“No es justo afrontar precios actuales con salarios de una década”by comunicacion |
En
mayo de 2010, los salarios públicos sufrieron un recorte del 5%. A
partir de ese momento las políticas de reducción del déficit han
consagrado la congelación salarial como algo habitual,
terminando con el RDL 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria que suprimió una paga extraordinaria, la no
complementación del salario en situación de incapacidad temporal, etc.
A
esta situación se suma el importante aumento de los impuestos directos e
indirectos, la subida de las bases de cotización a los distintos
regímenes de Seguridad Social... Todo esto ha provocado que el poder
adquisitivo de los empleados públicos se sitúe en términos de hace una
década, sumando una pérdida de casi el 25%.
"Esta
tendencia generalizada no tiene visos de cambiar, lo vemos en los
presupuestos generales de 2014, calificadas por el Gobierno como
políticas ineludibles para la salida a la crisis económica". Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT, ha afirmado en la presentación de la campaña LA DIGNIDAD ES EL SALARIO la necesidad de reorientar las políticas salariales,
puesto que los sacrificios asumidos por los empleados públicos ni han
sido compensados con medidas adicionales "que pudiéramos valorar de
manera positiva" ni han ayudado de manera notoria a la recuperación.
FSP-UGT considera ineludible el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos
en base a criterios claros y objetivos (IPC, crecimiento económico) y
la adopción de medidas para incorporar en los presupuestos de cada año
los créditos necesarios para compensar la pérdida del poder adquisitivo
desde 2010. Unos salarios dignos suponen la mayor garantía para el desarrollo de unas prestaciones sociales acordes con las realidades de la ciudadanía, pues contribuyen a una mayor redistribución de la renta, corrigen desigualdades y refuerzan la cohesión social.
Julio Lacuerda ha destacado que los casi 500.000 empleos públicos que el Gobierno ha destruido
han contribuido a la reducción del gasto público en salarios. A esta
cifra desorbitada van a sumarse los 400.000 empleos que podría llegar
eliminar la Reforma de la Administración Local, una
reforma "injusta e innecesaria que sin duda abrirá nichos de negocios
privados". "En 2012 el Gobierno gastó 5800 millones en la
externalización de servicios, más que lo que se ahorró suprimiendo la
paga extra en diciembre de ese año, y la paga extra no es una dádiva a
los empleados públicos; es la catorceava parte anual de nuestro
salario".
Lacuerda ha subrayado que solo la apuesta por un empleo de calidad y salarios dignos y en condiciones de igualdad,
conseguirán ser productivas y podrán competir y sobrevivir a largo
plazo. Asimismo, es necesario restablecer la negociación colectiva y
dotarla del protagonismo que el Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) , "devorado por este Gobierno decreto tras decreto", pretendió.
Comentario :
En Guadalajara hay un juez que antes de empezar el juicio, por una sanción de grupo como digo yo vamos que sanciona la empresa a todas estubieran o no estubieran dandose el caso de que tubieron que retirar la sancion a una por que ese dia estaba enferma de baja o algo asi, dice a las trabajadoras que "la dignidad se paga", ir a juicio por un tema de dignadad laboral podia costar entre 250 y 300 euros de costas .... ahora vas y lo tuiteas. Que majo Gallardon. dentro de nada nos cobraran hasta cuando nos despiden improcedentes....
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