Alumbrado público y privatización
Antonio Gershenson
El pasado domingo se publicó en este diario un artículo intitulado
Planea el gobierno local ceder a la IP operación del alumbrado público. De acuerdo con la información, se cedería
a la iniciativa privada la rehabilitación, modernización y operación del alumbrado público, según proyectos enviados a Asamblea Legislativa. También se habla de señalización.
Se lanzaron ya las licitaciones y se hicieron los contratos desde el año pasado, pero aún falta la autorización del órgano legislativo. Se habla de coinversión, con aportaciones federales. Se habla también de proyectos hasta 2019, lo cual comprometería al siguiente gobierno del Distrito Federal.
La justificación para poner este alumbrado en manos de empresas privadas es que actualmente éste usa
tecnologías obsoletas, bajos niveles de eficiencia energética y limitada visualización para peatones y automovilistas.
La Asamblea Legislativa debe ver con atención estos proyectos. Lo que
es congruente es la aportación federal, pues el gobierno de derecha sí
ama abierta y fervientemente las privatizaciones. Objetivamente, esos
fondos estarían impulsando al capital privado a costa de los recursos
públicos.
La modernización no es de ahora. Por ejemplo, cuando se construyó, ya
en el actual gobierno, la ruta 2 del Metrobús, el alumbrado, que tenía
como medio siglo, no se cambió. En contraste, cuando se hizo la ruta
uno, en el sexenio pasado, se cambiaron todos los equipos de alumbrado
en Insurgentes, a lo largo de la ruta uno. También se instalaron en años
anteriores equipos que no deslumbran a los automovilistas ni a los que
viven a los lados de las vialidades, y con luz mucho más viva en varios
ejes viales, en Reforma y otras avenidas.
Sí, hay muchas calles y avenidas que requieren cambios, pero no hay
razón para no haberlo hecho gradualmente en años recientes. Y, además,
se pueden hacer con fondos públicos.
No hay ningún provecho en realizar estos trabajos con empresas
privadas. Algunas de las ventajas de hacerlas el organismo público,
contratando sólo los trabajos que el personal propio no alcanza para
realizar, son las siguientes:
Proyectos y supervisión. Al realizarlas, el organismo público
puede aprovechar su propia experiencia, y controlar y corregir errores
de las empresas contratadas. Los proyectos se pueden hacer en menos
tiempo con un costo mucho menor.
Compra masiva de componentes por la entidad pública y concurso entre
fabricantes. Al no hacer un concurso de toda la obra, se puede licitar
cada componente. Concursan fabricantes, lo cual es mucho más económico
que si es el gran contratista el que compra de todo, y carga además su
costo de intermediación.
Laboratorio. Las lámparas y otros componentes pueden ser probados por
el organismo para evaluar la calidad de los mismos. El gran contratista
buscará, dadas las especificaciones, el menor precio para comprar y
cargarlo más caro al organismo que lo contrató.
Mantenimiento. La dirección de alumbrado da a la red un mantenimiento
en tres turnos permanentes, con personal con experiencia. Suplir esto
con una empresa privada sería, primero, muy caro; segundo, ya vimos el
caso de la energía eléctrica en la región central del país, donde la
dirección de la Comisión Federal de Electricidad subrogó a empresas
privadas, las cuales, a su vez, contrataron personal sin experiencia
alguna en esta región. Ha habido accidentes graves y un servicio con
muchas quejas.
No se ve posible que un gran contratista supere la calidad de los
equipos que elabore o instale el organismo público, en su caso con ayuda
de empresas especializadas. El gran contratista es a menudo de la
industria de la construcción y, en todo caso, subcontrata, lo cual va
elevando los costos y abre el paso a más fallas.
Lo correcto sería que los fondos federales se entreguen a todas las
entidades del país sin condicionamiento alguno. El Distrito Federal y
los estados deben adoptar sus decisiones soberanamente, tanto en el caso
del alumbrado, como en cualquier otro asunto. Y debe haber presupuesto
suficiente para estas actividades.
Es más, para tener un verdadero federalismo, las entidades deben
recibir esas cantidades directamente y como parte de su presupuesto.
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