Atentos, brecha entre trabajadores públicos y privados.
COMENTARIO DEL DIARISTA:
Se veía venir , cuando los trabajadores públicos empiezan a exigir lo que les fue robado y a recuperar derechos que jamás se debieron perder, la brecha se empieza a agrandar, los trabajadores de empresa privada , desmotivados para afiliarse, con contratos en precario y casi sin derechos, cuando ese, "al menos tienes trabajo" se empieza a extender y los sindicatos anestesiados , deberían empezar a calentar motores, a ganarse con hechos la confianza perdida por muchos, es tiempo de empezar a dejar de comprender...es tiempo de dejar de decir es que las cosas son así ,... es tiempo ahora ¡¡ ya !!, de dar un paso al frente por los trabajadores los sindicatos tienen la obligación moral de despertar del letargo y empezar a por lo menos dar la replica a quienes tratan de ningunear a los trabajadores, y entre ellos los peores. Los políticos privatizadores sin duda los que mas daño han llevado al mundo laboral permitiendo que empresas de todo tipo hagan su agosto precisamente a costa de los trabajadores.
Tengo mas mucho mas que decir y ejemplos clarísimos de lo que esta ocurriendo ,lo curioso es que esos imbéciles que sin formar parte de las elites políticas se creen por encima del bien y del mal y no alcanzan a entender que sus propios hijos en muchos casos van a pagar su estupidez supina y lamentable que entre esos existan políticos que se autodefinen como progresistas y defensores de lo publico, para muchos lo publico es la sanidad y la educación , lo demás todos lo demás son trabajadores que se creen con derechos o sea, moscas cojoneras.... que además hasta piensan por si mismos en muchos casos...
La brecha entre trabajadores públicos y resto de vascos se ensancha.
LOS TRABAJADORES PÚBLICOS COMIENZAN A RECUPERAR LOS DERECHOS PERDIDOS DURANTE LA CRISIS MIENTRAS EN EL SECTOR PRIVADO SE CRONIFICA LA PRECARIEDAD
EXPERTOS ALERTAN SOBRE EL RIESGO DE ESTA DUALIDAD AL PROPICIAR SUBCONTRATACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS Y UNA MERMA EN SU CALIDAD
Está de moda decir que los jóvenes son apáticos, que están desmotivados, que les falta empuje, que se han vuelto conservadores y acomodaticios. Que les falta sangre en las venas. Como prueba ominosa y vergonzante de ello, es frecuente escuchar que su gran aspiración es ser funcionarios. Lo han dicho las patronales y hasta algún estudio de la Universidad del País Vasco (UPV). Pero, ¿qué culpa tienen los jóvenes de que el funcionariado ofrezca estabilidad cuando en el sector privado se cronifica la precariedad? ¿Qué culpa tienen de que las administraciones paguen salarios dignos frente al creciente mileurismo? ¿Y qué culpa tienen, además, de que cada vez se ensanche más la brecha entre las condiciones del sector público y de la empresa privada?
Las diferencias entre ambos mundos crecen porque mientras el mercado laboral sigue acusando los efectos de la crisis económica, en la Administración se recuperan derechos. Como ejemplo, el Gobierno Vasco anunció el mes pasado que destinará 106 millones de euros a revertir los recortes de los últimos ejercicios: a recuperar las 35 horas semanales, parte de la paga extra de 2012, seis días libres, subida salarial del 1%... ¿Y qué pasa fuera del sector público? Según datos del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL) la precariedad sigue creciendo: el 43% de los trabajadores por cuenta ajena tiene contratos temporales o a tiempo parcial. Y el porcentaje sigue aumentando mientras menguan quienes disponen de un contrato indefinido y a tiempo completo. De hecho, el 92% de los 64.619 contratos firmados en febrero en Euskadi fueron temporales.
