La Ley 27/2011 que regula la reforma de pensiones, nacida
del acuerdo entre gobierno, sindicatos y empresarios,
establecía que a partir de 2013 se pondría en marcha una
nueva fórmula de cálculo para integrar las lagunas de
cotización de las personas que acceden a las pensiones de
jubilación o invalidez.
El Gobierno, entendiendo que esta regulación podría producir
situaciones de inequidad y planificación, anunció su
voluntad de abordar esta cuestión con los sindicatos y
empresarios. Sin embargo, antes de culminar el diálogo con
los interlocutores sociales, ha decidido anticiparse e
imponer una nueva fórmula para la integración de las
lagunas, como una contraprestación al rescate de hasta
100.000 millones de euros para el sector financiero español.
El Gobierno ha decidido introducir este cambio legislativo
de forma sorpresiva, aprovechando el trámite en el Senado de
la reforma laboral, dando una sensación de urgencia que no
se corresponde con la realidad e interrumpiendo las
conversaciones que, sobre esta materia, había iniciado hace
pocos días con sindicatos y empresarios, tras el anuncio de
la medida por la ministra de Empleo y Seguridad Social,
Fátima Báñez en el Congreso el pasado 8 de mayo y a la que
los interlocutores sociales habían manifestado su voluntad
de diálogo.
Si bien se trata de una modificación parcial de la reforma,
que el gobierno imponga de forma unilateral una medida que
jurídicamente supone un retroceso y un perjuicio para los
futuros pensionistas respecto de la fórmula acordada en su
día, es un pésimo precedente que se aparta del consenso que
debe presidir los cambios legislativos en materia de
pensiones.
Finalmente, UGT y CCOO quieren mostrar su preocupación por
el hecho de que el Gobierno, al igual que ha hecho con la
fórmula de la integración de las lagunas, actúe en esta u
otras materias condicionado por el rescate al sector
financiero aprobado este fin de semana y evitando el Diálogo
Social con empresarios y sindicatos.
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