Informa UGT Privatización servicios públicos de empleo.(SPE)

COMIENZA UN NUEVO PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (SPE).

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 24 de junio, del listado de las ochenta agencias de colocación autorizadas para la inserción de las personas desempleadas en el mercado laboral, comienza un nuevo proceso de privatización y mercantilización de los servicios de inserción e intermediación que los SPE deben prestar a las personas paradas inscritas en ellos. La colaboración público-privada puede ser positiva siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia, para financiar a las entidades privadas. Se incrementa la partida presupuestaria dirigida a financiar las agencias de colocación, mientras que la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los SPE se reduce casi al 50%, y en concreto el presupuesto de las políticas activas disminuye un 30%. En esta línea, recordar además que el Gobierno actual prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPE para la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral.

Estamos asistiendo a un desmantelamiento de los SPE.

Una vez han sido autorizadas las ochenta agencias de colocación, serán las Comunidades Autónomas (CCAA) adheridas al Acuerdo Marco las que tendrán que suscribir sus propios convenios. En esta segunda fase, los procesos de adjudicación se realizarán a través de procedimiento negociado, lo que implica que no será público, y si a ello sumamos el amplio margen de obra que posibilita el Acuerdo Marco -ya que muchas de las condiciones establecidas son de libre disposición para las CCAA-, este proceso podría dar lugar a contrataciones poco transparentes, y provocar abusos y situaciones desiguales dependiendo del territorio en el que se resida. Existe un riesgo al confiar a lo privado un servicio público, pues el afán de lucro que existe en las entidades privadas puede provocar que se trate a las personas desempleadas como mera mercancía. El Estado debería ser garante de los objetivos generales de la política de empleo, que viene establecido en la Ley 56/2003 de Empleo, como la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, asegurar políticas adecuadas de integración laboral,……. Resaltar algunos de los aspectos que nos preocupan

Las cantidades a abonar a las agencias de colocación consistirán en una cuantía fija por cada parado según el tiempo inscrito como desempleado y la edad. Como regla general se establece que el contrato tiene que ser de al menos seis meses a tiempo completo un período de ocho meses (un año si es fijo discontinuo). Enel caso de que el contrato fuese a tiempo parcial las CCAA podrán o no establecer minoraciones proporcionales al tiempo de trabajo. Nos podremos encontrar con inserciones catalogadas como exitosas

por la administración y por las agencias, cuando en realidad se trate de contratos con jornadas irrisorias y que hayan sido abonados como un contrato a tiempo completo.

 En el Acuerdo Marco no se establecen límites para que un mismo puesto de trabajo sea ocupado de forma sucesiva por diferentes personas desempleadas derivadas por las agencia de colocación.

 Las CCAA podrán establecer la inclusión de un pago por cada persona desempleada que se derive a las agencias de colocación, aunque no logre su inserción.

 Nos tememos que los colectivos que deriven los SPE a las agencias de colocación puedan ser prioritariamente personas desempleadas que estén cobrando algún tipo de prestación. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo continúa reduciéndose la tasa de cobertura de las prestaciones, cómo sigue aumentando el número de familias que no obtiene ingreso alguno, y el número tan elevado de personas paradas con un nivel educativo bajo, es preciso que no exista discriminación en el acceso a estos servicios públicos de empleo para las personas desempleadas y sin recursos económicos

 El Acuerdo Marco establece una serie de obligaciones de información por parte de las agencias a los SPE, que deberán comunicar con periodicidad mensual una relación desagregada de los contratos suscritos durante el mes por su labor de intermediación, distinguiendo si se trata de contratos temporales o indefinidos, e indicando para cada uno de ellos la persona insertada y las fechas de inicio y, en su caso, de finalización.

No obstante, consideramos que esta información no es suficiente. Deberíamos conocer además si esos contratos son a tiempo completo o parcial (especificando el número y distribución de horas contratadas), el puesto de trabajo que ocupa y/o categoría. También es necesario el seguimiento y control de las actuaciones distintas a la intermediación que también son objeto de contrato como son: orientación, formación y ayuda en la búsqueda de empleo.

Asimismo, queremos manifestar nuestro rechazo al incentivo establecido por denunciar irregularidades cometidas por los demandantes de empleo, que puede desembocar en sanciones a los desempleados, incluso en la retirada de las prestaciones. Se produce una sustitución del poder público por el poder privado.

Se está utilizando la crisis económica como cortina de humo para enmascarar reformas estructurales con marcado carácter ideológico y para el desmantelamiento de los servicios públicos. Por esto, reiteramos nuestra defensa de los servicios públicos.

Seguiremos informando….