COMENTARIO DEL DIARISTA:
Se veía venir , cuando los trabajadores públicos empiezan a exigir lo que
les fue robado y a recuperar derechos que jamás se debieron perder, la brecha
se empieza a agrandar, los trabajadores de empresa privada , desmotivados para
afiliarse, con contratos en precario y casi sin derechos, cuando ese, "al
menos tienes trabajo" se empieza a extender y los sindicatos anestesiados
, deberían empezar a calentar motores, a ganarse con hechos la confianza
perdida por muchos, es tiempo de empezar a dejar de comprender...es tiempo de
dejar de decir es que las cosas son así ,... es tiempo ahora ¡¡ ya !!, de dar
un paso al frente por los trabajadores los sindicatos tienen la obligación
moral de despertar del letargo y empezar a por lo menos dar la replica a
quienes tratan de ningunear a los trabajadores, y entre ellos los peores. Los políticos
privatizadores sin duda los que mas daño han llevado al mundo laboral
permitiendo que empresas de todo tipo hagan su agosto precisamente a costa de
los trabajadores.
Tengo mas mucho mas que decir y
ejemplos clarísimos de lo que esta ocurriendo ,lo curioso es que
esos imbéciles que sin formar parte de las elites políticas se creen por encima del bien y del mal y
no alcanzan a entender que sus propios hijos en muchos casos van a pagar su
estupidez supina y lamentable que entre esos existan políticos que se
autodefinen como progresistas y defensores de lo publico, para muchos lo
publico es la sanidad y la educación , lo demás todos lo demás son trabajadores
que se creen con derechos o sea, moscas cojoneras.... que además hasta piensan
por si mismos en muchos casos...
La brecha entre trabajadores públicos y resto de vascos se ensancha.
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Los trabajadores públicos comienzan a recuperar los derechos perdidos durante la crisis mientras en el sector privado se cronifica la precariedad
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Expertos alertan sobre el riesgo de esta dualidad al propiciar subcontrataciones en servicios públicos y una merma en su calidad
Está de moda decir que los jóvenes son apáticos, que están
desmotivados, que les falta empuje, que se han vuelto conservadores y
acomodaticios. Que les falta sangre en las venas. Como prueba ominosa y
vergonzante de ello, es frecuente escuchar que su gran aspiración es ser
funcionarios. Lo han dicho las patronales y hasta algún estudio de la
Universidad del País Vasco (UPV). Pero, ¿qué culpa tienen los jóvenes de
que el funcionariado ofrezca estabilidad cuando en el sector privado se
cronifica la precariedad? ¿Qué culpa tienen de que las administraciones
paguen salarios dignos frente al creciente mileurismo? ¿Y qué culpa
tienen, además, de que cada vez se ensanche más la brecha entre las
condiciones del sector público y de la empresa privada?
Las diferencias entre ambos mundos crecen porque mientras el mercado
laboral sigue acusando los efectos de la crisis económica, en la
Administración se recuperan derechos. Como ejemplo, el Gobierno Vasco
anunció el mes pasado que destinará 106 millones de euros a revertir los
recortes de los últimos ejercicios: a recuperar las 35 horas semanales,
parte de la paga extra de 2012, seis días libres, subida salarial del
1%... ¿Y qué pasa fuera del sector público? Según datos del Consejo de
Relaciones Laborales de Euskadi (CRL) la precariedad sigue creciendo: el
43% de los trabajadores por cuenta ajena tiene contratos temporales o a
tiempo parcial. Y el porcentaje sigue aumentando mientras menguan
quienes disponen de un contrato indefinido y a tiempo completo. De
hecho, el 92% de los 64.619 contratos firmados en febrero en Euskadi
fueron temporales.
