El alcalde de Carranque denuncia a su antecesor del PP ante la Audiencia Nacional
Javier Martín, edil de 'Vecinos por Carranque', ha denunciado los
contratos firmados por la corporación municipal dirigida por Marco
Antonio Caballero, debido a los grandes costos para la localidad y su
posible vinculación con la trama 'Púnica'
El alcalde asegura que debido a estos contratos, la endeudada localidad toledana paga cinco veces más por el alumbrado público que otros pueblos mucho más grandes, como Illescas
El alcalde asegura que debido a estos contratos, la endeudada localidad toledana paga cinco veces más por el alumbrado público que otros pueblos mucho más grandes, como Illescas
EUROPA PRESS
El alcalde de la localidad toledana de
Carranque, de 'Vecinos por Carranque', Javier Martín, ha denunciado ante
la Audiencia Nacional los contratos concertados por la anterior
corporación municipal, dirigida por Marco Antonio Caballero (PP), para
la realización de una auditoría energética y la privatización del
servicio de alumbrado público por su posible vinculación con la trama de
presunta corrupción 'Púnica'.
Martín, acompañado por
el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García
Molina, ha presentado este martes la denuncia interpuesta ante el juez
Eloy Velasco para que investigue las "posibles irregularidades"
derivadas de las adjudicaciones, que han supuesto un "gasto enorme a un
Ayuntamiento endeudado y acogido al fondo de donación de entidades
locales".
En concreto, el actual alcalde de Carranque pide
investigar el pago de 18.000 euros a la empresa Asproener en un concurso
negociado sin publicidad para que llevara a cabo una auditoría en
materia de eficiencia energética, fruto del cual el anterior consistorio
contrató a la sociedad Elecnor para mantener el alumbrado público por
22.552 euros al mes (270.624 al año).
A su vez,
Elecnor subcontrató a otra empresa para que fuese ésta quien llevase a
acabo ese mantenimiento del alumbrado. "Hay concejales y familiares de
concejales que tienen participación en esta subcontrata. Hemos tenido
conocimiento que el antiguo alcalde del municipio madrileño Griñón
--José Ramón Navarro (PP)-- tiene relación con la empresa Asproener y, a
partir de ahí, el consistorio de Carranque empieza a urdir estos
contratos", ha dicho Martín.
Por su parte, el
representante de Podemos José García Molina ha denunciado la
participación en la mesa de concesión de estos servicios de ediles que
eran "juez y parte" en el negocio. "Hay un procedimiento que todo pinta
que es fraudulento y sigue los cánones de otras adjudicaciones en trece o
catorce municipios de la Comunidad de Madrid y posiblemente en el norte
de Toledo", ha añadido.
"Se está pagando la misma
cantidad en Carranque con unos 4.000 habitantes que en Illescas con
cinco veces más de vecinos", ha proseguido, después de que el alcalde
calculara que el coste por parte de la Administración Pública sería de
unos 4.500 euros mensuales de factura de la luz, más la sustitución de
farolas o bombillas.
Un centenar de imputados en la 'Púnica'
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más
de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en
presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras
públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres
comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de
León y una decena de ayuntamientos madrileños.
Entre
los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se
encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia
Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el
exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex
consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM)
José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de
Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos
Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex
jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a
la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario
técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex
interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están
encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes,
doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios
madrileños.
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