Hay varios indicadores reveladores. En la Administración vasca se han recuperado las 1.592 horas de trabajo efectivo al año (a las que hay que restar los seis 'moscosos') mientras que en el sector privado la media recogida en los convenios aplicables en 2015 era de casi cien horas más, 1.680. A nivel salarial la diferencia también es notable: como ejemplo, el coste medio por hora entre los 7.000 funcionarios de Lakua es de 30 euros incluyendo sueldo y aportaciones a la Seguridad Social, lo que supone 48.000 euros al año, según información facilitada por el Ejecutivo de Vitoria. Eso sí, hay que tener en cuenta que el personal en los servicios centrales del Gobierno Vasco tiene una media de edad bastante alta, y por tanto percibe trienios; además, uno de cada tres ocupa puestos de alta cualificación profesional, lo que supone una mejor remuneración.
En cualquier caso, frente a esos 30 euros por hora de Lakua, en el conjunto de Euskadi el coste laboral total es de 24 euros, según la media de los últimos doce meses disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (hasta el tercer trimestre de 2015). Y más allá de las estadísticas está esa parte de la población que disfruta de un empleo, pero cuyos ingresos son modestos: los últimos datos de las haciendas vascas, correspondientes al IRPF de 2013, revelan que más de un tercio de la población ocupada vasca, 360.000 personas, cobran menos de 16.000 euros al año.
Los efectos de la reforma
Pero quizás las cosas que hacen más atractivo el empleo público no son tan fácilmente cuantificables. Hablamos de las medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, para pedir excedencias... Y, sobre todo, «la seguridad en el empleo que ofrece el sector público», admite Sara de la Rica, catedrática de Economía de la UPV. Como prueba, frente a los «casi 120.000» puestos de trabajo que se han perdido en el sector privado vasco durante la crisis, el sector público no sólo se mantiene, sino que crece. A finales de 2015 había «139.100 empleos» vinculados a la administración en Euskadi, «más que antes de la crisis», aunque «no se ha llegado al máximo de 145.000 que se alcanzó a finales de 2012», dice De la Rica.
Si a esto se añade que, en cuanto a condiciones laborales, «los empleados del sector privado han perdido más que los del público», sobre todo como efecto «de la reforma laboral», la catedrática ve muy lógico que las plazas de funcionarios sean deseables. «Y posiblemente lo serán más», después de unos años en los que está quedando claro que «los riesgos laborales de los trabajadores del sector privado superan con creces a los del sector público».
Pero cuidado. Esto no significa que los puestos ligados a las administraciones no hayan sufrido. Los funcionarios han padecido recortes, sí, pero De la Rica los ve como un «mal menor» si se tiene en cuenta el panorama general y, además, están en fase de recuperación. Por otra parte, «el colectivo de temporales en el sector público también se ha visto expuesto al riesgo de pérdida de empleo, pero sin duda este riesgo ha sido menor que el sufrido por el sector privado».
En definitiva, hay un desequilibro evidente entre trabajadores públicos y privados. Y el abismo que separa a estos dos mundos, como toda situación de desigualdad, tiene sus peligros. Uno de ellos es que las administraciones, lastradas por las restricciones presupuestarias para cumplir con el objetivo de déficit, decidan tirar de subcontrataciones o retrasar convocatorias de empleo público porque les sale más barato contratar a externos que crear -o cubrir- plazas fijas.
Es en esta «degradación» del empleo público donde incide Igor Eizagirre, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de ELA, el sindicato vasco mayoritario. Según asegura, «en los últimos años se han destruido más de 9.000 empleos directos -ocupados por personal interino y laborales- en el sector público de la CAPV». ¿Qué pasa con esos puestos? «Se quedan en aire, no se cubren, lo que conlleva un peor servicio; se ve claramente en Osakidetza o en Educación», ilustra el dirigente sindical en referencia a las reiteradas quejas de los trabajadores de la sanidad y la enseñanza por verse obligados a asumir más carga de trabajo ante las restricciones de las administraciones para contratar.
