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El PSOE pide al nuevo ministro de Justicia que no deje sin jueces a Sigüenza y Molina
Magdalena
Valerio, diputada del PSOE por Guadalajara y vocal en la Comisión de
Justicia del Congreso, ha pedido al nuevo ministro de Justicia, Rafael
Catalá, que hoy ha tomado posesión del cargo, que corrija “todas las
contrarreformas ideológicas y revanchistas que Gallardón le ha dejado
aprobadas o en tramitación”, entre las que figura la modificación de la
Ley de Planta y Demarcación Judicial. Esta reforma, que Gallardón
intentó primero con una ley específica y después como parte de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase
de anteproyecto de ley redactado pero todavía sin pasar por el Consejo
de Ministros y sin entrar por tanto en el Parlamento, supondría dejar
sin jueces a Sigüenza y Molina de Aragón, así como eliminar los juzgados
de paz y la Audiencia Provincial.
“Al nuevo ministro le decimos que está a tiempo de paralizar esta
reforma de la planta y demarcación judicial, y le pedimos que lo haga,
porque es un paso más hacia el desmantelamiento de la Justicia como
servicio público de proximidad a la ciudadanía”, ha señalado Valerio,
además de “provocar el encarecimiento de los procesos, más colapso en la
administración de justicia y perjudicar especialmente al medio rural”.
La provincia de Guadalajara cuenta actualmente con 285 juzgados de
paz, que desaparecerían con ese anteproyecto de ley. Además, eliminaría
la Audiencia Provincial para crear tribunales de instancia que
implicarían el traslado de todos los jueces que operan en la provincia
de Guadalajara (18) a la capital, dejando por tanto sin jueces las salas
de Sigüenza y Molina de Aragón.
Además, la eliminación de la Audiencia Provincial, que actualmente
dirime los recursos en segunda instancia de los procesos civiles y
penales, supondría que quien quiera recurrir tendrá que hacerlo en
Albacete, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
lo que “sigue alejando la administración de justicia de la ciudadanía y
encareciendo los costes para el ciudadano”.
Justicia gratuita: 7.868 casos y 885.000 euros en Guadalajara en 2013.
La parlamentaria socialista también ha pedido al nuevo ministro de
Justicia que pare la tramitación de la Ley de Justicia Gratuita, que tal
como la ha dejado planteada Gallardón “es injusta, porque endurece las
condiciones de acceso a la justicia gratuita, deja fuera de ella a los
inmigrantes sin papeles, desincentiva la solicitud del servicio y se
limita a tres pleitos anuales”.
En el año 2013, en la provincia de Guadalajara los ciudadanos
contaron con el servicio de justicia gratuita en 7.868 asuntos
judiciales, con un coste de 885.000 euros. En el conjunto de Castilla-La
Mancha fueron 62.670 procedimientos, con un coste de 7 millones de
euros. En toda España hubo justicia gratuita en 1.775.000 asuntos y su
coste fue de 223 millones de euros.
Derogación de la Ley de Tasas Judiciales.
De las leyes que Gallardón dejó aprobadas, Valerio ha pedido al nuevo
ministro que derogue la Ley de Tasas Judiciales, por ser una “ley
abusiva, injusta y que está pendiente de dos recursos de
inconstitucionalidad presentados por el PSOE, una ley que tiene una
finalidad exclusivamente recaudatoria y de restringir el acceso a la
Justicia, creando una justicia para ricos y otra para pobres”.
La Ley de Tasas Judiciales, que Gallardón aprobó en solitario,
teniendo en contra a la ciudadanía, las asociaciones de consumidores y
usuarios, los sindicatos de la Administración de Justicia, los
funcionarios en general y a todos los operadores jurídicos (jueces,
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados y procuradores),
establece unas cuotas mínimas de entre 100 y 1.200 euros para recurrir o
iniciar procesos judiciales, se trate de un particular o de una empresa
multinacional.
Retirada del recurso del PP contra la Ley de Educación y Salud Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por último, Valerio ha pedido al nuevo ministro de Justicia que
inicie de forma inmediata gestiones para que el PP retire el recurso de
inconstitucionalidad que tiene presentado contra la actual Ley de
Educación y Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del
Embarazo, popularmente conocida como Ley de Plazos del Aborto, cuya
reforma, encargada por Rajoy y aprobada por el Consejo de Ministros, y
reciente retirada por cálculos electorales motivó la dimisión de
Gallardón.
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