Madrid, 8 de abril de 2013
UGT denuncia la privatización del FOGASA por una deliberada
disminución de plantilla
UGT ha tenido acceso al
Plan de Viabilidad de Fogasa, cuyo objeto fundamental es que los expedientes
actualmente acumulados sean gestionados por una empresa privada a la vista de
una insuficiencia de plantilla. Según este plan, la insuficiencia de personal
provoca que Fogasa sea condenado sistemáticamente al pago de prestaciones
indebidas.
Uno de los programas que
contempla el Plan es el denominado “Gestión y Resolución de Expedientes
Temporalmente Atrasados” (Programa Greta) que justifica su existencia en base a
la progresiva disminución de la plantilla, sistema obsoleto de gestión y
aumento exponencial de solicitudes. En este sentido, el Programa partiría con
125.100 expedientes, que serían gestionados por una empresa privada.
Asimismo, en esta línea,
se privatizaría el servicio de atención al beneficiario, a través del programa
Fono. Ambos programas estaría previsto que comenzasen a funcionar el día 15 de
septiembre 2013, según consta en el Plan de Viabilidad. La FSP-UGT ha
denunciado sistemáticamente la falta de personal en Fogasa, de forma
especialmente intensa en estos últimos cinco años cuando el número de
expedientes ha sufrido un incremento considerable a consecuencia de la grave
crisis económica que está afectando a empresas y trabajadores.
La FSP-UGT lamenta la
ausencia de respuesta y de sensibilidad de este Gobierno, concluyendo, una vez
más, que la estrategia asumida con Fogasa, así como con el resto de servicios
públicos, es devaluarlos a base de no incrementar plantillas de personal y de
no realizar la correspondientes inversiones, con el objetivo de mostrarlo como
ineficiente ante la ciudadanía y, de esta forma, justificar su privatización.
El resultado será un
deficiente servicio público, a un coste mucho mayor para el ciudadano con el
agravante de que, en el presente caso, se manejarán por empresas privadas datos
personales de los trabajadores, que deberían estar protegidos, de conformidad
con las previsiones del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, gestionados
por organismos públicos.
Lo anterior adquiere
mayor gravedad, a la vista de las sucesivas iniciativas que este Gobierno
adopta, en la certeza de que hay un exceso de empleados públicos en la
Administración General del Estado. Entre estas iniciativas, que persiguen
reducir el número de profesionales públicos, está no reponer las bajas
vegetativas que se vienen produciendo salvo en salvo en sectores prioritarios,
además de la posibilidad de ERES en organismos públicos, tal y como se
contempla en la normativa vigente, aprobada también por este Gobierno.
La contradicción de
estas políticas solo nos conduce a concluir a que no es tanto la eficiencia y
el ahorro lo que se persigue, sino que el objeto final es una pretendida
privatización, que afectará indudablemente de forma negativa a la garantía de
los derechos y libertades de los ciudadanos, sacrificando, por tanto, el
interés común por el beneficio de unos pocos, en detrimento del bienestar del
conjunto de la sociedad.
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