Información privada... Uhmmmm

ED/Efe 28/03/2013 .

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha denunciado a la edil del Partido Pueblo, Libertad y Justicia (PLJ), Litolda Ballesteros, por no pagar los impuestos municipales desde el año 2004, una situación que la ha llevado al embargo de una propiedad valorada en 500.000 euros. El regidor municipal, que ha acusado a la concejala de "falta de catadura política y moral", ha subrayado en rueda de prensa que la deuda de la edil asciende a 88.000 euros, según consta en varios números del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que la ha pedido que tenga "la solidaridad que ella pide a los vecinos" con el pago de los impuestos adeudados. Martín ha hecho estas declaraciones tras la polémica suscitada en el Pleno municipal celebrado anoche, en el que Litolda Ballesteros le pidió "solidaridad" para los vecinos de la calle Seis de Junio, que tendrán que abonar el 20 por ciento de contribuciones especiales para la urbanización de esta vía. Ante tal petición, el alcalde la dijo que respondiera con el pago de sus impuestos, lo que provocó que los tres concejales del PLJ abandonaran el Pleno. El regidor, como ya ha informado EL DIGITAL, ha pedido disculpas por la deplorable situación vivida durante el Pleno al estimar que "no es un espectáculo gratificante para la ciudadanía, pero son situaciones que no puedo evitar", ha lamentado, ya que un policía local tuvo que desalojar al portavoz de esa formación política, José Manuel Pena, que en otra ocasión asistió al pleno disfrazado de romano. En la documentación pública figura que la empresa Litoval Construcciones y Obras S.L., propiedad de la edil del PLJ, tiene una orden de embargo por no pagar a fecha de 2012 una cuantía de 88.000 euros por el impago de sanciones de tráfico, Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Ocupación de Vía Pública o Incremento del Valor de los Terrenos, entre otros.

Mire usted señor alcalde, si un vecino de su localidad tiene una deuda usted debe iniciar el correspondiente expediente de recaudación ejecutiva, que podrá finalizar con el embargo de bienes. Pero ocurre que esa información es "privada" y debe articularse entre ayuntamiento y deudor, exclusivamente.

Yo que la señora en cuestión haría dos cosas, denuncia a la agencia de protección de datos y querella.