Hay varios indicadores reveladores. En la Administración vasca se han
recuperado las 1.592 horas de trabajo efectivo al año (a las que hay
que restar los seis 'moscosos') mientras que en el sector privado la
media recogida en los convenios aplicables en 2015 era de casi cien
horas más, 1.680. A nivel salarial la diferencia también es notable:
como ejemplo, el coste medio por hora entre los 7.000 funcionarios de
Lakua es de 30 euros incluyendo sueldo y aportaciones a la Seguridad
Social, lo que supone 48.000 euros al año, según información facilitada
por el Ejecutivo de Vitoria. Eso sí, hay que tener en cuenta que el
personal en los servicios centrales del Gobierno Vasco tiene una media
de edad bastante alta, y por tanto percibe trienios; además, uno de cada
tres ocupa puestos de alta cualificación profesional, lo que supone una
mejor remuneración.
En cualquier caso, frente a esos 30 euros por hora de Lakua, en el
conjunto de Euskadi el coste laboral total es de 24 euros, según la
media de los últimos doce meses disponibles en el Instituto Nacional de
Estadística (hasta el tercer trimestre de 2015). Y más allá de las
estadísticas está esa parte de la población que disfruta de un empleo,
pero cuyos ingresos son modestos: los últimos datos de las haciendas
vascas, correspondientes al IRPF de 2013, revelan que más de un tercio
de la población ocupada vasca, 360.000 personas, cobran menos de 16.000
euros al año.
Los efectos de la reforma
Pero quizás las cosas que hacen más atractivo el empleo público no
son tan fácilmente cuantificables. Hablamos de las medidas para
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, para pedir
excedencias... Y, sobre todo, «la seguridad en el empleo que ofrece el
sector público», admite Sara de la Rica, catedrática de Economía de la
UPV. Como prueba, frente a los «casi 120.000» puestos de trabajo que se
han perdido en el sector privado vasco durante la crisis, el sector
público no sólo se mantiene, sino que crece. A finales de 2015 había
«139.100 empleos» vinculados a la administración en Euskadi, «más que
antes de la crisis», aunque «no se ha llegado al máximo de 145.000 que
se alcanzó a finales de 2012», dice De la Rica.
Si a esto se añade que, en cuanto a condiciones laborales, «los
empleados del sector privado han perdido más que los del público», sobre
todo como efecto «de la reforma laboral», la catedrática ve muy lógico
que las plazas de funcionarios sean deseables. «Y posiblemente lo serán
más», después de unos años en los que está quedando claro que «los
riesgos laborales de los trabajadores del sector privado superan con
creces a los del sector público».
Pero cuidado. Esto no significa que los puestos ligados a las
administraciones no hayan sufrido. Los funcionarios han padecido
recortes, sí, pero De la Rica los ve como un «mal menor» si se tiene en
cuenta el panorama general y, además, están en fase de recuperación. Por
otra parte, «el colectivo de temporales en el sector público también se
ha visto expuesto al riesgo de pérdida de empleo, pero sin duda este
riesgo ha sido menor que el sufrido por el sector privado».
En
definitiva, hay un desequilibro evidente entre trabajadores públicos y
privados. Y el abismo que separa a estos dos mundos, como toda situación
de desigualdad, tiene sus peligros. Uno de ellos es que las
administraciones, lastradas por las restricciones presupuestarias para
cumplir con el objetivo de déficit, decidan tirar de subcontrataciones o
retrasar convocatorias de empleo público porque les sale más barato
contratar a externos que crear -o cubrir- plazas fijas.
Es en esta «degradación» del empleo público donde incide Igor
Eizagirre, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de
ELA, el sindicato vasco mayoritario. Según asegura, «en los últimos años
se han destruido más de 9.000 empleos directos -ocupados por personal
interino y laborales- en el sector público de la CAPV». ¿Qué pasa con
esos puestos? «Se quedan en aire, no se cubren, lo que conlleva un peor
servicio; se ve claramente en Osakidetza o en Educación», ilustra el
dirigente sindical en referencia a las reiteradas quejas de los
trabajadores de la sanidad y la enseñanza por verse obligados a asumir
más carga de trabajo ante las restricciones de las administraciones para
contratar.
