La viuda de un obrero muerto en accidente pide justicia
El empresario acusado alega que su función era comercial y que delegó las competencias de seguridad
Antonio
Manuel R. F. falleció en la madrugada del 30 de julio de 2011 en una
nave del polígono de Los Rubiales de Linares. Llevaba apenas cuatro días
trabajando como soldador en el turno de noche, cuando se le cayó encima
una viga de unos 350 kilos de peso que estaba manipulando. Falleció en
el acto. Dejó viuda y dos niñas pequeñas, de 19 meses y 40 días. Casi
cinco años después de aquel accidente laboral mortal, el patrón de
Antonio Manuel fue juzgado ayer por delitos contra los derechos de los
trabajadores y de homicidio por imprudencia.
Desde
el banquillo de los acusados, este empresario madrileño, Antonio Ángel
M. T., tuvo que escuchar a la viuda relatar la dramática situación que
sufre su familia. “Llevábamos once años viviendo juntos. Mi hija pequeña
estaba recién nacida cuando pasó”, comenzó a explicar. A partir de ahí,
las lágrimas apenas la dejaron continuar. Relató que, como no estaban
casados, la Seguridad Social le denegó la pensión de viudedad y que está
atravesando apuros económicos. También habló de sus suegros: “Ninguno
de los dos levanta cabeza”.
La Fiscalía mantiene su petición de condena de dos años de cárcel para el procesado
A
su lado, el empresario acusado torcía la cabeza para desviar la mirada.
Antes, durante su declaración ante la juez del Penal número 1, se
descargó de cualquier responsabilidad en el accidente sufrido por
Antonio Manuel. “Soy el gerente de la empresa. Mi función es
eminentemente comercial, de trato con los clientes. No estoy en el día a
día de los centros de producción. Gestiono y delego”, aclaró. Al
respecto, quiso dejar claro que tenía contratada una empresa externa de
prevención y evaluación de riesgos laborales y un comité de seguridad:
“Ellos eran los que se encargaban de esta materia”, añadió.
La
Fiscalía y la acusación particular —ejercida por la familia del
fallecido— sostienen que el accidente laboral se pudo evitar, ya que se
produjo por la falta de seguridad en la empresa. En concreto, explican
que el procedimiento para voltear la viga no estaba determinado por la
empresa “con instrucciones claras sobre cómo llevarlo a cabo”. Al mismo
tiempo, entienden que el trabajador no recibió la formación necesaria ni
fue informado de los riesgos concretos: “Ni tan siquiera había firmado
el contrato”, recordó el abogado de la familia. El encargado de la
fábrica aseguró que sí dio las instrucciones precisas al obrero
fallecido y que el accidente solo se explica porque volteó la viga “al
revés”. No obstante, el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la
Junta, que declaró como perito, fue muy tajante al asegurar que la
pesada pieza metálica se cayó porque no estaba sujeta: “El método
utilizado no era el correcto para garantizar que no se cayera la viga”,
dijo.
La
Fiscalía mantuvo su petición de dos años de cárcel para Antonio Ángel
M. T. y una indemnización de 245.000 euros. La defensa solicitó la libre
absolución. El caso ya espera sentencia.
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