En realidad, dentro de la administración también hay dos mundos: el de los funcionarios y todos los demás. «Uno de cada tres empleos en el sector público es temporal», advierte Eizagirre. Son bien conocidos los casos de profesionales que se cronifican en las interinidades durante décadas, o los de aquellos que alternan periodos de paro con contratos por días y hasta por horas.
Cuestión aparte es la externalización de servicios, que responde a la lógica antes adelantada: es más barato encargar un trabajo a una empresa privada que se mueve en la jungla laboral, que cubrirlo con personal funcionario. Según ELA, en Euskadi hay 55.000 personas que trabajan en subcontratas para el sector público. «La política de subcontratación y privatizaciones nos lleva a hablar de una administración paralela», asegura Eizagirre. «En algunas administraciones (locales y forales) hay más gente trabajando en empresas subcontratadas que personal público», sostiene en relación a servicios como los de «limpieza, ayuda a domicilio, residencias, jardinería...». En definitiva, en la central abertzale denuncian un adelgazamiento del sector público y una cada vez mayor precarización del empleo en servicios esenciales para garantizar el Estado del Bienestar.
¿Y qué pasará en el futuro? «Si a una administración le sale mucho más barato contratar fuera, los procesos de externalización se profundizarán», vaticina Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de Euskadi. En fin, que la degradación de las condiciones laborales en el mercado de trabajo permite tirar los precios a las empresas privadas, eso crea un campo de cultivo para las externalizaciones de servicios públicos y, en última instancia, acaba cayendo la calidad de prestaciones esenciales para la ciudadanía. Pero, ¿por qué va a hacerlo peor una empresa privada que la administración? Explica Arrieta que el vicio está en el punto de partida, que es el desequilibrio en las condiciones de trabajo de dos colectivos. «En cualquier actividad, cuando las condiciones son más justas y equilibradas la implicación de las personas es mayor; pero si la situación empeora, si los trabajadores no están satisfechos, cae la implicación» y, en este caso, también «la calidad de los servicios públicos».
Negociación colectiva
Así que el problema, parece, no es tanto que los funcionarios estén muy bien como que el resto está muy mal. A esto último colabora en cierta medida, se lamenta Arrieta, el bloqueo en la negociación colectiva en Euskadi. El 80% de los trabajadores vascos no tiene actualizadas sus condiciones laborales por la pérdida de vigencia de su convenio debido al enrocamiento de los agentes sociales. Y eso tiene consecuencias: la menos mala, la congelación de las condiciones; la peor, la ausencia de un 'paraguas' protector para quienes acceden al mercado laboral, «que pueden ser contratados en una situación mucho peor a la que tienen los trabajadores antiguos». Eso adquiere especial relevancia en un momento en el que se está recuperando el empleo porque esa remontada puede estar sustentándose en unas bases viciadas por la precariedad y la desigualdad. Se crea empleo, sí, pero no es de buena calidad.
Cuando a los empresarios se les plantea todo esto suelen dar una razón que tiene bastante peso: el horizonte económico está plagado de incertidumbres y no es fácil atreverse a hacer contratos fijos. La prudencia manda porque, siendo verdad que la recuperación es un hecho, también lo es que parece frágil. En este mundo globalizado el futuro de Euskadi depende de China -nadie sabe lo que pasa con ella-, de cómo respiren los emergentes -parecen cansados-, del precio del petróleo -por los suelos-, de la fortaleza de Europa en el panorama mundial -en entredicho-... De un montón de variables. Dicen los expertos que si finalmente las aguas económicas vuelven a su cauce y entramos en una senda de crecimiento sostenido regresará la contratación indefinida y el empleo de calidad. La pregunta es, ¿será posible revertir todas las desigualdades que ha dejado la crisis?
Mientras tanto, es muy posible que miles de jóvenes -y no tan jóvenes- sigan llenando los pabellones de los recintos feriales en esas oposiciones cada vez más espaciadas para aspirar a un puñado de plazas de funcionario.
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