que quieren mejoras salariales y de la institución titular que sólo paga lo que consta en el contrato”. Además, añade, “debe tenerse en cuenta que cada vez que se renuevan los concursos, las empresas que los ganan suelen quedarse con los empleados de las anteriores adjudicatarias, lo que es un nuevo condicionante para ellas”.
Otro elemento denunciado insistentemente por los sindicatos, que afecta al sector de los servicios públicos, es la proliferación de convenios de empresa con condiciones menos favorables para los trabajadores que los de ámbito sectorial. “Es habitual después de la reforma laboral en muchas empresas en las que se están degradando claramente las condiciones de trabajo”, lamenta Gilgado.
Las empresas públicas también tienen elevados niveles de conflictividad laboral
García Viña discrepa: “Hace muchos años que existen los convenios de empresa y antes de la crisis lo habitual era que mejoraran los sectoriales; ahora no hay grandes novedades legales al respecto, la principal causa de lo que ha ocurrido es la situación económica, que ha rebajado estos convenios de empresa”. Por otra parte, este responsable de la CEOE recuerda además que los descuelgues salariales de convenio han afectado sólo a 350.000 contratos y que del total de 6.000 convenios que hay en España, únicamente unos 40 se han impugnado ante los tribunales por cuestiones relacionadas con esta práctica, que sí se debe a la reforma laboral de 2012.
También desde el empresariado, David Garrofé, secretario general de la patronal Cecot, considera que “el modelo que se ha ido configurando en los últimos años, con pliegos cada vez más a la baja y empresas multiservicio ganando terreno, puede provocar tensiones y disfunciones en el mercado”. La situación, añade, “se complica en los sectores regulados” en los que, la entrada de estos actores, “genera una fuerte competencia interna, confusión y conflictos”. En su opinión, “habrá que ver cómo evoluciona este modelo y quizás revisarlo”.
En el fondo, explica Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, “el problema es que una parte importante de los trabajadores no alcanzan a ver cómo les afecta la recuperación económica tan loada por el Gobierno español y la Comisión Europea”. Rojo constata que en según qué empleos, las condiciones se están precarizando intensamente y se pregunta: “¿Es este el modelo de trabajo digno y decente del siglo XXI, el que propugna la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o está más cerca del método taylorista de principios del siglo XX?”.
En la misma línea, Ricard Bellera, pone el acento en que “hay una sensación de injusticia creciente” porque se está vendiendo que la situación mejora pero no llega a una gran parte de los trabajadores”. Este dirigente de CC.OO. denuncia que “devaluaciones que se asumieron como coyunturales en tiempos de crisis ahora se pretendan convertir en estructurales”. También Nuria Gilgado, de UGT, incide en este elemento: “Se hicieron muchos esfuerzos para mantener el empleo pero ahora la situación ha cambiado”.
Desde Cecot se advierte, sin embargo, que la buena marcha de la economía no lo es para todas las empresas. “Es cierto que, en general, hay recuperación –constata David Garrofé–, pero aún hay muchas empresas que sufren y para mantener la competitividad miran los salarios, aunque ahora quizás no pesan tanto como antes, hay otros factores como el coste de la energía”. El secretario general de esta patronal apunta que la tendencia futura es que trabajos muy especializados y demandados tengan salarios al alza y los de los empleos menos cualificados difícilmente suban.
La conflictividad también crece en las empresas públicas, las que dependen directamente de la administración y que suelen tener unas condiciones de trabajo significativamente mejores que las privadas que dan servicio a los ciudadanos. Ha habido huelgas, recientemente, en los metros de Barcelona y de Madrid, en la sanidad, en la enseñanza... La última amenaza viene, de nuevo, de los aeropuertos. Los sindicatos acaban de anunciar 25 días de huelga en Aena y Enaire entre septiembre y diciembre. En este caso, apunta Jordi García Viña, son movilizaciones que sirven de “mecanismo de presión ante la negociación de convenios” y “aprovechan el impacto que tienen en la sociedad para obtener una respuesta de la administración”. Los sindicatos discrepan de este análisis de la CEOE. “Las protestas dependen fundamentalmente del grado de organización de los trabajadores”, defiende Ricard Bellera, de CC.OO. Su colega de UGT Nuria Gilgado coincide y recuerda que “en estas empresas hay congelaciones salariales desde hace muchos años y ahora que el PIB está a niveles anteriores a los de la crisis piden mejoras; es normal que sea así”.
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