En realidad, dentro de la administración también hay dos mundos: el
de los funcionarios y todos los demás. «Uno de cada tres empleos en el
sector público es temporal», advierte Eizagirre. Son bien conocidos los
casos de profesionales que se cronifican en las interinidades durante
décadas, o los de aquellos que alternan periodos de paro con contratos
por días y hasta por horas.
Cuestión aparte es la externalización de servicios, que responde a la
lógica antes adelantada: es más barato encargar un trabajo a una
empresa privada que se mueve en la jungla laboral, que cubrirlo con
personal funcionario. Según ELA, en Euskadi hay 55.000 personas que
trabajan en subcontratas para el sector público. «La política de
subcontratación y privatizaciones nos lleva a hablar de una
administración paralela», asegura Eizagirre. «En algunas
administraciones (locales y forales) hay más gente trabajando en
empresas subcontratadas que personal público», sostiene en relación a
servicios como los de «limpieza, ayuda a domicilio, residencias,
jardinería...». En definitiva, en la central abertzale denuncian un
adelgazamiento del sector público y una cada vez mayor precarización del
empleo en servicios esenciales para garantizar el Estado del Bienestar.
¿Y qué pasará en el futuro? «Si a una administración le sale mucho
más barato contratar fuera, los procesos de externalización se
profundizarán», vaticina Tomás Arrieta, presidente del Consejo de
Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi. En fin, que la degradación de las
condiciones laborales en el mercado de trabajo permite tirar los
precios a las empresas privadas, eso crea un campo de cultivo para las
externalizaciones de servicios públicos y, en última instancia, acaba
cayendo la calidad de prestaciones esenciales para la ciudadanía. Pero,
¿por qué va a hacerlo peor una empresa privada que la administración?
Explica Arrieta que el vicio está en el punto de partida, que es el
desequilibrio en las condiciones de trabajo de dos colectivos. «En
cualquier actividad, cuando las condiciones son más justas y
equilibradas la implicación de las personas es mayor; pero si la
situación empeora, si los trabajadores no están satisfechos, cae la
implicación» y, en este caso, también «la calidad de los servicios
públicos».
Negociación colectiva
Así que el problema, parece, no es tanto que los funcionarios estén
muy bien como que el resto está muy mal. A esto último colabora en
cierta medida, se lamenta Arrieta, el bloqueo en la negociación
colectiva en Euskadi. El 80% de los trabajadores vascos no tiene
actualizadas sus condiciones laborales por la pérdida de vigencia de su
convenio debido al enrocamiento de los agentes sociales. Y eso tiene
consecuencias: la menos mala, la congelación de las condiciones; la
peor, la ausencia de un 'paraguas' protector para quienes acceden al
mercado laboral, «que pueden ser contratados en una situación mucho peor
a la que tienen los trabajadores antiguos». Eso adquiere especial
relevancia en un momento en el que se está recuperando el empleo porque
esa remontada puede estar sustentándose en unas bases viciadas por la
precariedad y la desigualdad. Se crea empleo, sí, pero no es de buena
calidad.
Cuando a los empresarios se les plantea todo esto suelen dar una
razón que tiene bastante peso: el horizonte económico está plagado de
incertidumbres y no es fácil atreverse a hacer contratos fijos. La
prudencia manda porque, siendo verdad que la recuperación es un hecho,
también lo es que parece frágil. En este mundo globalizado el futuro de
Euskadi depende de China -nadie sabe lo que pasa con ella-, de cómo
respiren los emergentes -parecen cansados-, del precio del petróleo -por
los suelos-, de la fortaleza de Europa en el panorama mundial -en
entredicho-... De un montón de variables. Dicen los expertos que si
finalmente las aguas económicas vuelven a su cauce y entramos en una
senda de crecimiento sostenido regresará la contratación indefinida y el
empleo de calidad. La pregunta es, ¿será posible revertir todas las
desigualdades que ha dejado la crisis?
Mientras tanto, es muy posible que miles de jóvenes -y no tan
jóvenes- sigan llenando los pabellones de los recintos feriales en esas
oposiciones cada vez más espaciadas para aspirar a un puñado de plazas
de funcionario.
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