Sevilla
Tribunales.- Fijada para el próximo miércoles la primera citación por...
IULV-CA pide crear una agencia pública de emergencias que englobe los servicios
de gestión del 112, 061 y GREA
El grupo
parlamentario de IULV-CA ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición
no de ley a debatir ante el Pleno por la que pide instar al Consejo de Gobierno
a la creación de una agencia pública de emergencias de Andalucía, al amparo de
la Ley 1/2011, de reordenación del Sector Público Andaluz, que englobe a los
servicios de coordinación y gestión de Emergencias 112 y 061 así como al Grupo
de Emergencias de Andalucía
EUROPA
PRESS. 05.03.2016
Así, IU
reclama en la iniciativa, recogida por Europa Press, que dicha agencia asuma
las competencias de atención a las personas usuarias y la coordinación de los
servicios preexistentes con el objetivo de simplificar los dispositivos,
mejorar la eficacia y la calidad de los servicios públicos de emergencias. En
dicha agencia, como propone la formación, se subrogarán en todos sus derechos y
obligaciones las plantillas actualmente subcontratadas para la prestación de
dichos servicios.
En la
exposición de motivos, la formación de izquierdas subraya que uno de los
principales elementos para el bienestar de los ciudadanos es la respuesta de
las administraciones públicas ante situaciones que afectan a valores tan
fundamentales como su salud o seguridad. En Andalucía nos encontramos con
distintas opciones puestas en marcha desde la Junta para dar respuesta,
cobertura y satisfacción a dichos intereses ciudadanos, como el SAS, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad autonómicos o los Servicios de Coordinación y
Gestión de Emergencias 112, 061 y GREA, entre otros. Con diferentes modelos organizativos,
IU advierte de que "las que mayor
indefensión generan para las personas usuarias, menor capacidad de control por
parte de la propia Administración Pública e, indudablemente, mayor nivel de
precariedad laboral provoca en los trabajadores y trabajadoras son los formatos
privatizados, eufemísticamente llamados externalizados".
Se refiere a
la situación de servicios como el GREA o la coordinación y gestión de
Emergencias 112 y 061, estos últimos, "servicios que desde su creación han
venido prestándose mediante empresas acogidas al convenio de Contact
Center", mientras que, ha advertido, "tiene un indudable carácter
público de servicio esencial a la comunidad".
Expone IU
que la propia Junta define este servicio como "grupo de élite, que es
movilizado por la Dirección General de Política Interior a través del sistema
112 Andalucía, que nacía con el objetivo de avanzar en la mejor coordinación y
eficacia ante situaciones de emergencias colectivas y catástrofes,
constituyéndose como un servicio operativo con capacidad técnica suficiente
para la definición de estrategias de planeamiento que faciliten la intervención
coordinada del resto de los servicios operativos de emergencias de
Andalucía".
Según señala
el partido, se da la peculiaridad de que estos trabajadores están contratados a
través de una empresa pública, aunque de ámbito estatal, como es Tragsatec,
aplicándoseles actualmente el XVI Convenio Colectivo Estatal de Ingenierías.
"No se trata, en resumen, tanto de unas verdaderas externalizaciones de servicios
como de la prestación de un servicio público por mano de obra privada", ha
apostillado. Además, agrega que "estas
verdaderas privatizaciones producen precariedad laboral a través de muchos
mecanismos, siendo los más habituales el menoscabar de la estabilidad en el
empleo con el continuo recurso a situaciones de fraude en la contratación, la
jornada de trabajo sin respeto de las normas sobre turnicidad, los salarios
sometidos a las presiones de los expedientes de modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo y la discrecionalidad en la formación".
Con todo, IU defiende que la creación de una única
entidad que gestione las emergencias "permitiría ganar en eficacia y la
eficiencia de estos servicios públicos, a la vez que simplificará la coordinación
de los dispositivos, el control de la gestión y la calidad del servicio".
Estos servicios deberían prestarse desde el ámbito público, y "no mediante
la subcontratación a empresas privadas o sociedades mercantiles", zanja la
formación en la iniciativa
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