El juzgado número 8 de lo social de Barcelona ha dictado la primera sentencia que reconoce la muerte de un trabajador del metro por exposición al amianto. El magistrado considera probado que la empresa municipal actuó con negligencia y no evaluó correctamente los riesgos del puesto de trabajo del fallecido, lo que acabó derivando en una falta de medidas preventivas, que derivaron en un cáncer muy agresivo y este acabó causándole la muerte en 2008. La sentencia, ganada por el bufete de abogados Col·lecitu Ronda, permitirá a la viuda ver incrementada su pensión al acreditarse que la muerte de su esposo fue por enfermedad profesional. Y abre la puerta a nuevas demandas por daños y perjuicios y falta de seguridad que, en futuras instancias, podrían acabar derivando en responsabilidades penales para TMB, tal como ya pasó en el Metro de Madrid. 

“Esta sentencia demuestra que gran parte de la plantilla ha estado expuesta al amianto”, ha declarado la presidenta del comité de empresa del metro de Barcelona, Amada Álvarez. “Es una sentencia histórica”, ha calificado el abogado del Col·lectiu Ronda Àlex Tisminetzky. El fallo del juzgado número 8 de lo social es el primero de una serie de otras seis demandas interpuestas por ex trabajadores o familiares y gestionadas por Ronda. Cuatro de ellas por familiares de fallecidos y otras dos por ex empleados con incapacidades graves. Todos expuestos por amianto. 

La víctima trabajó entre los años 1989 y hasta 2008 como auxiliar técnico de instalaciones eléctricas, es decir, se dedicaba a ir por los túneles realizando tareas de mantenimiento y reparando averías. Un rol que TMB no reconoció como vulnerable al amianto y por ello no le dotó de las protecciones ni de las revisiones médicas pertinente para controlar la exposición al mismo. 

Precedentes en Madrid

Una semana antes de notificarse esta sentencia pionera en Barcelona, la dirección del Metro de Madrid, los sindicatos más representativos entre la plantilla y familiares afectados firmaron un acuerdo para indemnizar a los afectados por el amianto. Para el mismo la empresa ha dispuesto un fondo de 7,4 millones de euros para pagar indemnizaciones, mientras los afectados renuncian a futuras acciones penales, civiles y laborales derivadas de los hechos investigados. El pacto llega tras más de dos años de negociaciones y tras iniciar la Fiscalía, en 2018, diligencias penales contra la dirección.